A todo esto se suma, por ejemplo, la falta de mercados para sus productos, falta de valor agregado a los recursos aprovechados y desatención en políticas sostenibles para sus regiones, así lo detalló Roberto Urañavi, asambleísta departamental del Pueblo Guarayo (Santa Cruz).

Familias agricultoras indígenas y campesinas de Bolivia continúan enfrentando diferentes obstáculos para su desarrollo, entre ellos la contaminación, división de sus organizaciones, avasallamientos y  tráfico de tierras. A todo esto también se suma el actual escenario de la pandemia de Covid-19 y sus consecuencias.

Representantes de territorios indígenas de Potosí, Beni y Santa Cruz dieron a conocer sus experiencias y desafíos en lo que respecta al desarrollo de sus poblaciones y la acción colectiva que encaminan para  mitigar el cambio climático, enfrentar las amenazas en su medio de subsistencia y encaminar la adaptación y resiliencia ante los impactos ambientales, en un seminario organizado por el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA), la semana pasada.

“Tenemos, como muchos municipios, el gran problema de la contaminación. Es un poco complicado, por ejemplo, gobernar dentro de un área protegida, porque estamos en permanentes discusiones con el personal de esa área y además hay el gran problema de la basura, con el desecho de muchos plásticos y botellas. Aunque estamos en camino de reducir el uso de plásticos y bolsas y poder reciclar”, manifestó Eliodoro Uriona, ex alcalde de Torotoro (Potosí).

Durante dos jornadas, se debatieron estos temas en el seminario internacional sobre “Gobernanza ambiental, acción colectiva y bienes comunes”, en conmemoración a los 50 años de vida institucional de CIPCA.

Representantes de varios territorios manifestaron que aún existen muchos obstáculos y desafíos para su desarrollo y transformación territorial.

Entre todos ellos, están, por ejemplo, la falta de mercados para sus productos, falta de valor agregado a los recursos aprovechados y desatención en políticas sostenibles para sus regiones, así lo detalló Roberto Urañavi, asambleísta departamental del Pueblo Guarayo (Santa Cruz).

“Además, hay problemas de avasallamientos y narcotráfico. A la vez hay dirigentes indígenas que quieren mercantilizar la tierra. Todos estos problemas crean división dentro de nuestras organizaciones indígenas, porque hay entidades del Estado que quieren nombrar y comprar dirigentes para que no estemos unidos y defender nuestra tierra y territorio”, agregó  Urañavi. 

Este encuentro, realizado en La Paz, tuvo la finalidad de identificar las condiciones que permitan mejorar la gobernanza ambiental sobre los recursos de uso común; y a partir de las experiencias presentadas, facilitar el diálogo, alianzas y acciones entre actores claves de diferentes territorios del país.

“Hemos tenido incendios muy preocupantes, por eso hemos determinado la pausa ecológica. Pero pese a que sacamos leyes, el nivel central no nos respeta porque tenemos muchos avasallamientos. Frente a esto estamos buscando acuerdos para proteger cada una de nuestras pareas protegidas con un plan económico sostenible”, dijo en su intervención Nelly Moza, legisladora del Gobierno Indígena Charagua Iyambae.

Desde hace dos meses, pueblos indígenas de tierras bajas de Bolivia, han encaminado una medida de protesta con una marcha y vigilia para pedir a las autoridades nacionales y regionales que se detengan y sancionen los avasallamientos y tráfico de tierras en sus territorios y que se encaminen políticas para su desarrollo.

Fuente: ANF

El fiscal departamental, Róger Mariaca, confirmo que se emitió la citación al haber sido nombrado por la declaración del director departamental del INRA, Adalberto Rojas

La comisión fiscal emitió citación, en calidad de testigo, contra el director nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Eulogio Núñez Aramayo, para que comparezca en el marco de la investigación sobre el secuestro, tortura y vejámenes que sufrió un grupo de policías, periodistas y civiles en la propiedad agrícola Las Londras, municipio de El Puente, por parte de encapuchados armados.

El fiscal departamental Róger Mariaca confirmó que se emitió la citación de Núñez al haber sido nombrado por el director departamental del INRA, Adalberto Rojas, durante su declaración prestada en el Ministerio Público.

Mariaca informó que, debido a la situación del paro, no se logró notificar aún a Núñez, pero que se realizan las diligencias a fin de que acuda a declarar ya que su testimonio como primera autoridad del INRA es importante.

Rojas, en su declaración en la Fiscalía, afirmó que para ir a Las Londras el 29 de octubre, un día después del ataque, recibió la orden de su superior para acudir al lugar.

Asimismo, Mariaca confirmó que existen pendientes cuatro órdenes de aprehensión emitidas contra los supuestos autores.

Aseguró que las órdenes están en poder de la Policía y que se pidieron informes para conocer las causas del por qué hasta el momento no se procede a la captura de las personas.

Del mismo modo dijo que se emitirán citaciones contra otras personas a fin de aclarar el ataque a periodistas, a policías y a trabajadores agrícolas.

Fuente: El Deber

El técnico del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag), Gilberto Alvarado ha informado que en un operativo realizado en el mercado Campesino, donde la intendencia decomiso más de 154 kilos de carne por no tener las garantías de inocuidad alimentaria al ser un producto que ingresó de contrabando desde la Argentina.

«Este es un producto de alto riesgo por tener una vida útil corta y para poder donar necesitamos verificar que sea apto para el consumo humano y eso no los garantiza un análisis de laboratorio que por cuestión de tiempo no es posible hacerlo, por eso este producto será destruido», ha explicado.

Asimismo, ha indicado que están realizando controles en todas carnicerías para verificar que la carne de pollo cumpla con los requisitos de sanidad.

Fuente: La Voz de Tarija

Un convenio firmado entre el Banco Unión y el programa Pro Camélidos, dependiente del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT), posibilitará que familias productoras de camélidos accedan a los servicios financieros para conocer las ventajas del ahorro y créditos que fortalezcan sus actividades.

“El convenio se basa en tres tareas fundamentales que son la educación financiera, la motivación del ahorro y la promoción de los créditos que tenemos para apoyar al sector productivo del país, en cumplimiento a la misión y visión que tiene el Banco Unión”, explicó la gerente regional de la entidad bancaria en La Paz, Marioly Ottich, indica un boletín.

Durante este año, la entidad bancaria pública desarrolló 14 talleres en los departamentos de La Paz, Oruro y Potosí, donde se capacitó a más de 1.400 productores de camélidos; sin embargo, con la firma del convenio, se prevé el incremento de la cantidad de beneficiados.

Al respecto, el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Remmy Gonzales, dijo que es importante que el sector productivo acceda a los servicios financieros para administrar la cartera de ahorros de Bs 543.000 que generó Pro Camélidos con la participación de 313 familias y cinco grupos productores.

“Esto consiste en que cada familia ahorre en seis meses la suma de 1.400 bolivianos y los grupos u organizaciones, 21.000 bolivianos. Al cabo de ese tiempo, el programa Pro Camélidos viabilizará este incentivo con el mismo monto en efectivo”, explicó la autoridad.

Fuente: ABI