Lo que más preocupa a Chiponavi es que la laguna Lurisi no es el único cuerpo de agua que recibe las aguas contaminadas. Esta laguna es el punto de partida de la larga interconexión de fuentes de agua que llegan hasta los hogares de Tres Hermanos. Si se hace una descripción general del recorrido acuático sería: la laguna Lurisi conecta con laguna Limón, a su vez, fluye hasta la laguna Moa, luego al rio Mayge, y, por último, al río Beni. Los pobladores de Tres Hermanos consumen agua de los dos últimos.
La situación empeora en la temporada de lluvias, desde agosto hasta febrero. Los ríos Mayge y Beni rebalsan brutalmente e inundan el asentamiento. Las aguas sucias que tanto aborrecen los indígenas, recorren por sus viviendas, chacos y tierras.
La mañana de 23 octubre de 2020, los pobladores de Tres Hermanos están reunidos en la casa comunal. En ese encuentro rememoran que, años atrás, varios comunarios enfermaron con sarna (irritación de la piel). Con cierto sarcasmo, relatan que ningún adulto se salvó de ser sarnoso por un tiempo. Todos correteaban, todos tenían picazones, grafican entre risas casi imperceptibles. También sufrieron problemas gastrointestinales (fiebre y diarrea), dolor de cabeza y, algunos, vómitos. Pero había otra situación peor: la enfermedad de los niños.
—Los niños comenzaron a mudarse de cuero (piel), se volvieron blancos— comenta uno de los comunarios.
Hoy, recuerdan entre sonrisas estos problemas de salud, pero en su momento la realidad era cercana a un ocaso, una tragedia colectiva sin respuesta de ninguna autoridad. La atención médica es nula en la comunidad y, en el mejor de los casos, un médico los visita una vez al año. Varias familias optan por automedicarse con paracetamol, la pastilla más conocida por los comunarios.
Aunque no hay documentación que pueda corroborar que las enfermedades resultaron del consumo de las aguas contaminadas, la gente de Tres Hermanos no tiene dudas. Para ellos, un hecho claro es que, en 2018, durante la primera zafra oficial azucarera de la EASBA, la comunidad no tenía un sistema de agua potable, por lo tanto, consumía el líquido de los ríos del lugar (Mayge y Beni). A mediados de ese año, la ONG Soluciones Prácticas, no así el Estado, ayudó a instalar el tanque de agua que comenzó a apaciguar los malestares.
Ahora se enferman menos, pero los síntomas persisten. Para las mujeres de Tres Hermanos las palabrerías o advertencias de cuidado no bastan, a veces simplemente les es imposible no asomarse a los ríos. Durante los días lluviosos, cuando las nubes grises cubren el cielo, el panel solar es incapaz de poner en funcionamiento el tanque de agua que cubre las necesidades de las 84 personas que habitan en la comunidad. En consecuencia, las mujeres vuelven a los ríos, lavan la ropa, los enseres del hogar, e incluso preparan sus alimentos con aguas contaminadas.
Lizet M., comunaria de Tres Hermanos, una de las 22 participantes de la reunión comunal, no duda en rastrear los pasos de su hijo, de unos seis años, quien juega solitario en las cercanías de la casa comunal. Presurosa me enseña el rostro del niño que apenas se inmuta ante nuestra presencia. Sus mejillas están marcadas por unas manchas blancas y resecas.
—Me han dicho que vaya a La Paz para que lo vea un dermatólogo. No sé qué será, tal vez por el río, él va a nadar allá— dice en tono de preocupación Lizet.
Esta mamá, de tan solo 24 años, tiene más vivencias tristes. En su último embarazo ha sufrido amenazas de aborto involuntario dos veces. No olvida el primer susto. Una noche de mayo, de 2020, cuando tenía cinco meses de embarazo, su cuerpo se quebrantó. Con el corazón agazapado, junto a sus familiares, viajó de emergencia al hospital de Rurrenabaque, donde recibió una inyección para la retención del feto que, temporalmente, alejó el riesgo de aborto, aunque un mes después volvió a complicarse. Este hecho puede ser producto de un antojo no cumplido o por levantar algún bulto pesado, le explicó el médico cuando atendió sus malestares. Ella no está convencida del diagnóstico; cree que le han afectado las aguas sucias. Ella recuerda que antes de la noche trágica lavó ropa en el río Mayge, y también se dio un baño.
Lizet M. no es la única que enfrentó amenazas de aborto. En los últimos años otros dos embarazos estuvieron en riesgo, así testificaron las mujeres de la comunidad.
Las personas enfermaron. Los peces murieron.
En 2017 advirtieron que algo andaba mal en los ríos. Los peces parecían nadar lentamente y se dejaban arrastrar por la corriente. Cuando prestaron más atención, advirtieron que los animales no tenían fuerzas y varios estaban muertos.
Fue el colmo para los comunarios.
—Toda la comunidad, hombres y mujeres en pie hemos ido al ingenio a hacer muchas denuncias. (…) Ellos nunca nos escucharon. (…) Por más que hagamos demandas y denuncias, ellos nunca nos van a escuchar. Es como si no existieramos. Ellos lo toman como si no existiéramos en el mapa— protesta Marizol D.
En noviembre de 2019, de nuevo aparecieron decenas de peces muertos en las aguas de Jiruma, un río cercano a la planta azucarera. Tres Hermanos, con el apoyo de los habitantes de Altamarani y Buena Vista, comunidades que también dependen de ese rio, tomaron contacto con el CIPTA y registraron el hecho. Algo que habían aprendido del caso anterior es que es necesario documentar y recoger pruebas.
Robert Cartagena, entonces secretario de medioambiente del Consejo Indígena Tacana, sobresaltado por la situación, se contactó con los medios de comunicación de Rurrenabaque y llevó a un grupo de periodistas hacia el río Jiruma. Descubrieron que no había ni un pez vivo, a lo largo de unos 500 metros que zarparon en lancha. Los animales flotaban boca arriba: sábalos, bagres, palometas y yatoretas. Aparentemente, días antes que advirtiera a la población de la mortandad de los peces, la EASBA había lavado sus maquinarias en el río.
—Hemos verificado in situ que existe una cantidad de peces muertos, para mayor evidencia estamos invitando a ustedes de la prensa para tener mayor testimonio sobre esta realidad, son desechos que vienen del ingenio azucarero— denunció Cartagena, a los periodistas.
El hecho quedó registrado en un audiovisual, y quizá es una de las constancias más sólidas de los tacanas. La EASBA pidió demostrar su responsabilidad en el hecho. Para ello, la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), en el marco de un convenio de colaboración con el CIPTA, intentó elaborar un informe sobre los daños provocados por el ingenio, pero la redacción del documento no prosperó. Hacía falta análisis del agua en laboratorios especializados acompañado de considerables presupuestos.
Cartagenera asegura que la EASBA negó su responsabilidad, a pesar de que los daños ambientales son evidentes. Además del agua turbia, los pobladores encontraron bolsas y envases de productos agroquímicos flotando en los ríos. Cuando el CIPTA presentó estas evidencias, la EASBA rechazó con el argumento de que el CIPTA no era la instancia competente para estos actuados.
Las familias de Tres Hermanos siguen pescando en el Mayge, el Jiruma y el Beni. Según un estudio del CIPTA, los pobladores consumen mensualmente unos 13 kilos de esta carne. Pero en la actualidad, la gente desempeña esta actividad con recelo. Temen de sobremanera, consumir y comercializar pescados contaminados. En el fondo les encoge enfermarse.
Después de sentir en carne propia las consecuencias, los tacanas aseguran que se hubieran opuesto sin pestañear a la azucarera. No lo hicieron porque los funcionarios del gobierno organizaron “reuniones relámpago” para hablar poco de los riesgos y prometer mucho. Se entusiasmaron con una serie de promesas. Los burócratas ofrecieron servicios básicos, como el tendido de las líneas de electrificación, mejoramiento de caminos, fuentes de empleos para los indígenas y campesinos, entre 500 a 1.000 puestos de trabajo. Aseguraron que el impacto ambiental sería mínimo, que las aguas servidas de la planta industrial serían purificadas en un 70 por ciento antes de llegar a las aguas naturales.
Actualmente ningún indígena de Tres hermanos trabaja en la planta azucarera.
En realidad, no hubo consulta previa, libre e informada. Esto, como en casi todos los casos similares, contraviene el convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, ambas reconocidas por la Constitución Política de Estado de Bolivia. Estas normativas establecen que toda megaobra planeada dentro de un territorio indígena, debe ser consultada mediante procedimientos transparentes y de buena fe.
Aparentemente, existe un Estudio de Evaluación de Impactos Ambientales de EASBA, aprobado el 2012 por la Gobernación de La Paz, pero este documento no está disponible para el acceso público. También existiría en algún lugar un Plan de Mitigación de Impactos Ambientales de la empresa. Ni el CIPTA ni las comunidades tienen a la mano estos estudios. Por lo tanto, no tienen acceso a parámetros e indicadores que sirvan de guía para identificar y documentar los problemas socioambientales. Tampoco el CIPTA tiene posibilidades materiales para el monitoreo comunitario de los impactos ambientales de las megaobras[3].
Cartagena, conoce bien que el ocultamiento de documentos obstaculiza la intención de los indígenas de demostrar las afectaciones de la agroindustria azucarera. Los ejecutivos de la EASBA exigen pruebas documentadas. No bastan los testimonios, los reclamos colectivos ni las denuncias de las familias afectadas. Entonces para el líder indígena la resistencia de los tacanas radica en activar, en la brevedad posible, los mecanismos de monitoreo comunal de las afectaciones ambientales, para ello busca financiamiento.
Entretanto, el desmonte para ampliar los cañaverales avanza sin censura. Para la siguiente temporada de siembra, 200 hectáreas pertenecientes a la comunidad Tres hermanos serán puestas en producción.
Fuente: Tierra
