Hay desinformación sobre la población ocupada en la producción de soya, la precariedad del empleo y las necesidades para mejorar su calidad de vida.
Es una nublada mañana de verano, la carretera que va de Santa Cruz a Cuatro Cañadas se llena de camiones que transitan libres en la etapa de posconfinamiento. Alrededor, el paisaje tiene un dominante color marrón característico después de la cosecha de invierno y el verde se atisba en las filas de árboles que delimitan el terreno como un gigante tablero de ajedrez, son los rompevientos que no se talaron para proteger a los cultivos de las fuerzas de la naturaleza.
Esta es una zona destacada por la producción de soya para la exportación y la industria de aceites. Indagar sobre la cantidad de empleos que se generan no es tarea fácil. Lo visible es la falta de información que provoca falsas expectativas en el mercado laboral y políticas públicas débiles en la generación de empleo de calidad.
“Se sabe muy poco, está casi todo automatizado y es un rubro que no requiere de mucha mano de obra. En empleos directos, no es elevado, y en los indirectos entran el transporte, los gomeros y mecánicos, las personas que venden comida afuera de las plantas, restaurantes, las empresas que venden semillas, equipos, repuestos, herramientas, empresas que tiene que ver con actividad agropecuaria en general”, advierte el director de Productividad Biosfera Medio Ambiente (Probioma), Miguel Ángel Crespo.
El Instituto Nacional de Estadística (INE), en su Anuario 2019 Digital, registra en el último trimestre del año pasado a 1.976.471 personas ocupadas en agricultura, ganadería, caza, pesca y silvicultura. De ese monto, el 71,48% corresponde a la población de 14 años o más de edad ocupada en esa categoría, cerca de un millón y medio de personas. Comparando con el último trimestre de 2015, ingresaron 202.443 personas en este sector económico. Sin embargo, la cifra de los empleos en el sector soyero no se divulga, a pesar de la solicitud respectiva conforme al decreto supremo vigente de acceso a la información pública.
Un estudio de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas de 2010 detalla que había 14.000 productores de soya, de los cuales 280 eran grandes empresas, 2.800 medianas empresas y 10.920 pequeños productores. Datos de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) ratifica esa cifra en 2019, enfatizando que el 80% son pequeños. Sin embargo, la Cámara Agropecuaria de Pequeños Productores del Oriente registra a unos 45.000 pequeños productores de soya.
“En la CAPPO somos 96.600 productores en Santa Cruz y cerca del 50% se dedica al cultivo de la soya y la otra mitad a hortalizas, otros granos, crían gallinas, producen queso, etc. Es hartísima gente, que se sacrifica para dar seguridad alimentaria”, precisa su presidente, Isidoro Barrientos.
Para Gonzalo Colque, director de la Fundación Tierra, la pregunta central es si realmente este sector emplea tanta gente de manera directa o indirecta como se dice.
“Vemos que las zonas soyeras o agroindustriales, que corresponden a las zonas de expansión (norte y este de Santa Cruz) han absorbido alrededor de 5.000 trabajos o empleos agropecuarios. Otros 6.000 están en zona de colonización (San Julián o Yapacaní) y el resto están en la categoría ‘resto de Santa Cruz’ con 21.000 personas ocupadas. Estos datos están poniendo realmente en duda el argumento central de la narrativa sobre el empleo, que no se pone a debate. Estamos hablando de 5.000 empleos frente a un millón. Reynaldo Díaz, de la CAO, ha dicho que la actividad agropecuaria genera un 32% del empleo directo-indirecto en el país y eso es hablar de millones”, cuestionó el investigador en el panel virtual Situación, perspectivas y desafíos económicos y socioambientales de la agroindustria en Bolivia.
“La desinformación es un problema para la democracia, es una herramienta para influir con mentiras y polarizar a la ciudadanía”, advierten en Maldita.es, un medio español dedicado a verificar información y formó parte del Grupo de Alto Nivel sobre fake news y desinformación nombrado por la Comisión Europea en 2018. En Bolivia, después de los incendios en la Chiquitania en 2019, al menos dos tendencias se observan en las redes sociales: los que destacan el aporte del sector soyero a la economía y quienes consideran que son destructores del medio ambiente. Grandes empresarios y pequeños productores son incluidos en ambos extremos. Debate con varias aristas y una es el empleo.
“Llegué a Cuatro Cañadas cuando las carreteras eran de terraplén, había unas cuántas casas. Empecé a trabajar de jornalero, de guía. Luego comencé a sembrar media hectárea de frejol, después maíz y luego soya. Tenía una casita de maderita y calamina. Vivía solo, luego tuve mis trabajadores y gracias a Dios hasta el momento, seguimos. Nos caímos, nos levantamos por la sequía y los cambios climáticos”, recuerda Isidoro Barrientos. Han pasado más de 30 años desde que dejó su comunidad en el municipio Icla, provincia Jaime Zudáñez de Chuquisaca; hoy es un pequeño productor de soya en Cuatro Cañadas y presidente de la CAPPO.
Sus mejores cosechas las obtuvo en los años 2003 y 2014. “Esos años cosechamos casi cuatro toneladas de soya y llegó a casi 400 dólares la tonelada. Los peores años fueron el 2008, 2016, 2017 y hasta el 2019 venimos perdiendo. Menos mal este invierno 2020 no fue tan malo y nos dejó para respirar de las deudas”, comenta con esperanza.
Agricultores cruceños, migrantes, menonitas, extranjeros, comparten con sus diferencias, parte de esta historia: “No es malo, pero era complicado quitar la maleza y manejar la enfermedad de la roya, por esa razón hemos dejado la soya convencional y apareció la resistente al glifosato. Optamos por la transgénica, abarata los costos de producción, facilita la rotación de cultivos, da mayor cobertura y manejo del suelo y permite tener semilla de ciclo corto para escapar de las enfermedades y de la sequía”, detalla Barrientos.
En abril de 2005, el gobierno de Carlos Mesa emitió la resolución para el uso de Soya RR, aunque un par de años antes ya se hacían pruebas sin permiso gubernamental. 15 años después, el 90% de los cultivos utiliza semilla transgénica.
“Si llueve 30, 40, 80 mililitros hay que esperar a que penetre el suelo. La humedad te aguanta tres días y tienes ese tiempo para sembrar. En 50 hectáreas tienes que acabar en una noche sin parar”, detalla Barrientos.
A los costo de personal, desde operarios hasta choferes e ingenieros se suman otros. El alquiler de una sembradora para una hectárea vale unos 100 dólares. El servicio de fumigación se realiza de cuatro a ocho veces mientras crece la planta y cuando están listas se les aplica secante para acelerar la cosecha. Pero si llueve y no llegó la cosechadora, pierden todo.
En general, no hay registro de contratos, facturas o pago de beneficios. El empleo formal se da en la contratación de los técnicos. “Puede lograr un contrato fijo de 2.000 o 5.000 bolivianos en una campaña (un par de meses). Un ingeniero agrónomo se las está jugando y puede trabajar hasta 18 horas, son trabajos de explotación y autoexplotación, si no ha sido capaz de ganar a la plaga y tener rendimientos es despedido. Monitorean en el día bajo el sol y sigue durante la noche porque es cuando salen los insectos y el nivel de rocío y humedad facilita la fumigación”, detalla Crespo.
Hace más de 40 años, los trabajadores asalariados del campo reclaman su incorporación a los beneficios de la Ley General del Trabajo. Una demanda que durante los gobiernos neoliberales fue sistemáticamente ignorada por gobiernos interesados en favorecer a los sectores agroexportadores y continuó en el de Evo Morales, enfatiza el investigador Enrique Ormachea, en la publicación “Tierras y Producción Agrícola: A 13 años del gobierno del MAS”.
“En agricultura nunca recibimos un aguinaldo. El pequeño productor no tiene seguro social en un hospital, no percibe un sueldo, un seguro de vida, un seguro agrícola”, precisa Barrientos.
“En realidad, el pequeño productor es solo un obrero que pone sus tierras y su mano de obra, si vale el término, pero el que se lleva la parte grande es la empresa. Si él quiere hacerse independiente y vender por su cuenta es muy difícil, para eso está el bróker que agarra cupos de 5.000 a 10.000 toneladas para entregar a las industrias”, explica Crespo.
Cerca del 90% del financiamiento para los pequeños productores no es del sector formal, proviene de las empresas que financian la campaña con el objetivo de recibir el grano. Si obtiene 100 toneladas de soya y el precio está en 270 dólares la tonelada, podría obtener 27.000 dólares, pero le descuentan el valor de la semilla, de los agroquímicos, el alquiler del tractor, y suman descuentos por la calidad del grano.
El ingreso promedio mensual para los ocupados en agricultura, ganadería, caza, pesca y silvicultura, subió a 1.359 bolivianos en el 2019, según el INE. Sin embargo, esta población es la que menos percibe en comparación con otros sectores de la economía.
Varias voces de instituciones nacionales e internacionales impulsan la necesidad de cambiar el modelo extractivista de la soya por un modelo sostenible, agroecológico y responsable. Un sistema que, además de generar empleos de calidad, apunte a la consolidación de empresas formales y sostenibles.
“Tiene que hacerse bajo otro modelo porque el actual es un explotador de mano de obra. Hay normas vigentes, pero no hay voluntad política de hacer los cambios porque es más fácil fomentar y promover el agronegocio y el agroextractivismo. Hay un mercado insatisfecho que pide soya orgánica, hay una demanda internacional de 50 millones de toneladas anuales, nosotros producimos dos millones de toneladas”, revela el director de Productividad Biosfera Medio Ambiente (Probioma), Miguel Ángel Crespo.
“Para que no falte comida, la población necesita estar bien, los jóvenes necesitan nuevos empleos, nuevas creatividades”, plantea Isidoro Barrientos, productor de soya en Cuatro Cañadas y presidente de la Cappo. Y enumera cuatro acciones inmediatas.
Una, los gobiernos nacional y subnacionales deben tomar más en cuenta al pequeño y mediano productor con políticas y normas bien cumplidas. Dos, el productor tiene que aprender a convivir con los cambios climáticos y ser más coherente con el manejo del medio ambiente para evitar sufrimientos. Tres, se necesitan créditos accesibles que apalanquen y no aprieten. Cuatro, sin importar el color político los privados y públicos tienen que sentarse a definir las necesidades del sector soyero y el uso de biotecnología adecuada. El impacto de los monocultivos, la tenencia de la tierra y la ampliación de la frontera agrícola, también son parte del debate.
El cultivo de la soya en Bolivia se inició en 1960 con la llegada de colonias extranjeras a Santa Cruz. El azadón era clave para eliminar las malezas. “Por ejemplo, para 50 hectáreas tenía que conseguir 100 personas por 10 días y se les pagaba 30 o 40 bolivianos por día, se les daba la comida y las herramientas. Los años pasan y la ciencia y la tecnología también van mejorando, vamos a la mecanización, se va ampliando la frontera agrícola y ahora la gente ya no quiere trabajar como antes, quieren todo lo facilito y rápido. Ya no hay sacrificio”, señala el pequeño productor Isidoro Barrientos.
Hasta el 2004, las mujeres trabajaban haciendo el deshierbe. En la actualidad se necesita una sembradora, con dos personas como máximo. En el fumigado otro par o sólo la persona que maneja la avioneta. Para recoger el grano está la máquina cosechadora y el camión donde se deposita el grano, máximo tres personas.
Hay trabajo para el chofer y su ayudante y los ingenieros agrónomos. En los silos hay un sistema computarizado para registrar el peso del camión y poco personal que hace el análisis del nivel de humedad y calidad de la soya para pagar al productor. Existen unas 30 empresas ligadas a la actividad soyera, la cantidad de empleo en las industrias y en la exportación aún no se divulga.
Fuente: Página Siete
