La Asamblea por los Bosques y la Vida expresó su posición respecto a las reacciones de diversos sectores del agro que apoyan el uso de la biotecnología en Bolivia. Anunciaron una nueva reunión para acordar las medidas a tomar sobre el particular y organizarse de cara a la audiencia que tratará el tema.
Este grupo incluye representantes indígenas, más diversos activistas, profesionales y representantes de instituciones defensoras de la ecología y han presentado una acción popular con la intención de eliminar los Decretos Supremos que autorizan al Comité Nacional de Bioseguridad, establecer procedimientos abreviados para la evaluación de eventos biotecnológicos para el maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya.
Pablo Solón, presidente de la Asamblea por los Bosques y la Vida, aseguró que “en Bolivia no se da atención a las leyes más importantes ni a los decretos más urgentes, pese a que la organización indígena chiquitana ya habían presentado proyectos de ley y de decretos para abrogar las normas incendiarias ya en el mes de febrero”.
Y reclamó que lo contrario ocurre con las solicitudes de los productores para viabilizar el uso de los transgénicos. Las organizaciones del agronegocio, dijo, se están aprovechando de la pandemia para abreviar estos procesos con la complicidad del gobierno transitorio.
Asimismo, convocó a la cuarta Asamblea por los Bosques y la Vida para este sábado a las 16:00 horas para discutir las medidas a tomar sobre el particular y organizarse para que la audiencia pública a realizarse el próximo 4 de septiembre sea abierta a la población y no se vea influenciada por los intereses de los productores.
Respuesta a Anapo
El economista ambiental, Stasiek Czaplicki, respondió al cuestionamiento de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), sobre su demanda. Mencionó que ante la afirmación de que defenderían su derecho a utilizar semillas genéticamente modificadas para estos cultivos, lo cual, dijo, es una aberración puesto que los únicos derechos que existen y que deben ser respetados son los plasmados en la Constitución Política del Estado y en otros acuerdos internacionales ratificados por el país, donde se prohíben estas tecnologías.
Según su posición, el agronegocio boliviano no puede subsistir si no es con los subsidios y apoyos del sector público y el uso de transgénicos no podrá cambiar esta realidad, ya que es un sector económico que, aparte de ser poco rentable, es causante de ecocidios, depredación ambiental, pérdida de biodiversidad, desplazamiento de otras actividades agropecuarias y afectación a pueblos indígenas.
“Ellos hablan de un modelo exitoso, lo cual es muy cuestionable. No se va a dar lo que ellos están esperando y la promesa económica que nos están planteando porque un tercio del país está dedicado a la producción de comodities agrícolas como la soya y otros, y sin embargo, hay menos de 14.000 productores soyeros en el país, pese a que la mitad de la población del se encuentra en el campo”, dijo.
Respecto al dato de Anapo de que solo la soya representa cerca de 1.000 millones de dólares anuales en exportaciones, Czaplicki cuestionó que “muy poco” de ello es utilidad y va a aportes tributarios, pese a que el Estado los sigue apoyando, subsidiando el diésel e invirtiendo sumas cuantiosas, citando la planta de urea de Bulo Bulo.
Según dijo, el único estudio sobre el que los soyeros respaldan su posición es una que ellos mismos financiaron a un economista que representa los intereses de las importadoras de los transgénicos en el país. En lugar de hablar de promesas que digan cuánto han ganado estos últimos diez años, dijo citando como ejemplo el caso de Gravetal, declarada en quiebra por una supuesta falta de utilidades.
“El hecho de que el daño ambiental sea a nivel nacional y que implique apoyo estatal como el plan de rehabilitación agropecuario que se está planteando el día de hoy, es algo que nos incumbe a todo el país y que incumbe al futuro de todos”, aseveró agregando que se plantea el uso de transgénicos para paliar efectos climáticos adversos que se generan por la deforestación que genera la expansión agropecuaria para sembrar transgénicos, lo cual es absurdo e insostenible.
Otras reacciones
El cacique chiquitano, Carlos Alberto Urquiza, mencionó la necesidad de buscar un mecanismo para solucionar el tema de los incendios que año tras año afecta a esa región. Lo mismo, especuló en el posible daño que causarían a su hábitat los cultivos transgénicos y su dependencia de los agroquímicos.
Mientras, Germinda Casupa, representante de la Organización de Mujeres Chiquitanas, solicitó se escuche el pedido de prohibir el ingreso de los organismos genéticamente modificados, solicitando que se les apoye con una tecnología natural y no así con los transgénicos, cuyo uso, dijo, sería económicamente inviable para ellos.
Fuente: Publiagro
