El Gobierno reconoce que el nudo del conflicto está en el INRA y que cada desalojo cuesta hasta Bs 250.000, mientras la producción se pierde en miles de hectáreas ocupadas ilegalmente
estructurales más sensibles para el agro boliviano. La viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, reconoció que, tras los operativos ejecutados por el Gobierno, el mayor obstáculo está dentro del propio sistema de administración de tierras: la doble titulación y el tráfico de tierras en el Instituto Nacional de Reforma Agraria.
Según la autoridad, desalojar un predio avasallado implica un gasto que oscila entre Bs 80.000 y Bs 250.000, solo en movilización policial y logística. Es decir, cada intervención no solo busca restituir un derecho, sino que representa un alto costo fiscal que se repite una y otra vez por la persistencia del problema.
Un mapa nacional de conflictos
De acuerdo con reportes de organizaciones productivas, defensorías regionales y datos públicos del sector agropecuario, Santa Cruz concentra el mayor número de avasallamientos registrados en los últimos años, especialmente en provincias del norte integrado y zonas de expansión agrícola. Le siguen La Paz (principalmente en los Yungas y el altiplano norte), Beni en áreas ganaderas, y Cochabamba en valles productivos. Pando y Chuquisaca también presentan casos, aunque en menor volumen.
Estimaciones sectoriales señalan que actualmente existen más de 300 predios con conflictos activos o latentes en el país, con superficies que van desde pequeñas parcelas hasta propiedades de más de 1.000 hectáreas. Si se considera que cada hectárea agrícola puede generar entre 600 y 1.200 dólares por campaña, las pérdidas por no producción se cuentan en decenas de millones de dólares al año.
En zonas ganaderas, el impacto es doble: se paraliza la producción de carne y se rompe la cadena de empleo rural. Productores advierten que un predio tomado deja de invertir, suspende contrataciones y pierde acceso a crédito, lo que genera un círculo vicioso de informalidad y conflicto.
“Son tres variedades con diferentes características, con organismos genéticamente modificados y que van a ser una herramienta para que el productor tenga a la mano competitividad y sostenibilidad medioambiental y económica”
Tráfico de tierras y doble titulación
La declaración de Barrientos apunta al corazón del problema: expedientes irregulares, títulos superpuestos y redes que venden tierras fiscales o privadas como si fueran disponibles. Este fenómeno no es nuevo, pero se ha agravado por la lentitud en saneamientos y la debilidad en los controles internos.
En muchos casos, los avasallamientos no son espontáneos. Responden a intereses organizados que se apoyan en documentos cuestionables o en vacíos legales. El resultado es una judicialización prolongada que deja la tierra improductiva durante meses o años.
INRA bajo la lupa
El INRA atraviesa un periodo de inestabilidad institucional. En los últimos años ha registrado varios cambios de dirección nacional y departamental, lo que ha debilitado la continuidad de políticas y la depuración interna. Además, investigaciones periodísticas y procesos judiciales recientes vincularon a exfuncionarios con redes de corrupción relacionadas con saneamientos irregulares, cobros indebidos y manipulación de expedientes.
El propio Gobierno reconoce que se requiere una “reingeniería institucional”, con auditorías técnicas, digitalización de archivos y mayor coordinación con la Fiscalía y la Policía para frenar el tráfico de tierras. Sin estos cambios, los desalojos seguirán siendo una solución temporal, costosa y poco efectiva.
Impacto productivo y económico
Para el sector agropecuario, el avasallamiento no es solo un problema legal, sino productivo. Cada campaña perdida significa menos alimentos en el mercado, menos exportaciones y menor aporte al PIB. En Santa Cruz, por ejemplo, donde se concentra más del 70% de la producción de granos, un conflicto en una zona agrícola puede afectar miles de toneladas de soya, maíz o sorgo.
En términos sociales, el daño también es evidente: trabajadores rurales sin empleo, migración forzada y aumento de tensiones entre comunidades y productores.
Un desafío pendiente
El Gobierno asegura que priorizará el respeto a la propiedad privada y la ley, pero el reto va más allá de los operativos. Resolver el problema exige limpiar el sistema de titulación, sancionar el tráfico de tierras y dar seguridad jurídica real al productor.
Mientras eso no ocurra, el país seguirá pagando una doble factura: recursos públicos destinados a desalojos y millones de bolivianos que se pierden por campos que, en lugar de producir alimentos, permanecen atrapados en el conflicto.
Redacción: Publiagro
