Con el objetivo de obtener una mejor coordinación en el control, inspección y verificación de registros fitosanitarios a comerciantes de madera, las máximas autoridades del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG) y la Autoridad de Control y Fiscalización de Bosques y Tierra (ABT), suscribieron un convenio

interinstitucional de cooperación mutua enfocado a la vigilancia y transporte de productos maderables en los distintos puestos de control en el departamento de Santa Cruz.

Omar Quiroga, Director General Ejecutivo de la ABT, manifestó que la firma del convenio permitirá mejorar los servicios que se presta a los comercializadores de madera. La autoridad de bosques explicó que, según datos de la Cámara Forestal Boliviana, las exportaciones de madera se incrementaron en un 76%, respecto al año pasado, por lo que considera necesario sumar esfuerzos de manera interinstitucional, lo que permitirá dentro del marco legal desarrollar un trabajo conjunto y eficiente con el SENASAG.

Por su parte el Director General Ejecutivo del SENASAG, Patrick Nogales, sostuvo que la firma del documento concretiza la cooperación mutua entre la ABT y el SENASAG, para la fiscalización y el control de productos maderables, a cambio, el Servicio Sanitario se beneficiará con la dotación de muebles y material maderable, que requiera para la construcción y refacción de las oficinas y puestos de control, resaltó Nogales.

«Consolidar este convenio servirá para apoyar la reactivación económica que necesita el país, al mismo tiempo permitirá dar una respuesta concreta al pueblo boliviano. Aquí hay dos instituciones que trabajan de manera conjunta para seguir moviendo la economía”, finalizó Quiroga.

De acuerdo a los alcances del convenio, éste tendrá una vigencia de dos años calendario.

Fuente: SENASAG

El municipio clausuró un matadero clandestino en el Distrito 4, donde no se cumplían con las normas de bioseguridad en la manipulación y la falta de higiene en el faenado del ganado porcino, según el intendente José Huaynosa.

El operativo de control se efectuó luego de muchas quejas que existen en contra de estos mataderos clandestinos en el sector de Río Seke, donde sin tener en cuenta los riesgos de salud en contra de la población emiten olores nauseabundos y dejan escapar líquidos, producto del faenado hacia la calle, actitud que dio lugar a las denuncias.

De acuerdo con el intendente Huaynosa, en la oportunidad se intervino uno de estos negocios, donde el trabajo se realizaba en un domicilio particular, sin las mínimas condiciones de salud y la infraestructura para este tipo de actividades, así como las improvisaciones en el uso de los instrumentos para efectuar el trabajo.

“Nosotros como autoridades debemos precautelar la salud de la población, por lo que este matadero se ha clausurado debido a que no contaba con las condiciones de salud para realizar el tipo de trabajo, donde no se ha podido ver las condiciones de inocuidad alimentaria, así como la falta de higiene y muchos de los enseres que se utilizaban no se encontraban en condiciones de continuar siendo utilizados”, explicó el Intendente.

Otra de las faltas que se cometían en este negocio fue el cumplimiento de las normas de bioseguridad de todas las personas que trabajan en este matadero clandestino, quienes ponían en peligro la salud de los vecinos y su propia familia.

Durante el operativo hubo agresiones contra el personal municipal, los responsables afrontarán las denuncias legales.

Fuente: El Diario

El Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) entregó en Santa Cruz certificados de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) a empresas de producción de hortalizas y frutas que cumplieron con los requisitos exigidos para ofrecer al mercado alimentos sanos e inocuos.

La encargada departamental de Inocuidad Agroalimentaria del Senasag, Lorena Ortiz, destacó la importancia de esta certificación que marca las directrices para producir alimentos primarios con criterios de inocuidad, minimizando los riesgos de contaminación, protegiendo la salud pública y el medio ambiente, además de posibilitar la apertura de nuevos mercados.

“La primera empresa en obtener esta importante certificación fue Quinta Manantial; ahora, se suman Enrique Gunter Rosenthal y Totai Citrus S.A., siendo las firmas pioneras en Bolivia en obtener la certificación sanitaria”, aseveró.

Ortiz expresó su satisfacción por los logros de las empresas e invitó a los productores a sumarse a este procedimiento, cumpliendo con todas las normativas sanitarias para que los productos cumplan con los protocolos de inocuidad en la producción primaria para el consumo humano.

Fuente: ABI

Un caso de avasallamiento destapa una supuesta red de tráfico de tierras en el que estarían implicados funcionarios del Ministerio Público

Una red de traficantes de tierras en la que estarían implicados funcionarios de la Fiscalía de Warnes y un grupo de avasalladores de tierras, ha sido denunciada por los afectados, en un conflicto que ya lleva más de un año. 

La denuncia presentada en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) involucra a varios funcionarios del Ministerio Público, sindicados de ser los beneficiarios de tierras avasalladas en la zona denominada El Valle, al final de la avenida Radial 26, jurisdicción del municipio de Warnes.

El conflicto se remonta al 4 de agosto del 2020 cuando el arquitecto Óscar Tarradelles, propietario de un predio en la zona, aprovechó un momento de flexibilización de la cuarentena para verificar la situación de sus tierras, en las que estaba realizando una construcción. Para su sorpresa, se encontró con personas extrañas realizando quemas en las mismas. 

“A las 10:00 aproximadamente, cuando nos encontrábamos dirigiéndonos a nuestra propiedad, observamos a un grupo de personas realizando chaqueos. Nos acercamos y les preguntamos qué hacían en el lugar, y ellos contestaron que el supuesto dueño les había dicho que se entren, violentando los candados y retirando los letreros que indicaban que se trataba de una propiedad privada”, relató Tarradelles.

Ante esta situación, realizaron la denuncia correspondiente en la Felcc y lo que parecía un conflicto fácil de resolver por la justicia, se convirtió en un calvario que ha destapado una red urbana de traficantes de tierra.

Tarradelles explicó que, en 2017, adquirió el terreno de manos de Mario Rollano Barrero, quien es propietario de 25 hectáreas en esa zona desde 1969. Sin embargo, los avasalladores alegan que adquirieron los predios de un tal Wálter Cairo, pero -a decir de Tarradelles- ni en Derechos Reales ni en el Instituto Geográfico Militar figura ese nombre como titular de ninguna propiedad cercana.

Los vecinos colindantes, las familias Mariaca y Ponce de León, también se han visto afectadas por los avasallamientos. Uno de los caseros, que trabaja para Paula Ponce de León fue testigo de la invasión e incluso recibió amenazas de los invasores.

“Trabajo para la señora Paula Ponce de León desde hace cuatro años, el 14 de marzo del 2020, un grupo de personas ingresó a la propiedad colindante y el día 25 de mayo del 2020 este grupo realizó una senda en la propiedad de doña Paula. El 8 de abril comenzaron a realizar construcciones en el terreno de don Oscar Tarradelles y ese mismo día fue cuando ese grupo de personas me amenazaron indicando que me cortarían la cabeza con machete y dijeron que de igual manera asesinarían a mi jefa y su esposo”, declaró Miguel Ángel Sasago, casero de la propiedad vecina.

Otro testimonio de la invasión es el del albañil Agustín Ríos Sulca, que también fue agredido mientras construía una barda. Incluso le sustrajeron sus herramientas de trabajo, valuadas en $us 3.500. 

“El 14 de marzo ingresaron de forma violenta, indicando que eran los dueños del lugar y me agredieron a mí y a mis 11 trabajadores. Nos amedrentaron con palos y machetes, nos sacaron de la propiedad”, relató el constructor.

Ese mismo día, tras hacer la denuncia a la Policía, una patrulla con dos uniformados se hizo presente en el lugar. Roy Estremadoiro, otro de los albañiles que se encontraba en el lugar, relató que después que llegaron los policías, arribó una camioneta con más avasalladores, armados de machetes y palos, que hicieron huir a todos los albañiles, quedándose con sus pertenencias y ante la mirada pasiva de los policías

Con todas esas pruebas, más los documentos legales de propiedad, el afectado hizo la denuncia correspondiente en el Juzgado I de Instrucción Penal de Warnes. Luego de varios meses, la jueza Mary Ruth Guerra Martínez dictó un fallo de sobreseimiento el 9 de septiembre de este año, aduciendo falta de pruebas, ignorando los testimonios de los testigos.  

Los ciudadanos Óscar Tarradelles, Carlos Roca y César Pereira se presentaron este jueves en la Fiscalía Departamental aportando nuevas pruebas y reiterando la denuncia.

La abogada Daniela Cabrera, una de las patrocinantes de los afectados, instó al fiscal departamental, Róger Rider Mariaca, que actúe ante las evidencias presentadas contra los acusados. Asimismo, piden que se actúe contra los imputados por avasallamiento. 

A raíz de estas denuncias, que se han hecho públicas por redes sociales, han aparecido nuevas víctimas de los avasalladores. Incluso, para este jueves se convocó en la plaza principal de Warnes a una protesta de nuevos afectados por avasallamientos que apuntan a los mismos administradores de justicia e invasores de la propiedad privada.

“Son más de 10 personas que ya se han comunicado con nosotros para pedirnos ayuda, por el mismo problema. Todos los días nos llega un mensaje de algún nuevo afectado”, aseguró Tarradelles, uno de los principales denunciantes.

“Nosotros calculamos que deben ser más de 100 personas las que han sido afectadas”, agregó Carlos Roca, otro afectado. “En nuestro caso son alrededor de 25 hectáreas avasalladas, imagínense cuantas más habrá”, cuestionó.

Fuente: El Deber