Enfoque. Expertos creen que los conflictos y los hechos delictivos acompañados de violencia prueban que quienes asumen acciones de hecho y toman predios no creen en la institucionalidad, la legalidad agraria y transparencia de sus instituciones y autoridades
“Ante el descrédito y desorden en el proceso de saneamiento y dotación e inexistencia de un catastro rural, como la ley establece, debe declararse una pausa en la distribución de tierras”. Así, con esa reflexión, el investigador agrario Gustavo Pedraza, cree que esa es la medida más lógica que el Gobierno, a través del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), debe asumir para frenar la escalada de violencia y ocupaciones ilegales de predios en Santa Cruz.
El saneamiento del derecho propietario, a su criterio, debe continuar, pero debe darse una pausa en la dotación para evitar contaminación política de este proceso.
La insinuación de Pedraza asoma tras tres hechos violentos en torno a la disputa por la tierra en Santa Cruz. En el predio El Encanto -cerca de Guarayos- más de un centenar de policías que procedían al desalojo de los ‘tomatierra’, por orden judicial, fueron emboscados por personas armadas. El saldo: tres uniformados heridos de bala.
Otro hecho ocurrió en el Núcleo 53 Brecha Casarabe, distante 90 km de San Julián. Varias personas resultaron heridas, entre ellas, Juan Montaño López, propietario del predio. Fueron atacados con machetes, palos y armas de fuego.
Y el último caso violento tuvo lugar en el predios Las Londras, ubicado en la provincia Guarayos, entre los municipios de El Puente y San Julián, donde 80 encapuchados armados secuestraron y golpearon a 17 personas, entre policías, periodistas y personas civiles.
Acerca de este caso, Pedraza cree que lo primero que debe hacerse es sancionar a las personas que cometieron delitos. “La impunidad en los avasallamientos solo fomenta esos delitos. Hacer cumplir la ley y proteger la propiedad privada ante todo”, dijo.
El proceso de saneamiento -aduce- no puede conducirse con un INRA manejado políticamente. “Por definición es una entidad técnica, y sus actuaciones deben sujetarse a la normativa agraria y no al interés político del MAS y su militancia. Por esta razón, deben institucionalizar todos los cargos directivos para recuperar credibilidad y administrar el saneamiento técnicamente”, manifestó.
El también investigador en temas agrarios, Fernando Asturizaga, dijo que en 2006 alertó que con la aprobación de la Ley 3545 se diseñó un proceso infinito de Reforma Agraria que no terminaría en el saneamiento, y que continuaría hasta lograr la desaparición o reducción a la mínima expresión de la empresa agropecuaria y la mediana propiedad, especialmente en las tierras bajas del país.
Refiere que el tiempo le dio la razón, dado que las regulaciones agrarias son cada vez mas rígidas para el mediano productor y el empresario agropecuario, a fin de quitarles tierra para entregarla a comunidades sin importar criterios productivos, ambientales o de uso de suelo.
“Las revisiones selectivas de propiedades cada dos años tienen esa finalidad y el haber normado en el reglamento que cualquier persona y sin responsabilidad alguna pueda denunciar un supuesto incumplimiento de la Función Económico Social (FES) va a ser un instrumento a mano de los avasalladores para observar cualquier predio, como ocurre con El Encanto que, a pesar de estar titulada y con resoluciones ejecutoriadas de la justicia agroambiental, puede ser objeto de revisión de su FES, a cargo, nada más ni nada menos, que de un director departamental que es recibido con guirnaldas por sospechosos de tomar tierras de facto”, refirió Asturizaga.
A su criterio, si no se corrigen estos aspectos, continuarán las invasiones de tierras, disminuirán las inversiones en el campo; y los países vecinos seguirán expandiendo mercados, atrayendo tecnología agropecuaria y llenando nuestros mercados de contrabando.
Institucionalidad en la mira
En el caso de Las Londras, a juzgar por el director regional de la Fundación Tierra en Santa Cruz, Alcides Vadillo, hay dos hechos que deben ser separados. El conflicto de tierra y los hechos delictivos acompañados de violencia generados en los dos últimos meses.
Cree que esta situación lo que muestra es que quienes asumen acciones de hecho y toman tierras están demostrando que no creen en la institucionalidad y legalidad agraria y la transparencia de las instituciones y autoridades.
Vadillo asegura que las acciones de hecho en materia agraria son similares a lo que en materia penal es la ‘justicia por mano propia’ porque no creen en la autoridad estatal responsable de aplicar la justicia. “En el tema tierra, lo que estamos viendo es que las tomas significan que la institucionalidad agraria -INRA, ABT y Tribunal Agroambiental- han perdido credibilidad en la población”, dijo.
Insinúa que propietarios, poseedores e interesados en acceder a la tierra no creen que estas instancias tengan la capacidad, la legitimidad y la transparencia para resolver este tema por la vía de la legalidad. “Una auditoría al proceso de distribución de tierras es parte de las medidas para que el INRA recupere credibilidad y transparencia de la población”, expuso Vadillo.
Para Gonzalo Colque, investigador en temas agrarios de Fundación Tierra, el INRA debe pasar por un proceso de reestructuración institucional que debería comenzar con el nombramiento de un director nacional titular para acabar con los interinatos.
Cree que es urgente tener autoridades agrarias que no estén designadas a dedo y cumplan funciones técnicas y jurídicas sin conflicto de intereses. “Las autoridades así designadas deberían diseñar y ejecutar un plan de lucha contra el tráfico de tierras para investigar no solamente la gestión de Áñez, sino los 10 años anteriores de Evo Morales”, puntualizó Colque.
Alude que el INRA ha sido sobrepasado por los hechos y no tiene capacidades instaladas para manejar la escalada de violencia por la tierra. Tampoco -sostiene- está libre de compromisos políticos para favorecer a algunos sectores y grupos por razones políticas.
“El caso de Las Londras es una muestra de cómo se filtra información de dónde existen tierras para ser declaradas como fiscales, para que ciertos grupos procedan a su ocupación”, indicó el investigador.
Colque asegura que cualquier esfuerzo de reconducción debe pasar por transparentar toda la información sobre las autorizaciones de asentamiento de comunidades. “El INRA tiene la obligación de informar sobre quiénes son los beneficiarios, de dónde provienen, cuántas hectáreas tienen y dónde”, puntualizó el investigador.
El pasado mes, en una entrevista televisiva, el director nacional del INRA, Eulogio Núñez, dijo que el 90% del área rural de Santa Cruz está titulada y tiene seguridad jurídica. Anotó que falta regularizar derecho en un 10% (3,4 millones de hectáreas tierras). “La mitad de esa superficie tiene litigios de controversias de sobreposición de derecho y hay que llegar a un acuerdo entre partes. Ahí va nuestro mensaje a todos los sectores. No es con violencia que se van a solucionar estos problemas de larga data. Es vía diálogo o concertación”, mencionó, al pedir no polarizar ni politizar problemática de la tierra.
Claridad y seguridad jurídica
La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), según el presidente Óscar Mario Justiniano, solo exige que se cumplan los plazos y procesos, y transparencia y seguridad jurídica para las propiedades tituladas o en procesos de saneamiento. “Los avasallamientos y la violencia se terminan cuando cada autoridad cumple con su obligación. Mientras la dotación de tierra sea un tema político y no productivo tendremos situaciones difíciles de controlar”, manifestó Justiniano.
Ven que actual dotación generará más violencia
“La actual política estatal de distribución de tierra lo único que va a conseguir es generar más caos y enfrentamiento entre bolivianos”, manifstó el secretario de Desarrollo Económico de la Gobernación de Santa Cruz, Luis Fernando Menacho.
A su juicio, el INRA debe cumplir la ley, dotando tierra en primer instancia a los originarios y después tomar en cuenta a otros actores (municipios, gobernación, comunidades indígenas y campesinas) a través del funcionamiento de la Comisión Agraria Departamental (CAD) que es la llamada por ley para tratar el tema tierra a escala departamental.
La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) se suma al pedido. El sector considera que para detener la escalada de violencia y reconducir su forma de trabajo, el INRA debe concurrir a la CAD.
“Éste es el espacio establecido por las leyes agrarias para que los actores locales de la sociedad civil agraria, debatan, analicen y concerten posiciones sobre los conflictos que se vienen arrastrando en el proceso de saneamiento y el proceso de distribución de tierras”, sostienen.
Entre tanto, el sector insinúa que la distribución de tierras debería tener una pausa, para evaluar la forma en la que se ha venido distribuyendo la tierra en Santa Cruz. “Como Anapo, creemos que no solo la dotación colectiva, sino fundamentalmente la adjudicación individual de la tierra, va a permitir que los beneficiarios trabajen y apoyen la seguridad y soberanía alimentaria de nuestro país”, puntualizaron.
Fuente: El Deber
