Un informe técnico de abril de 2018 del ente regulador detalla que las autorizaciones para la explotación de tipa se exceden en un 32.950% al permitido, mientras que para el morado el exceso es de un 128,5%
Un informe técnico, el ITD-DGMBT-111-2018, de la Dirección General de Manejo de Bosques y Tierra, de la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT), que hace foco a las especies madereras (de la Chiquitania) y volúmenes extraídos producto de la autorización de los Planes de Desmonte (PDM20) menor o igual a las 20 hectáreas, al que tuvo acceso EL DEBER, detalla cómo las distintas autorizaciones aprobadas por la ABT permitieron la extracción de especies preciosas (tipa y morado) en volúmenes prohibidos.
El documento establece que de acuerdo con un inventario regional los permisos para extraer tipa en PDM20 eran de 0,03 m3 por hectárea (m3/h), pudiendo subir a 0,04 m3/h, sin embargo, lo aprobado es de 10,55 m3/h, un incremento de un 32.950%.
En la interpretación del documento se indica que los porcentajes de las autorizaciones son irreales por lo que no deberían haber sido autorizados.
En el caso de la especie morado el documento precisa que hay un exceso de un 128,5% debido a que la norma indica que la extracción de esa madera preciosa debería fluctuar entre el 1,04 y el 1,56 m3/h, pero la autorización es de 2,98 m3/h.
En sus conclusiones, el informe técnico remarcó que el aprovechamiento de la madera proveniente de los PMD20 son muy selectivos, ya que solo se extrae las especies de alto valor comercial de los bosques Chiquitanos, por lo que en las recomendaciones se indican que es imperativo la aplicación de medidas precautorias para la extracción de la tipa y del morado, debido a que la intensidad del aprovechamiento forestal solo de estas especies puede generar graves e irreparables daños.
“Las Unidades Operativas de Bosques y Tierra de San José de Chiquitos, San Ignacio de Velasco, Concepción, Roboré, Puerto Suárez y San Matías, para la aprobación del aprovechamiento de la madera en tronca del morado y la tipa debe estar entre la franja de seguridad y si sobrepasa estos límites no deben ser aprobados”, recomienda el documento técnico.
Reacción de la ABT
Desde la entidad reguladora indicaron que es necesario hacer un mea culpa y reconocer que no se respetaron algunos procedimientos, por lo que están trabajando en una solución estructural que cubra cualquier posibilidad de una acto ilegal.
Cliver Rocha, director nacional de la ABT, explicó que frente a esta situación se está trabajando en distintos filtros como la parametrización de los volúmenes, esta herramienta indicará con claridad y precisión cuáles son los volúmenes autorizados para cada especie maderable y que si hay un exceso el funcionario de la ABT debe ir a inspeccionar y si detecta una irregularidad no debe autorizar esa extracción.
“Esto nos va a permitir tener el control para que no exista la posibilidad de camuflar o blanquear nada”, aseguró la autoridad.
Rocha lamentó que este filtro haya sido rechazado y que por la presión no duró mas de dos días, pero que ahora debido a la coyuntura será nuevamente implementado y no se permitirá su rechazo.
El segundo filtro tiene que ver con los estudios de rendimiento que serán debidamente controlados y que no se permitirá que se falsifique datos para aumentar esos rendimientos con el objetivo de conseguir más Certificados Forestal del Origen (CFO) y el tercer filtro tiene que ver con la automatización de la información, algo que a criterio de Rocha permitirá tener un mejor control de la información brindada por los agentes auxiliares y por los técnicos de la ABT.
“La nueva gestión de la ABT no está relajada, pues se realizarán las acciones correspondientes para evitar los aprovechamientos, desmontes ilegales de bosques y el tráfico ilegal de madera. La ABT intensificó e incrementarán los operativos de fiscalización y de control”, puntualizó Rocha.
Sobre el tema, Rolf Köhler, ex director nacional de la ABT -ocupó ese cargo entre 2015 y 2018-, dijo conocer ese informe e indicó que al funcionario responsable de la ABT se lo sancionó y que debido a ello hay una denuncia en la justicia.
Köhler sostuvo que él como director nacional no podía estar al tanto de los que sucedía en las regionales del país, pues para ello hay un director departamental que debía hacer cumplir la norma.
“Los delitos son personalísimos, por lo que la justicia debe investigar y dar con los responsables de estos actos de corrupción”, dijo Köhler.
Los agentes auxiliares
Rocha precisó que los agentes auxiliares son profesionales que deben cumplir su trabajo como una especie de notarios y solo ellos pueden trabajar con la ABT, a tiempo de remarcar que la estatal los registra y norma, por ello, durante su gestión se estableció la Directriz 01/2011 que regula el ejercicio de los agentes auxiliares con la finalidad que ejerzan su trabajo con ética, responsabilidad y compromiso.
Rocha, sostuvo que la ABT aclara a la opinión pública que no todos los agentes auxiliares realizan actos como los evidenciados la anterior semana en San Ignacio de Velasco, pero que a lo largo del tiempo, algunos profesionales han distorsionado la ley y los agentes auxiliares ejercen sus funciones como tramitadores, cuando, a criterio de Rocha, la función real es que deberían ser parte de las actividades forestales desde su planificación, es decir, ser un asesor de empresas que los contratan para regular sus actividades en el marco de la norma.
Al respecto, Óscar Nelson Justiniano, presidente del Colegio de Ingenieros Forestales de Santa Cruz y Evert Durán, vocero de la misma, reiteraron que las investigaciones deben incluir a todos los actores del sector forestal y que no van a aceptar que la profesión de los forestales sea estigmatizada por el mal comportamiento de algunos.
“Debemos y queremos trabajar junto con la ABT, hay como 1.200 agentes auxiliares registrados en la entidad reguladora, por lo que es necesario tener una posición equilibrada y no generalizar. Eso no hace bien a nadie”, puntualizó Justiniano.
Fuente: Periódico El Deber
