De ese total, cinco millones corresponderían a áreas protegidas. La proyección surge de dos informes que analizan el ritmo de la deforestación, desde 1986 hasta 2019.

«Los departamentos son Santa Cruz en las provincias Ichilo, Sara, Santiestevan, Warnes, A. Ibañez, Guarayos, Ñuflo de Chávez Velasco, Chiquitos, Sandoval, Busch y Cordillera; además de Yacuma, Vaca Diez, Mamoré, Moxos, Marbán, Cercado e Itenez del Beni», explica la alerta naranja emita por el Senamhi.

Ese comunicado señala que estas temperaturas se mantendrán hasta este viernes.a

“Las quemas solo son la punta del iceberg”, dice Oswaldo Maillard, analista espacial y satelital del Observatorio Bosque Seco Chiquitano, acerca de la coyuntura de incendios y otros problemas medioambientales en el departamento cruceño, que en esta época cobran mayor protagonismo.

Maillard elogia la medida de la pausa en la autorización y ejecución de quemas, emitida por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), pero dice que el problema es más profundo que eso.

A las constantes noticias de quemas e incendios se suman dos informes poco alentadores del Observatorio del Bosque Seco Chiquitano (OBSC), que se enfocan únicamente en la deforestación, sin entrar en el tema del fuego.

El primer estudio aborda la pérdida de cobertura natural en el departamento de Santa Cruz, y el segundo aterriza específicamente en los daños en las áreas protegidas (AP).

“Las quemas solo son la punta del iceberg”, dice Oswaldo Maillard, analista espacial y satelital del Observatorio Bosque Seco Chiquitano, acerca de la coyuntura de incendios y otros problemas medioambientales en el departamento cruceño, que en esta época cobran mayor protagonismo.

Maillard elogia la medida de la pausa en la autorización y ejecución de quemas, emitida por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), pero dice que el problema es más profundo que eso.

A las constantes noticias de quemas e incendios se suman dos informes poco alentadores del Observatorio del Bosque Seco Chiquitano (OBSC), que se enfocan únicamente en la deforestación, sin entrar en el tema del fuego.

El primer estudio aborda la pérdida de cobertura natural en el departamento de Santa Cruz, y el segundo aterriza específicamente en los daños en las áreas protegidas (AP).

“En conclusión, los dos informes dicen que si continúan las tendencias actuales de deforestación, en 30 años Santa Cruz perderá 12 millones de hectáreas de cobertura natural, de las cuales cinco millones se encuentran en áreas protegidas. Dicho de otra manera, el departamento puede perder en las tres décadas siguientes una extensión equivalente a Corea del Norte, con impacto en el incremento de las temperaturas, sequías y fuego”, explicó Huáscar Azurduy, responsable de Estudios del Bosque Seco Tropical, de la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC).

Los estudios toman como punto de partida el año 1986, del que rescataron imágenes satelitales en mejor calidad, y finalizan en 2019, gestión que quedó en la memoria colectiva por la catástrofe en la Chiquitania, que si bien detonó por los incendios, ya venía arrastrándose desde antes.

“Hicimos las proyecciones hasta el año 2050, no en base a algo subjetivo, sino a evidencias de las tendencias actuales”, dijo Maillard, que mapeó la deforestación de 1986, de 2010, luego 2018, también 2019, y finalmente en 2050.

Datos puntuales

De acuerdo a los estudios, entre 1986 y 2019, las áreas modificadas por acción humana (antrópicas) se incrementaron de un millón de hectáreas a 6,2 millones.

“De continuar esta tendencia, la proyección indica que el incremento de áreas modificadas por el hombre llegará a 20,4 millones de hectáreas el año 2050, lo que implica poco más de 14 millones de ha. de incremento. Sobre el bosque, en 1986 Santa Cruz tenía una extensión de 29,8 millones de hectáreas; a 2019, se ha reducido a 25,1 millones, lo que significa que cerca de cinco millones de ha. fueron deforestadas en ese periodo de tiempo. Si esta tendencia se mantiene, se espera que en 2050 la extensión boscosa se reduzca a 12,8 millones de hectáreas”, augura el informe departamental, el más general de los dos.

Hasta el año pasado los cinco municipios con mayor deforestación eran Pailón, San Ignacio de Velasco, San Julián, Charagua y Cuatro Cañadas, en ese orden, mientras que los últimos de la lista eran los de los valles cruceños.

“Pailón es área agrícola de producción de oleaginosas, hay las colonias menonitas grandes; San Julián tiene una historia como la de Cuatro Cañadas, más de colonos que se dedicaron a la soya; San Ignacio es tierra de ganadería. Nuestros gráficos de municipios y hectáreas no solo muestran deforestación, también hubo pampas que se convirtieron en zonas ganaderas”, explicó Maillard.

Los mapas del Observatorio Bosque Chiquitano muestran la incidencia de las actividades humanas en las áreas. Queda claro que en 1986 el énfasis estaba en el Norte Integrado, “se concentraba en lo que es la llanura entre los ríos Grande y Piraí, se ven unas manchitas además por la zona de San Julián”, dice Maillard.

Con los años, el impacto de las labores productivas se extendió a la Chiquitania. “Sabemos que las personas necesitan cultivar y tener ganado, el problema está en la forma en que se lo hace. Uno ve en el mapa y ve gente que desmontó hasta el mismo borde del río y hay normas que dicen que deben mantenerse ciertas distancias, las consecuencias son que los ríos se secan, etc. Al final las mismas personas que ocasionan el daño son las que sufren con las sequías y la desertificación de los suelos”, dijo.

Si bien la institución recién tendrá listo en noviembre el informe que contrasta el Plan de Uso de Suelo (PLUS) con las actividades actuales, ya tiene datos adelantados de sitios que son de vocación forestal, donde sin embargo se otorgaron tierras para trabajo agrícola y ganadero.
Maillard reconoció que es más sencillo detectar -con satélites-los focos de quemas y los incendios, que la deforestación.

“Los satélites que detectan focos de quema pasan todos los días y son varios, reconocen la emisión termal que hay en la Tierra. En cambio, detectar deforestación es un proceso diferente; esos satélites pasan cada dos semanas o cinco días, captan imágenes cubiertas por nubes, no es un proceso tan rápido como el otro.

Si tenemos interés en ver ciertos sitios, como la tala ilegal, tenemos que tipificar esas áreas a analizar, y es recién cuando encontramos caminos de extracción de madera y hasta pistas de aterrizaje, que casi ni se notan. Y para saber si es ilegal o no, hay que cruzar datos con ABT, que otorga los permisos para desmonte”, explicó Maillard.

Para Víctor Hugo Añez, director ejecutivo de la ABT, probablemente la proyección de estos estudios es acertada, tomando en cuenta que tiene criterios técnicos, pero cree que se tiene que hacer un análisis profundo, “basándonos en el Plan de Uso de Suelo (PLUS) vigente, contrastando con un reporte satelital de los años analizados y proyectados. Evidentemente en los últimos años, las políticas de distribución y uso de la tierra del anterior gobierno, han incrementado estos índices. Esperamos que estas medidas sean actualizadas con el gobierno que en el futuro le toque asumir, para realizar un manejo sostenible de nuestros recursos, que no impacten en los bosques.

Áreas protegidas

El segundo informe del Observatorio Bosque Chiquitano indica que, hasta el año 2019, la superficie del área antrópica (modificada por acción humana) dentro de áreas protegidas era de 223,4 mil hectáreas, y que de continuar esta tendencia, se estima un incremento que llegaría a los 6,5 millones de hectáreas antrópicas en 2050.

En cuanto a la cobertura boscosa, en total estas áreas actualmente conservan una superficie de 11,7 millones de ha., que hasta 2050 podrían reducirse a 6,3 millones, de continuar las tendencias de cambio.

En agosto, el Observatorio publicó un artículo científico donde muestra una relación estrecha entre la deforestación o fragmentación de los bosques, las sequías meteorológicas y los incendios forestales de 2019.

El artículo analiza la sequía meteorológica de 1980 a 2019, con datos de las estaciones meteorológicas de Santa Cruz. “La tendencia de la severidad y la magnitud de la sequía será aún mayor en el futuro. La falta de agua será cada vez más recurrente y, si hay sequía, hay mayor probabilidad de los eventos de incendios grandes”, insistió Maillard.
Sobre el Plan de Restauración del Gobierno Autónomo Departamental, Maillard dice que es muy bueno, ya que muestra las áreas prioritarias y tiene una lista de acciones, pero lamenta que su implementación tome tiempo.
“Con la pandemia, hay muy pocos recursos, porque el plan es para buscar fondos que permitan hacer esa restauración, y por ahora los fondos de gobiernos extranjeros y cooperaciones internacionales son muy limitados”, opinó Maillard.

La secretaria de Medio Ambiente de la Gobernación, Cinthia Asin, señala que las proyecciones generan posibles escenarios y tendencias en función de los datos observados. “Son escenarios extremos que sin duda alguna deben ser tomadas muy en cuenta en el diseño y aplicación de políticas públicas, en los tres niveles de gobierno, si queremos que esto no ocurra”.

Manifiesta que es importante el identificar áreas claves que de acuerdo con estos escenarios podrían estar en riesgo, para generar estrategias, como las buenas prácticas productivas, producción agroforestal, manejo del bosque, entre otras. También es importante asegurar que los instrumentos de planificación de uso de la tierra, incorporen el buen manejo de la conectividad de los ecosistemas y la conectividad hídrica, así como la gestión del riesgo, la restauración y la adaptación y resiliencia al cambio climático. Pero también fortalecer gestión de las Áreas Protegidas, sean nacionales, departamentales y municipales y su conectividad.

Explica que el plan de restauración fue aprobado por el Consejo Nacional de reducción de Riesgos y atención de Desastres (Conarade) y presentado a la opinión publica la primera semana de agosto y se esperaba su implementación inmediata, pero precisamente los impactos financieros de la pandemia y la emergencia por los incendios, no lo han permitido.

Asin considera que el plan debe ser enriquecido, complementado y mejorado en función de nuevos datos que se vayan obteniendo.

El director de la ABT coincide que este plan tiene buena proyección ambiental, dado que el documento fue elaborado en base a la Ley 181, otras normativas y criterios técnicos, pero se deberán sumar esfuerzos y gestionar recursos a través de organismos internacionales para ejecutarlo.

Fuente: El Deber