Mariano Garmendia y Nacira Belen Muñoz fueron designados, por decreto del Boletín Oficial, presidente y vice del organismo dependiente del Ministerio de Agricultura de la Nación. Él es ingeniero agrónomo especializado en agronegocios, fue director del INTA Famaillá y se desempeñó como Secretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Desarrollo Productivo de Tucumán. Ella es doctora en Ciencias Biológicas e investigadora en el Instituto de Fisiología y Recursos Vegetales Genéticos del INTA.

Mediante los decretos 83/2022 y 82/2022 del Boletín Oficial, Mariano Garmendia y Nacira Belén Muñoz fueron designados presidente y vice del INTA, organismo dependiente del Ministerio de Agricultura de la Nación. Asimismo, con el decreto 81/2022 fue designado Joaquín Serrano como representante del Ministerio de Agricultura de la Nación en el Consejo Directivo del INTA. Hasta la fecha, se desempeñaba como presidente del Instituto Nacional de Semillas (INASE).

Garmendia es ingeniero agrónomo egresado de la Facultad de Agronomía y Zootecnia (Universidad Nacional de Tucumán) y posee una especialización en Agronegocios del Centro de Altos Estudios y la Universidad de Georgetown. Además, es productor agropecuario y participa de la explotación familiar dedicada a la caña de azúcar y los granos.

Con una fuerte impronta en la gestión de proyectos, las energías renovables y la eficiencia energética, desde 2015 Garmendia se desempeñó como Secretario de Estado de Innovación y Desarrollo Productivo en la provincia de Tucumán. Allí, se dedicó a formular e implementar políticas de innovación y desarrollo tecnológico para la Provincia destinadas a transformar el conocimiento científico tecnológico en bienestar de la población y crecimiento económico sustentable.

En el Ministerio de Desarrollo Productivo de Tucumán, Garmendia ocupó el cargo de Secretario de Coordinación y Control de Gestión. Desde esa cartera provincial, se enfocó en promover la eficiencia energética y las energías renovables en industrias, Pymes, grandes edificaciones públicas y habitacionales.

Por otro lado, promovió el tratamiento, aprovechamiento y valorización de subproductos, efluentes y residuos urbanos; tratamiento de efluentes en todas las industrias y valorización de residuos (residuos urbanos, biogás, feetlots, porcina, frigoríficos, industria citrícola, residuos secos, pellets).

En 1997 ingresó al INTA como técnico de terreno del programa Pro-Huerta y, hasta diciembre de 2006, desarrolló tareas de capacitación en formulación y ejecución de proyectos, organización y dirección de grupos de trabajo, relacionamiento institucional y extensión en relación a la agricultura orgánica.

Desde diciembre de 2011 a octubre de 2015, fue designado director de la Estación Experimental Agropecuaria Famaillá del INTA.

Durante su paso por el INTA realizó múltiples tareas, como coordinador del Convenio INTA – UCAR (Unidad para el Cambio Rural) del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación para la Mejora Integral de los Procesos Productivos del Pequeño Productor Cañero de la Provincia de Tucumán.

Asimismo, fue coordinador del Proyecto Regional Pedemonte Sur; consultor del Programa de Servicios Agrícolas Provinciales –PROSAP– de la Secretaria de Agricultura de la provincia de Tucumán; y representante del Consejo Federal de Ciencia y Tecnología ante el FONTAR, entre otros puestos de gestión.

A Garmendia, lo acompañará Nacira Belen Muñoz, quien fue designada como vicepresidenta del INTA, organismo al que pertenece hace 10 años como investigadora en el Instituto de Fisiología y Recursos Vegetales Genéticos (IFRGV) del Centro de Investigaciones Agropecuarias (CIAP) del INTA Córdoba. Hasta la fecha, se desempeñaba como referente de Vinculación Tecnológica y Relaciones Institucionales de esa unidad.

Es licenciada en Biología y doctora en Ciencias Biológicas, egresada de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), con un posdoctorado en la Universidad China de Hong Kong. Asimismo, es docente universitaria en Fisiología Vegetal en la carrera de Ciencias Biológicas de la UNC.

Fuente: INTA Informa

Los permisos datan de 2012 y 2020. La defensa de los menonitas pide que se titulen las 7.000 hectáreas legalmente establecidas y que se precise dónde está el error de las restantes 2.000 ha que son observadas por el INRA

El conflicto de la tenencia de tierra, en la colonia menonita Valle Verde, de la región chiquitana, tiene otra arista y es que para obtener la autorización para realizar los respectivos desmontes del área y dedicarlas al cultivo obtuvieron el permiso de la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT).

Alejandro Altamirano, abogados de los menonitas, precisó que los desmontes legales a lo largo de los diferentes años tuvieron el aval de la ABT a tiempo de precisar que hay documentación de 2012 y 2020 que demuestran que se actuó dentro de la ley.

Al respecto, José Ernesto Serrate, presidente con licencia de los Comités Cívicos Provinciales de Santa Cruz, lamentó que se trate de complicar las cosas y hacer creer que los habitantes de Valle Verde están en tierras fiscales, cuando -desde la ABT- otorgaron 98 permisos de desmontes legales.

“Si los papeles no están regla, no te dan esos permisos. Si no se demuestra la legalidad en cuanto a la propiedad de la tierra, la ABT jamás otorga dichos permisos. Entonces, ¿qué es lo que se está observando?”, cuestionó Serrate.

Califica de cínicos a autoridades del INRA

Serrate calificó de cínicos a los funcionarios del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) que llegaron hasta el lugar para indicar que las 2.000 hectáreas son tierras fiscales, pero que de forma paralela informaron a los integrantes de la comunidad intercultural 19 de Noviembre, que ellos se iban a quedar en el lugar.

“Son cínicos porque dicen uno cosa y hacen otra. Tenemos documentación donde se indicaba a la Policía que iba quedarse en el lugar uno cinco días para resguardar a los interculturales que se iban a quedar en ese predio habitado por familias, entre mujeres y niños”, criticó Serrate.

Sobre el giro que dio el INRA, después de calificar de ilegal a este grupo y de llamarlos extranjeros, el miércoles 16 de febrero, aseguró que su asentamiento es legal, pero que se excedió en su extensión, por lo que solo tendrán que recorrer su colonia unas 2.000 hectáreas. Para Altamirano, este cambio de criterio demuestra graves incongruencias entre la dirección departamental del INRA Santa Cruz y la nacional.

El abogado sostuvo que no es un argumento válido indicar que nos pasamos 2.000 hectáreas, sino que técnicamente se debe demostrar si eso es correcto y dónde se encuentra la falla, porque esta superficie fue adquirida legamente y en su momento no se identificó que estas eran tierras fiscales.

Fuente: El Deber

El Gobierno Nacional, con la premisa de optimizar los procesos productivos agrícolas y el abastecimiento de agua en las zonas de mayor riesgo de sequía en todo Bolivia, entregó, a través del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT), tres sistemas de agua subterránea en el municipio de San Julián en el departamento de Santa Cruz.

Willy Calderón, alcalde de San Julián, en el acto central realizado en la comunidad de Santo Domingo, agradeció y reconoció la oportuna labor del Ministerio en el abastecimiento de agua, impulsando así el sector agropecuario en las comunidades de la 2DA Milla 70, Cristo la Respuesta, El Porvenir-Núcleo 31 y Santo Domingo, zonas que venían padeciendo desde hace tiempo la escasez del elemento líquido.

En su discurso, el Ing. Remmy Gonzales Atila, Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, señaló, “es importante llegar con obras a las comunidades, hay que apoyar al pequeño productor porque ellos están construyendo el país desde la producción agropecuaria y desde el campo”. También dio a conocer los diversos programas destinados a apoyar a las comunidades productivas, y fue fundamental motivar nuevas estrategias en el contexto de la recuperación económica.

Los sistemas entregados incluyen la perforación de pozos profundos, una cabina de control, una valla protectora, el suministro e instalación de una bomba sumergible, la construcción de un sistema eléctrico, una red de impulsión y una red de conducción, además de la construcción del tanque de almacenamiento.

El Programa Nuestro Pozo permitirá que 1.856 familias, 1.345 cabezas de ganado y 43 hectáreas de riego para producción agrícola dispongan de agua suficiente; la inversión total de obra asciende a Bs. 1.229.737,34, de los cuales el 90% es aportado por el Estado y el 10% por las comunidades beneficiarias.

Fuente: MDRyT

El Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), con sede en el departamento de Santa Cruz, fue condecorado este mes por la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) con la medalla “al mérito y constancia”, por su trabajo en pro del desarrollo económico del país.

“La CAO decidió por unanimidad y con profundo sentimiento de beneplácito otorgar su máximo galardón, la ‘medalla al mérito y constancia institucional’, al IBCE, reconociendo su trabajo en pro del desarrollo económicamente viable, ambientalmente sostenible y socialmente responsable”, según una nota institucional. 

De acuerdo con ese reporte, la entrega de la medalla se realizó el 15 de febrero de este año en el Cuadragésimo Congreso Ordinario de la CAO, con la presencia de past presidentes y decenas de dirigentes del sector agropecuario cruceño, en el salón Guaraní de Fexpocruz. 

«La CAO tiene galardones especiales que entrega una vez al año a productores e instituciones. El IBCE destaca por ser uno de los mejores embajadores que tenemos como sector productivo”, destacó el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente, Oscar Justiniano.

Por su parte, el presidente del IBCE, Demetrio Soruco Henicke, agradeció a nombre de su directorio por la “medalla al mérito y constancia institucional” de la CAO, a la que calificó como “un regalo de Dios”. 

“El IBCE por más de tres décadas se ha ocupado de abrir mercados para exportar la producción excedentaria del agro, defender el mercado interno del flagelo del contrabando, abogar por la biotecnología para mejorar la productividad y los ingresos de nuestros productores”, señaló.  

El IBCE fue concebido como una asociación civil sin fines de lucro, para contribuir al desarrollo de Bolivia a través de sus análisis económicos, publicaciones especializadas, estudios de mercado, difusión de estadísticas, acciones de responsabilidad social empresarial.  

“Gracias a su tesonero trabajo en sus más de treinta años de vida, el Instituto Boliviano de Comercio Exterior ha pasado a convertirse en un referente del comercio exterior boliviano a nivel nacional e internacional”, según esa entidad.

Fuente: ABI

La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra emitirá una resolución administrativa para regular la exportación de castaña con cáscara en frontera y frenar el contrabando de la misma con el fin de fortalecer la elaboración de este producto con valor agregado y que permita un mayor ingreso a todos los sectores de cadena productiva.

“Vamos a prohibir temporalmente la exportación ilegal de castaña en cáscara y promover que se procese para generar empleo y mejorar la economía y hemos llegado a un acuerdo sacar una resolución administrativa”, aseveró el director nacional de la ABT, Omar Quiroga a los medios locales.

El ejecutivo del ente estatal se reunió en Cobija con representantes de la Cámara de Exportadores del Norte, representantes de la Gobernación, productores y otros representantes de sectores vinculados a la cadena productiva de la castaña.

Quiroga aseveró que el contrabando y la venta indiscriminada de castaña con cáscara a Brasil y Perú merma los ingresos de la región y afecta a todos los sectores involucrados. La ABT sólo emitirá certificados forestales de exportación a quienes garanticen que la materia prima será elaborada.

Según datos de la Cadexnor, Perú genera una sobreproducción en orden de 300 contenedores con materia prima boliviana exportada a través del contrabando.

El representante de los exportadores, Agustín Vargas, ponderó la voluntad de las autoridades naciones para  recuperar el ritmo de producción y evitar que castaña con cáscara salga del país de forma ilegal.

Explicó que en la cadena productiva hay al menos 10 eslabones en los que están involucrados, zafreros, campesinos, indígenas, transportistas, fabriles, pequeños y medianos productores, empresarios, exportadores, entre otros.  

“Hay un decrecimiento en las exportaciones de castaña por el contrabando de la materia prima y las exportaciones que no son controladas y hay crecimiento en otros países con materia prima boliviana”, explicó.

La exportación se vio afectada en un 20% y ello perjudica directamente al ingreso económico de Pando, Beni y el norte de La Paz. En el caso de Pando, la castaña mueve el 75% de su economía.

Bolivia movía entre 1.500 a 1.800 contenedores por año, sin embargo, desde 2016 este volumen ha mermado con 200 a 300 contenedores menos, lo que afecta a la generación de recursos económicos con el que subsisten centenares de familias.

Fuente: Bolivia al Día