miércoles, junio 18, 2025
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Comité Cívico vuelve a invitar al INRA para que explique el avasallamiento de tierras

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El dirigente cruceño Fernando Larache, informó que amparándose en el artículo 21 de la Constitución y la Ley 341 están facultados para solicitar la presencia del director del INRA este viernes a los fines de que explique sobre los avasallamientos de tierras en varios municipios del departamento.

El Comité Cívico de Santa Cruz y los Comités Provinciales formularon una nueva invitación al director del INRA, Adalberto Rojas Arteaga, para una reunión este viernes 14 de los corrientes con la finalidad de que suministre información en torno a los avasallamientos y las tierras del departamento que se han producido en varios municipios cruceños.

«Hemos tomado la determinación de tomar las instancias del diálogo cordial, por cuanto queremos tener información de primera mano del director del INRA sobre cómo se llevan adelante los procesos de dotación de tierras dentro del departamento», sostiene Fernando Larache, primer vicepresidente del Comité Cívico de Santa Cruz.

Esperan los representantes del Comité Cívico que el director se haga presente en esta reunión informativa luego de no asistir a una primera invitación. Es factible que en caso de volver a quedar plantados se tome alguna acción, según lo refiere el dirigente en una nota de prensa transmitida en una emisora local.

«Se venció la primera fecha ofrecida al director del INRA para que pueda visitarnos o informarnos y la segunda fecha está marcada para este viernes. Esperamos que tenga la gentileza de asistir. Hasta el momento no hemos recibido ninguna llamada o comunicación con su persona», sostiene el cívico.

Considera que las declaraciones de emergencia que han recibido desde los municipios de San Ignacio, Roboré, Concepción y San Javier se encuentran vigentes y al respecto indicó que desde esas regiones denuncian problemas de avasallamientos y dotaciones de tierras para usos que no corresponden en esos lugares.

De igual forma, manifestó que en las próximas horas se van a pronunciar los habitantes de otros municipios de la Chiquitanía. No descarta ni ofrece alguna medida de presión ante la inasistencia o la ignorancia que ha manifestado el director del INRA hacia el Comité Cívico.

«Amparados en la normativa legal vigente hemos formulado esta convocatoria o invitación a las autoridades no solo del INRA sino cualquier otra instancia con la finalidad de que pueda informarnos sobre las acciones del Gobierno», recalcó el dirigente.

Entienden que como cívicos reclaman lo que establece el artículo 21 de la Constitución Política del Estado y la Ley 341 que los faculta para solicitar la información ante las instancias públicas sobre el caso de las tierras.

Desean, igualmente, conocer cómo se está manejando el procedimiento de entrega de tierras en Santa Cruz. A tales efectos esperan que la máxima autoridad del Instituto Nacional de Tierras de Santa Cruz asista a esta importante reunión.

El artículo 21 de la Constitución señala lo siguiente:

Las bolivianas y los bolivianos tienen los siguientes derechos:

1. A la autoidentificación cultural.

2. A la privacidad, intimidad, honra, honor, propia imagen y dignidad.

3. A la libertad de pensamiento, espiritualidad, religión y culto, expresados en forma individual o colectiva, tanto en público como en privado, con fines lícitos.

4. A la libertad de reunión y asociación, en forma pública y privada, con fines lícitos.

5. A expresar y difundir libremente pensamientos u opiniones por cualquier medio de comunicación, de forma oral, escrita o visual, individual o colectiva.

6. A acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarse libremente, de manera individual o colectiva.

7. A la libertad de residencia, permanencia y circulación en todo el territorio boliviano, que incluye la salida e ingreso del país.

Por su parte la Ley 341 a la cual hacen referencia los cívicos para solicitar la reunión a la autoridad del INRA establece los siguientes aspectos:

Ley 341.- La ley tiene como eje central la participación social en la gestión pública (incluidos los asuntos ambientales en Bolivia. La ley establece el marco general de la participación y control social definiendo los fines, principios, atribuciones, derechos, obligaciones y formas de su ejercicio.

Cita
«Hemos tomado la determinación de tomar las instancias del diálogo cordial, por cuanto queremos tener información de primera mano del director del INRA sobre cómo se llevan adelante los procesos de dotación de tierras dentro del departamento». Fernando Larache, primer vicepresidente del Comité Cívico.

Fuente: Publiagro

Organizaciones medioambientales del país rechazan proyecto de ley de los transgénicos

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En un extenso pronunciamiento señalan que transgénicos «está redactado a medida del agroextractivismo, está en contradicción con la normativa vigente y va en contra de la vida, la salud, la alimentación de los bolivianos.

El proyecto de Ley a favor de los transgénicos «está redactado a medida del agroextractivismo, está en contradicción con la normativa vigente y va en contra de la vida, la salud, la alimentación de los bolivianos y la biodiversidad», sostienen los representantes de catorce diferentes organizaciones ambientales del país.

En un extenso boletín llegado a nuestra mesa de redacción se señala además que el proyecto de Ley afecta la biodiversidad que es la base del desarrollo nacional.

Los firmantes apuestan por la vida y exigen la aplicación del principio precautorio en todo lo que tenga que ver con los alimentos de la población.

El texto del pronunciamiento es el siguiente:

El actual gobierno maneja un doble discurso sobre los transgénicos y la seguridad y soberanía alimentaria. Ante la comunidad internacional muestra una imagen de defensa de la madre tierra y la soberanía de los pueblos, pero al momento de actuar su accionar es contradictorio y confuso.

En el mes de abril abrogó decretos que iban en pro de los transgénicos, acción que más de uno reconoció como acertada, sin embargo, días después se hace público un proyecto de ley a favor de los transgénicos. En este sentido, alzamos la voz de alerta y denunciamos esta acción que va en contra de los bolivianos.

El proyecto a tratar en el Art. 1º: Objeto de la ley, menciona que se quiere:
«…establecer el marco general, condiciones y mecanismos para lograr un nivel adecuado y eficiente de protección de la salud humana, sistemas de vida de la Madre Tierra, la diversidad biológica y la sanidad animal y vegetal…” para ello se quiere crear instancias institucionales de control “respecto a los posibles efectos adversos que pudiera ocasionar la realización de actividades con organismos genéticamente modificados que sean productos de la biotecnología moderna».

La mención de los posibles efectos adversos refleja la incertidumbre que existe sobre las actividades con los OGM y cuando existe incertidumbre, se establece el principio de precaución que se debe concretar en una moratoria (como lo tiene el Perú, por ejemplo). ¿Entonces por qué se pretende aprobar una Ley sobre la base de incertidumbres?

El gobierno sabe que los transgénicos ponen en riesgo la salud de la población, pues vienen asociados con el uso de agrotóxicos (como es el glifosato, el glufosinato de amonio, etc.), sabe que no mejoran la productividad de las semillas, ni mucho menos protege a la madre tierra ni la diversidad biológica, también conoce que permanentemente entran semillas de contrabando y pese a todo ello elabora este proyecto de Ley. El gobierno con esta medida construirá toda una institucionalidad burocrática para intentar controlar la introducción de transgénicos, cuando se sabe que actualmente el Estado no puede garantizar de manera eficiente la inocuidad de los alimentos en el país.

En Bolivia, tenemos evidencias de los efectos adversos con 17 años de soya transgénica que no mejoró el rendimiento de este cultivo y ha ocasionado: desertificación de los suelos, incremento del uso de agroquímicos en un 300%, ampliación de la frontera agrícola, ha promovido los chaqueos e incendios en la Chiquitanía el 2019 y el 2020, ha ocasionado el deterioro de la seguridad y soberanía alimentaria en el país. Además, de afectar la cantidad y calidad del agua en la región.

El gobierno abroga los decretos y los cambia por una ley que entra en contradicción con: la CPE, la Ley N° 300 de la Madre Tierra, la Ley N° 144 de Revolución Productiva, la Ley N° 3525 de fomento a la agricultura ecológica.

¿Para qué? Para abrir definitivamente las puertas a una tecnología obsoleta que pone en riesgo la salud pública, para beneficiar a un conglomerado de empresas transnacionales que pretende tener el total monopolio de las semillas (base de la vida misma).

Está claro que el gobierno de Luis Arce se mantiene subordinado al agroextractivismo y una prueba de ello es la visita de los representantes del agronegocio al presidente del MAS Evo Morales en la sede de los cocaleros en el Chapare, donde la agenda de la reunión fue sobre los transgénicos.

El mencionado proyecto es una mezcla de contradicciones porque pretende justificarse en el Convenio sobre Diversidad Biológica y el Protocolo de Cartagena cuyos contenidos apuntan a que los gobiernos que han suscrito los mismos y que tienen carácter vinculante, generen las condiciones para la conservación de la biodiversidad, los procesos de consulta pública, las moratorias, el principio precautorio, etc. Pero con la introducción de transgénicos mediante este proyecto de ley, se desconoce los compromisos que el Estado boliviano adquirió al suscribirse a dichos convenios.

Por todo ello, no tiene sentido pretender definir un marco institucional para regular todos los procesos de introducción, manipulación, producción, transporte, liberación, etc. de algo de lo que se tiene evidencia que es adverso para la salud pública, no mejora la productividad y contamina aguas y suelo porque viene asociado a un, cada vez mayor, uso de agrotóxicos.

Cita
«Está claro que el gobierno de Luis Arce se mantiene subordinado al agroextractivismo y una prueba de ello es la visita de los representantes del agronegocio al presidente del MAS Evo Morales en la sede de los cocaleros en el Chapare, donde la agenda de la reunión fue sobre los transgénicos».

Fuente: Publiagro

Gobernación de Santa Cruz rechazó la explotación minera del río Piraí

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Alejandra Sandoval, secretaria de medioambiente de la referida Gobernación, señaló que permitir la explotación de plomo y zinc sería perjudicial para ese afluente fluvial.

La gobernación del departamento de Santa Cruz rechazó la entrega de licencias ambientales para la explotación de zinc y plomo del río Piraí.

La secretaría de medioambiente expresó que la extracción de estos minerales podrían dañar los valores acuíferos del afluente fluvial.

Luego de conocerse que una empresa había conseguido de la Autoridad Jurisdiccional Administración Minera (Ajam) la autorización para realizar la explotación de yacimientos de plomo y zinc existentes en el municipio de Porongo, en un área de extracción que está en 136 hectáreas fue rechazada por considerar que afectaría los ríos Moreno y La Miel que forman parte de la cuenca del río Piraí.

Ante esta situación la secretaría de medioambiente de la Gobernación de Santa Cruz, Alejandra Sandoval, rechazó de plano la posibilidad de explotar la referida zona fluvial

«Realizamos una vista a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (Ajam) para tener una reunión con el director de esa dependencia y para poder averiguar qué información manejaban y no tenían nada», señaló.

Explicó que sí se presentó una solicitud de un contrato minero, pero lo habían rechazado y además les informaron que la próxima semana la Gaceta Minera sacará una resolución de rechazo e informarán el por qué fue que se tomó esa medida.

«Lo importante es que está prohibido ya que al realizarla se produciría una recarga acuífera», recalcó la funcionaria.

Expresó que la Gobernación no entregará ninguna licencia ambiental para estas acciones que dañan los acuíferos de Santa Cruz.

Cita
«Realizamos una vista a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (Ajam) para tener una reunión con el director de esa dependencia y para poder averiguar qué información manejaban y no tenían nada». Alejandra Sandóval, secretaria de medioambiente de la Gobernación de Santa Cruz.

Fuente: Publiagro

Impulsarán foro agroalimentario para orientar políticas públicas

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Mediante un memorándum de entendimiento entre el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) impulsarán un foro agroalimentario para orientar las políticas públicas y atraer inversión en el sector.

El acuerdo busca promover los análisis para orientar de manera precisa políticas públicas, señaló Luciana Mermet, representante Residente del PNUD en Bolivia a tiempo de anunciar que la próxima semana se brindará información sobre oportunidades de inversión en 14 sectores agroalimentarios.

Se ha estudiado cadenas productivas en toda la geografía nacional, apuntó e indicó que buscan mostrar la vocación productiva no atendida, y que se puede maximizar y aumentar ingresos para el país, mediante el incremento de las exportaciones.

Dejó en claro que la reactivación económica pasa por el sector agroalimentario, pero no de cualquier manera, sino se deberá tomar en cuenta los criterios de impacto (ambiental) para promover un desarrollo sostenible.

Ambas entidades firmaron un Memorando de Entendimiento para encarar de manera cooperativa trabajos conjuntos que apuntalen el desarrollo sostenible del país, alineados a la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

La firma del Memorando estuvo a cargo de Luciana Mermet, representante Residente del PNUD en Bolivia y, Demetrio Soruco Henicke, presidente del IBCE, en el marco de una Conferencia de Prensa que ofrecieron en las Oficinas del IBCE en la ciudad de La Paz.

Una primera actividad conjunta a realizar al amparo del Memorando de Entendimiento será el Foro Virtual “Mapeo de Oportunidades de Inversión Privada en el Sector Agroalimentario para el logro de los ODS”, a realizarse el jueves 20 de mayo, por la tarde.

Mermet explicó que “para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se requieren alianzas estratégicas entre el sector público y el privado. Hoy más que nunca esto es una necesidad debido al contexto global de recesión económica que vivimos por los impactos negativos del covid-19, que golpean en mayor medida al empleo que generan las micro, pequeñas y medianas empresas y en particular al empleo e ingresos de mujeres en situación de vulnerabilidad”.

Por su parte, el presidente del IBCE, Demetrio Soruco Henicke, sostuvo que la entidad que dirige está fuertemente comprometido con el desarrollo nacional: soñamos con una Bolivia digna, productiva, exportadora y soberana.

Soruco dijo que la crisis de salud, económica y financiera afectó a los indicadores macroeconómicos, en especial al crecimiento, y las cifras negativas de la pasada gestión muestran el panorama adversó de la economía.

Recordó que las estimaciones de crecimiento están entre 4 % a 5 %, pero no es suficiente, y por ello necesitamos una terapia de shock para reactivar la producción en Bolivia y recuperar los niveles de empleo, y generar empleos dignos sostenibles y sin discriminación.

Desde el IBCE creemos que la salida es la agroexportación de productos agrícolas, pecuarios y forestales y, para ello, se requiere políticas que incentiven esta dinámica selectiva para crecer por encima del 7 %.

Fuente: El Diario

El sector industrial oleaginoso exhorta al diálogo para la solución del conflicto entre el sector transporte y el ferrocarril

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El sector industrial oleaginoso lamenta que el conflicto suscitado ponga en riesgo el abastecimiento del mercado interno y las exportaciones bolivianas, en un momento tan delicado, en el cual todos los sectores debemos impulsar la reactivación económica del país.

La Cámara Nacional de Industrias Oleaginosas de Bolivia (CANIOB), a través de su Presidente Jorge Amantegui, hizo conocer que el sector se está viendo afectado por el conflicto entre el transporte por camiones y el ferrocarril, el cual se da justo en un momento muy delicado del ciclo productivo, como es la cosecha del grano de soya.

Amantegui agregó que “las medidas de hecho como el paro y bloqueos no perjudican solamente la operación del ferrocarril, sino que están interrumpiendo las actividades normales de las industrias oleaginosas y de otras empresas, que son totalmente ajenas a la problemática que se ha generado”.

El Ejecutivo de CANIOB lamentó lo que está sucediendo y exhortó a las autoridades a emprender un diálogo inmediato con las partes involucradas, a fin de que puedan llegar a acuerdos que posibiliten el levantamiento de las medidas de presión. “Es importante encontrar consensos que favorezcan a todos, porque el objetivo común es la reactivación económica del país”, indicó.

Finalmente, expresó el deseo de que se solucione el problema lo antes posible, dado que ambos sectores en conflicto son esenciales en la cadena productiva oleaginosa.

Fuente: CANIOB

Azucarera San Buenaventura prevé producir 356.448 quintales con la zafra de este año

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La Empresa Azucarera San Buenaventura (Easba), cuya planta está instalada en el norte del departamento de La Paz, prevé producir este año un total de 356.448 quintales (qq) de azúcar, volumen mayor respecto a la gestión 2020.

«Para la gestión 2021, la producción estimada de azúcar en la Planta Agroindustrial de San Buenaventura será de 356.448 quintales, dependiendo de la cantidad de caña que se logre obtener», publicó Easba en cuenta en Facebook.

De acuerdo con datos del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural (MDPyEP), en 2020 esta industria estatal obtuvo alrededor de 320.000 quintales de azúcar y 1 millón de litros de alcohol de alta calidad.

En 2019, Easba produjo 302.000 quintales de azúcar, 1,5 millones de litros de alcohol y 250 toneladas de bagazo hidrolizado. El primero fue destinado al mercado nacional, el segundo fue exportado a Perú y Paraguay, y el tercero benefició a ganaderos de San Borja y San Buenaventura, según una nota de la empresa.

En la Audiencia de Rendición Pública de Cuentas Inicial 2021 de Easba —que se realizó la semana pasada en la región de San Buenaventura—, el gerente general de la compañía, Boris Alcaráz, señaló que la zafra de esta gestión será exitosa y coadyuvará a la economía boliviana.

“Vamos a garantizar la producción de azúcar y otros productos para el beneficio de las comunidades que están cerca de la planta y de todas y todos los bolivianos”, agregó el gerente de la estatal.

Según la Gerencia Industrial de Easba, la maquinaria utilizada en la gestión del gobierno de facto de Jeanine Áñez, reporta un «notorio» deterioro. Para solucionar esta situación, se contratará personal para que realice en mantenimiento y la evaluación técnica.

Fuente: ABI

Exportación de derivados de soya se estanca en $us 900 millones

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La Cámara Nacional de Industrias Oleaginosas de Bolivia señala que la regulación al precio de la soya les impide percibir $us 50 millones adicionales. La prohibición al uso de la biotecnología mantiene la situación de déficit de grano de soya.

La exportación de derivados de soya no rebasa los $us 900 millones en los últimos años debido, esto debido a diversas trabas como la restricción a las exportaciones.

Según la Cámara Nacional de Industrias Oleaginosas de Bolivia (Caniob), la restricción a las exportaciones, mediante la exigencia de certificados de abastecimiento y precio justo no se justifica porque solo con el 20% de la producción de soya se garantiza el mercado interno.

El precio fijado por el Gobierno a la venta de harina de soya solvente, producto que elabora las industrias oleaginosas, impide que ingresen $us 50 millones adicionales a las empresas que elaboran derivados de soya.

Con esa medida se limita su capacidad de hacer mayores inversiones, crecer y generar más empleo.

Lo que también frena a las industrias oleaginosas es el déficit de grano de soya de casi 2 millones de toneladas, hecho que obliga a operar a un 60% de su capacidad de producción a las industrias.

Para revertir esta situación se solicitó la implementación de biotecnología para contar con semillas mejoradas genéticamente y así aumentar los rendimientos y la producción de grano de soya.

Jorge Amantegui, presidente de Amantegui, lamentó la abrogación de los decretos supremos que viabilizaban su posible implementación.

El contrabando es otro factor que perjudica a las industrias porque se está inundando el mercado interno de productos alimenticios y otros internados ilegalmente al país, que no cumplen con la normativa nacional en cuanto a certificaciones de calidad e inocuidad alimentaria, poniendo en riesgo a los consumidores y afectando a las industrias nacionales.

Todas estas inquietudes fueron transmitidas por Caniob en el último congreso de los empresarios realizado la anterior semana.

 

Fuente: El Mundo

La zafra de caña de azúcar arranca este viernes en Guabirá

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Mariano Aguilera, presidente del Ingenio Guabirá, manifestó que esperan superar en un 20% la producción del 2020. Pidió apoyo al Gobierno para lograr las metas. Afirma que la industria azucarera tiene las herramientas para colaborar con la reactivación de la economía nacional.

A partir de este viernes arranca oficialmente en Guabirá la zafra de caña 2021 en la que se espera superar lo conseguido el año pasado, de acuerdo a la declaración ofrecida por el ingeniero Mariano Aguilera, presidente del Ingenio Guabirá a un canal de televisión local.

Sostuvo el informante que esperan para este jueves las primeras pruebas de molienda y el viernes comienza oficialmente la zafra cañera de la temporada 2021.

«Realizaremos un acto oficial en el que mostraremos cabalmente que el sector productivo de la caña de azúcar está en condiciones de apoyar la reactivación económica del país», destacó el directivo.

No obstante, aprovechó la oportunidad para señalar que se requieren de políticas e incentivos las cuales consideró importantes para el sector al que pertenece sobre todo en estos tiempos en los que hacen frente a una pandemia y por ende señala que todos los bolivianos están enfocados en buscar mejores vías para tratar de salir de esta situación que afecta a todos.

«Aspiramos moler un 20 por ciento más de azúcar para superar lo que se alcanzó el año pasado, porque hemos apostado a alcanzar ese objetivo para lo cual se ha logrado el financiamiento a los productores».

De igual forma, señaló que están buscando líneas de financiamiento de deudas lo cual estima importante para dar un alivio a los productores y con la finalidad de que la industria pueda seguir invirtiendo.

Esperan de las autoridades gubernamentales políticas que vengan en apoyo de la industria azucarera.

Cita
«Aspiramos moler un 20 por ciento más de azúcar para superar lo que se alcanzó el año pasado porque hemos apostado a alcanzar ese objetivo para lo cual se ha logrado el financiamiento a los productores». Mariano Aguilera, presidente del Ingenio Guabirá

 

Fuente: Publiagro

El Beni tiene el potencial necesario para ser la región más rica de Bolivia

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El profesor universitario Rolf Keller Perrogón presentó fórmulas idóneas para sacar a ese departamento del estancamiento en que se encuentra al punto de calificarlo como el más pobre del país.

La visión de desarrollo del departamento del Beni está centrada en buscar una respuesta a la pregunta sobre ¿qué deben hacer las autoridades para salir a la región del estancamiento en que se encuentra?

La respuesta la ofrece el profesor universitario y exdirector nacional de la Autoridad de Fiscalización y Control de Bosques y Tierras (ABT), Rolf Keller Perrogón, un analista certero quien habla la opaca realidad económica de esa región del país.

A través del programa Agenda Agropecuaria, el docente señala que el Beni está ante un gran desafío y siempre ha sido el mismo, vale decir preguntarse ¿cómo se soluciona el problema de su pobreza?

«El Beni es el departamento más pobre de Bolivia y Bolivia es el país más pobre de Suramérica y está entre los cuatro más pobres de toda Latinoamérica, por lo que debemos imaginar el inmenso desafío que tiene la sociedad boliviana de sacudirse de esa pobreza histórica que ha cargado», recalca el catedrático.

Justamente, esa es la gran interrogante sacar al Beni de la pobreza, entendiendo que el ingreso per cápita anual de cada habitante del departamento es de tan solo 2.500 dólares, lo cual significa que un beniano en promedio no gana ni el salario mínimo.

La ganadería y el tema forestal son claves
La ganadería y el sector forestal y agrícola, el turismo, la piscicultura, la industria y la manufactura están entre las potencialidades del Beni, al respecto el entrevistado señala que este departamento tiene potencialidades enormes para ser la región más rica de Bolivia.

«Primero que nada el Beni tiene tierras que son aptas para la agricultura y con el nuevo plan de uso de suelos hay 5.8 millones de hectáreas completamente mecanizadas para el agro, la siembra de pasto y las plantaciones comerciales forestales».

Por otro lado, señala que el Beni cuenta con un clima maravilloso por tener temperaturas y luminosidad adecuadas para el crecimiento de las plantas durante todo el año.

Al mismo tiempo señala que el departamento tiene agua lo cual considera maravilloso por ser un recurso muy valioso al contar con 1.800 milímetros de precipitación anual por las lluvias.

Además, agregó que el Beni tiene unas condiciones envidiables para salir al mundo en condiciones muy competitivas, sin embargo, considera que las autoridades deben definir entre lo urgente y lo importante.

«En la vida pública hay cosas que son urgentes y otras que son importantes. En ese sentido los aspectos más importantes que se deben acometer son cómo hacer para que un pueblo pueda desarrollarse económicamente con la finalidad de salir de la pobreza».

Sostiene que no se hace nada con agua potable, calles asfaltadas, con la reparación de un polideportivo que consideró necesarios, pero «si no tenemos plata en los bolsillos no hacemos nada».

Abandonan al Beni
No tiene reparos en afirmar que el Beni sigue quedando sin habitantes y pues conoce a cientos de familias que se han ido de Trinidad, la capital departamental a obras tierras a buscar mejores condiciones de vida.

Y sostiene que eso ocurre porque no hay actividad económica y no hay generación de empleo.

«Creo que necesitamos de políticos innovadores, emprendedores y creativos. La era del boom del gas en Bolivia ya pasó y ya no hay esa plata».

Es por esa razón que una de las soluciones está centrada en atraer inversiones. Al respecto, señala que el gobernador, los alcaldes y otras autoridades tienen que reunirse y salir en gira por La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y por el mundo, especialmente los países vecinos, promoviendo la llegada de empresarios al departamento para que inviertan.

Otro de los asuntos a resolver está referido a solucionar las vías carreteras para unirlas al llamado eje troncal. «Falta mejorar la carretera Trinidad – Guayaramerín para que sea transitable todo el año.

Considera que el Beni tiene que usar una carretera que es baratísima y no es otra que el río Mamoré por lo que se debe unir el Gobierno central y las autoridades locales con la finalidad de promover la hidrobia Ichilio – Mamoré con lo cual se pueden mover grandes volúmenes de carga utilizando esos afluentes fluviales.

Vuelve a recalcar que el Beni tiene un potencial enorme para ser la región más rica de Bolivia.

«Si en el Beni se cultivarán sólo 1.4 millones de hectáreas con agricultura; si el rebaño llegase a cinco millones de cabezas de ganado bovino, pues en la actualidad solo tenemos tres millones, y si cultivamos 200 mil hectáreas de eucalipto para generar una industria de celulosa y tablero, el Beni puede producir tranquilamente más de tres mil millones de dólares cada año».

Considera que con esa cantidad supera lo que produce el gas y la minería del país.

«Bolivia no puede seguir apostando simplemente a los golpes de buena suerte, es decir, encontrar un pozo de petróleo o de gas o una mina. Esto significa que el país vive de lo encontrado en Bolivia y no de lo hecho en Bolivia», concluyó su intervención. /Redacción: Publiagro.
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Fuente: Agenda Agropecuaria

Ganaderos solicitan al Gobierno anular resolución Biministerial que les afecta

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Consideran que limitar la exportación de carne al mercado internacional es una medida que genera distorsiones en el mercado lo cual afecta a los productores ganaderos de la Chiquitanía.

La Asociación de Ganaderos de Pailón (Asogapa) dictó una resolución del bloque ganadero de Chiquitanía en la que solicita de las autoridades gubernamentales la anulación o revisión de la resolución biministerial, número 62021 que limita la exportación de carne al exterior por considerar que la misma «genera distorsiones en el mercado de la carne que está afectando a los productores ganaderos».

A través de un comunicado los ganaderos expresan que esta normativa de frenar la venta de carne en el mercado internacional produce la pérdida de empleos «que disminuye la pobreza, las proyecciones de inversión y la generación de divisas para el país, aspectos que mejoran la calidad de vida de todos los bolivianos».

El documento que es firmado por todas las asociaciones de ganaderos de la zona solicitan igualmente a la Federación e Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz) que formule una invitación a los ministros de Desarrollo Rural y Tierras y al de Desarrollo Productivo y Economía Plural para que asistan al Congreso Ordinario a efectuarse San Ignacio de Velasco entre el 14 y 15 de este mes. En ese Congreso podrán revisar las estas medidas que les afectan.

El texto completo del comunicado es el siguiente:

Las Asociaciones de Ganaderos de la Chiquitanía reunidos en Pailón en fecha 10 de mayo de 2021 solicitamos a las autoridades nacionales se analice la anulación o se revise la resolución biministerial, número 62021 emitida el 2 de abril de 2021 porque genera distorsiones en el mercado de la carne que está afectando a los productores ganaderos.

De igual forma, afecta a la generación de empleos que disminuye la pobreza, las proyecciones de inversión y la generación de divisas para el país, aspectos que mejoran la calidad de vida de todos los bolivianos.

Pedimos a nuestros representantes gremiales trabajen lo solicitado en beneficio del productor ganadero y de la población boliviana.
Solicitamos a Fegasacruz invite al ministro de Desarrollo Rural y Tierras y al ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural a nuestro Congreso Ordinario que se llevará a cabo en la localidad de San Ignacio de Velasco el próximo 14 y 15 de mayo con el objeto de revisar estas medidas que afectan a los productores ganaderos y a la población boliviana. / Redacción: Publiagro.

Firman al pie del documento los presidentes de las asociaciones de ganaderos de toda la chiquitanía. Regístrese, hágase saber y cúmplase.

Cita
«Se afecta a la generación de empleos que disminuye la pobreza, las proyecciones de inversión y la generación de divisas para el país». Asociaciones de Ganaderos de la Chiquitanía.

 

Fuente: Publiagro

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