Este año, Bolivia importó 96.717 toneladas (t) de plaguicidas por un valor de $us 343,4 millones, de las cuales el 14% (13.540 t) son productos ilegales, falsificados, adulterados e incluso mezclados con otros productos que se comercializan por un costo mayor a los $us 45 millones, según datos del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE).
En pasados días, la entidad junto a la Asociación de Proveedores de Insumos Agropecuarios (APIA) presentó, en Santa Cruz, el estudio Comercio ilegal de plaguicidas en Bolivia, que señala que estos insumos representan un riesgo letal para la salud de los productores agrícolas, el medio ambiente, cultivos y la economía nacional.
Estos productos fraudulentos provocan además una distorsión del mercado por sus bajos precios y como no son aprobados por entidades sanitarias, como el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag), contienen componentes desconocidos y peligrosos, siendo vendidos en condiciones que no garantizan su seguridad o eficiencia.
El estudio apunta a establecer sinergias público–privadas con las entidades involucradas así como desincentivar el contrabando de plaguicidas perfeccionando los mecanismos de “trazabilidad” (origen, producción y comercialización). Propone también fortalecer las entidades estatales inmersas en la problemática y educar al consumidor.
Importación
Gonzalo Vidaurre, responsable de la publicación, informó que Bolivia se caracteriza por importar plaguicidas de diversos países, siendo el 63% destinado al sector agropecuario, 25% al comercio, 11% a la industria y 1% a otras actividades.
“Particularmente zonas agrícolas en Santa Cruz, Cochabamba y Tarija se inundan de plaguicidas falsificados y peligrosos para la salud, generando elevadas pérdidas económicas para el productor y un severo daño al medio ambiente”, dijo.
Amenaza para la salud y la economía
El presidente de APIA (Asociación de Proveedores de Insumos Agropecuarios), Juan Rojo, explicó que la importación, venta y comercialización de plaguicidas que no cuentan con registro y la certificación del padrón fitosanitario son ilegales, toda vez que no han sido sometidos a ninguna norma de seguridad en laboratorios acreditados, que certifique la calidad, eficacia y eficiencia, haciendo de esto una peligrosa amenaza para la salud del agricultor, la cadena alimenticia, el medio ambiente y la economía.
Respecto al estudio señaló que es un gran aporte hacia el fortalecimiento de la normativa vigente y encarar acciones para contrarrestar dicho mal. “Como representantes de la Industria de la Ciencia de los Cultivos en Bolivia, reiteramos nuestro compromiso con la política de cero tolerancia a la falsificación, ilegalidad y contrabando de plaguicidas”, dijo.
Fuente: Periódico Bolivia
 de plaguicidas por un valor de $us 343,4 millones, de las cuales el 14% (13.540 t) son productos ilegales, falsificados, adulterados e incluso mezclados con otros productos que se comercializan por un costo mayor a los $us 45 millones, según datos del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE).){kind=link}