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El viceministro de Tierras, Gustavo Terrazas, lamentó el viernes que la Fiscalía de La Paz, impida que se presenten demandas de irregularidades que cometieron altas autoridades y exfuncionarios de la gestión del Movimiento Al Socialismo.
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Terrazas, hizo esas declaraciones ante el impedimento que se tiene actualmente de presentar tres demandas de hechos de corrupción que se cometieron en el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) porque el Ministerio Público se niega a recibirlas.
“La Fiscalía a través de un comunicado no está admitiendo ningún tipo de denuncias por delitos, es decir se está convirtiendo prácticamente en cómplice de todos estos delincuentes que anteriormente han cometido delitos”, afirmó la autoridad en una conferencia de prensa dictada en La Paz.
Remarcó que ante ese impedimento ya se ha presentado una demanda ante el Ministerio de Justicia y Transparencia contra el exdirector del INRA, Roberto Polo Hurtado, por el delito de Incumplimiento de Deberes y contra el exdirector General de Administración de Tierras, Mauricio Javier Rojas Orellana, por los delitos de Beneficios en Razón del Cargo y Uso Indebido de Influencias.
“El señor Rojas anteriormente era abogado libre y en esa condición fue apoderado legal (de la Colonia Menonita Neuland) y no renunció al poder que le fue conferido a su favor y dentro de un proceso en el cual actuó con poder lanzó la resolución Administrativa DGAT-RES No. 13/2020 de 12 de febrero de 2020, disponiendo dejar sin efecto la Resolución Administrativa de Autorización de Asentamiento 228/2018, es decir, que en el proceso en el que él había apelado y había presentado un recurso con esa resolución actuó a favor de sus clientes”, detalló el Viceministro de Tierras.
Precisó que las dos denuncias que se tienen en puertas para ser presentadas ante la fiscalía, son contra exfuncionarios del INRA que borraron y sustrajeron imágenes de la base de datos que controlan el movimiento de personas en las instalaciones de la institución agraria y la otra, por cobros indebidos de papeletas de pago, delito que fue cometido, precisó, en complicidad con un cajero del Banco Unión.
Por su parte el viceministro de Desarrollo Rural, Gustavo Urresti, enfatizó que la actual gestión de Gobierno no busca realizar una “cacería de brujas” como justifican algunas exautoridades, por el contrario, dijo, tiene la misión de transparentar y devolver la credibilidad de sus instituciones al pueblo boliviano.
“Estamos comprometidos con el pueblo boliviano para desarrollar un trabajo serio que le devuelva la credibilidad a las instituciones públicas, que el boliviano sienta que sus instituciones están a su servicio”, complementó.
Fuente: MDRyT
