En esta comunidad de San Ignacio de Velasco se produjo el martes un enfrentamiento que dejó un saldo de dos chiquitanos, uno con la nariz rota y el otro con una herida de machete a la altura del cuello.
La tensión por la tierra confronta dos visiones, por el momento, irreconciliables. El diputado del Movimiento al Socialismo (MAS), Rolando Cuéllar, se sumó al conflicto para exigir al Ministerio Público la «inmediata aprehensión de Domitila Hurtado», a quien acusa de incentivar el avasallamiento de las tierras pertenecientes a Jerusalén III, comunidad que los indígenas chiquitanos reivindican como suya y denuncian al INRA por habérsela dotado a interculturales afines al partido de Gobierno.
Hurtado, cacique chiquitana de la Comunidad Ebenezer, participó en la retención de una oruga contratada por interculturales para desmontar el terreno, luego del enfrentamiento que dejó a dos indígenas con la nariz rota y con una herida de machete a la altura del cuello. Ahora, la cacique chiquitana es la principal acusada por Cuéllar, quien también la vincula con el tráfico de tierras y madera en la región.
La agresión se produjo el martes, cuando los chiquitanos de las comunidades Ebenezer y 16 de Agosto, en compañía del Comité Cívico de San Ignacio, se trasladaron hasta Nueva Jerusalén III para apoyar a los originarios que viven en esa localidad a la que habían ingresado los interculturales con maquinaria para desmontar y abrir brechas.
El subgobernador de la provincia Velasco, Aurelio Vaca El Hage, informó que la comisión, que iba en son de paz, se trenzó a golpes luego de que una cacique fuera abofeteada. Incluso él, que es de profesión médico otorrinolaringólogo, tuvo que reparar la nariz del anciano agredido.
Sobreposicionamiento
El presidente del Comité Cívico de San Ignacio, Dino Franco, respalda el actuar de la comunidad originaria chiquitana de Ebenezar, «un desprendimiento de la comunidad 16 de agosto». Franco asevera que esta comunidad de indígenas chiquitanos, liderada por Hurtado, lleva más de 20 años en el lugar y se dedica al cultivo de maíz.
«Han solicitado al INRA la titulación de las tierras y se la han otorgado a 150 kilómetros de su actual ubicación», denuncia Franco. «Y en su lugar, el INRA firmó una resolución para el asentamiento de Jerusalén III», en favor de interculturales afines al MAS, por lo que estos predios están en litigio.
Los indígenas chiquitanos sienten que están siendo desplazados de sus propios territorios. Ayer le dijeron a EL DEBER que la maquinaria para el desmonte que fue retenida a los interculturales, no será devuelta hasta que el ente agrario resuelva el problema de la sobreposición de tierras.
Aseguraron también que no saldrán de la comundidad Nueva Jerusalén III porque allí viven desde hace más de una década y tienen sus cultivos.
Posición del MAS
El diputado del MAS, Rolando Cuéllar, insiste en la necesidad de que sea el Ministerio Público el que actúe para aprehender a Hurtado a quien sindica como la responsable por «despojar a los pequeños trabajadores campesinos». Según Cuéllar, Jerusalén III está constituida hace 15 años «de manera legal» y se dedica al cultivo de sésamo y maní.
El conflicto entre estas dos comunidades, Jerusalén III y Ebenezer, se debe al sobreposicionamiento de tierras. Esta misma mañana, el director nacional del INRA, Eulogio Núñez, señaló en EL DEBER Radio que resta sanear sólo el 10% de las tierras en Santa Cruz y que este margen se debe a la sobreposición de las comunidades.
A su vez, el presidente del Comité Cívico de San Ignacio, Dino Franco, le dijo a EL DEBER que hay una movilización reciente de interculturales para retomar los terrenos asignados por el INRA después de que esta institución adelantase una revisión de los asentamientos. «Se ve que son chocitas nuevas, con calaminas y palos, no como las casas de barro que existen en Ebenezer», revela el cívico.
Loteamiento en el aeropuerto antiguo
La denuncia del diputado del MAS se extiende también a los cívicos y al exalcalde Moisés Salces, a quienes acusa de permitir y alentar el loteamiento en el antiguo aeropuerto de San Ignacio.
«Están los videos con las promesas electorales del anterior alcalde», argumenta el diputado del MAS. En este caso, el legislador propone que se proceda con la denuncia planteada por Aasana, en su calidad de propietaria del terreno.
Al respecto, el líder cívico de San Ignacio lamenta que Cuéllar «se dedique a mentir para atacar a los cívicos» y sostuvo que la institución que lidera «jamás apoyó un loteamiento».
Eso sí, el cívico reconoce que en el tiempo de campaña varios candidatos ofrecieron las inmediaciones del aeropuerto como promesas electorales. «Se aprovecharon de la situación, de la gente que necesitaba una vivienda y la situación se salió de control», complementa.
Mientras Cuéllar tacha de complicidad a los cívicos, estos recuerdan que han sido los primeros en exigir «en asamblea y por carta» el desalojo de los predios del aeropuerto.
Fuente: El Deber
