La aprobación de la Ley 157 ha generado debate en el sector agropecuario; sin embargo, la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) salió al frente para aclarar su alcance y respaldar la normativa, enfatizando que no vulnera derechos, sino que abre nuevas oportunidades para los pequeños productores.
Según la institución, la ley responde a una demanda histórica: permitir que agricultores con pequeña propiedad puedan, de manera voluntaria, convertirla en mediana propiedad para acceder a financiamiento bancario, una limitante estructural que ha frenado el desarrollo productivo por años.
“El principal problema es que la pequeña propiedad, al ser inembargable, no puede ser utilizada como garantía. Esto restringe el acceso a créditos, tecnología y capital de trabajo”, explicó Abraham Nogales, presidente de Anapo.
Acceso a financiamiento: el punto central
Desde Anapo se remarca que la ley no obliga a ningún productor a modificar su estatus. Por el contrario, mantiene intactos los derechos de quienes decidan conservar su condición actual.
La clave de la normativa es la voluntariedad, ya que permitirá a quienes opten por la conversión gestionar este proceso ante el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), habilitando así el acceso a créditos en mejores condiciones.

Productores representados por Anapo
- Total de productores afiliados: más de 14.000
- Segmentación: pequeños, medianos y grandes productores
- Región: principales zonas productivas de Santa Cruz
Este dato refleja la importancia del alcance de la norma, considerando que una gran parte de estos productores enfrenta restricciones para financiar sus actividades.
Marco constitucional y garantías
Anapo también aclaró que la Ley 157 se encuentra plenamente respaldada por la Constitución Política del Estado. El artículo 394 establece la clasificación de la propiedad agraria (pequeña, mediana y empresarial) y contempla mecanismos de conversión regulados por ley.
En ese sentido, la organización insiste en que la normativa no elimina la figura de pequeña propiedad ni afecta su protección, sino que amplía las opciones disponibles dentro del marco legal vigente.
Condiciones para su implementación
La institución advirtió que el éxito de la ley dependerá de su correcta reglamentación. Por ello, anunció que hará seguimiento al proceso para garantizar que los trámites sean accesibles y gratuitos.
“Si existen costos elevados, se corre el riesgo de excluir al pequeño productor real y favorecer la especulación”, advirtió Nogales.
Una herramienta para fortalecer el agro
Anapo considera que, bien aplicada, la Ley 157 puede convertirse en un instrumento clave para mejorar la productividad, facilitar inversiones y dinamizar el sector agrícola.
El objetivo, recalcan, es beneficiar al productor que trabaja la tierra, genera alimentos y aporta al desarrollo económico del país.
En medio de cuestionamientos, la institución busca centrar el debate en el fondo del problema: la falta de acceso a financiamiento en el agro, una barrera histórica que esta normativa intenta resolver sin afectar derechos adquiridos.
Redacción: Publiagro


















