La nueva normativa responde a un reclamo histórico del sector productivo, que denuncia el impacto económico y social del robo de ganado en distintas regiones del país
El robo de ganado en Bolivia, conocido como abigeato, dio un paso importante hacia su penalización más estricta. La Cámara de Senadores aprobó una norma que eleva las penas de cárcel hasta ocho años en casos agravados, en respuesta a una problemática que durante años ha golpeado duramente al sector ganadero.
La modificación del artículo 350 del Código Penal establece que quienes incurran en este delito podrán enfrentar sanciones más severas, pasando de un rango anterior de uno a cinco años de prisión a penas que, en situaciones graves, alcanzan entre cuatro y ocho años de privación de libertad.
Según explicó la senadora Marcela Guerrero, impulsora de la iniciativa, la medida busca frenar un delito que afecta directamente a miles de familias productoras. “El abigeato debe dejar de golpear a todas las familias que se dedican a esta actividad”, señaló, remarcando que detrás de cada animal robado existe inversión, trabajo y sustento.
La normativa incorpora además una serie de agravantes que endurecen las sanciones. Entre ellas se encuentran los casos en los que el delito se comete en grupo, involucra varios animales, afecta ganado de alto valor genético, se realiza con violencia o armas, o incluso cuando existe una relación laboral entre el autor y la víctima.
Pérdidas millonarias y subregistro
El endurecimiento de penas llega en un contexto en el que el abigeato continúa generando importantes pérdidas económicas en el país. De acuerdo con datos del sector ganadero, como los reportes de Fegasacruz, las pérdidas por este delito ascienden a cifras millonarias cada año, impactando directamente en la rentabilidad de los productores.
A esto se suma un factor crítico: el subregistro. Muchos ganaderos optan por no denunciar los robos debido a los costos, la burocracia o la falta de resultados en los procesos judiciales, lo que sugiere que el impacto real del abigeato podría ser incluso mayor al reportado oficialmente.
“El abigeato deja pérdidas millonarias y afecta directamente la seguridad productiva; el Senado busca frenarlo con sanciones más severas”
En regiones como Beni, Santa Cruz y parte del Chaco, los casos son recurrentes e incluso se han detectado estructuras organizadas dedicadas al robo, traslado y faenado ilegal de animales. Recientemente, operativos policiales han logrado desarticular bandas con decenas o incluso cientos de reses robadas, evidenciando la magnitud del problema.
Un reclamo histórico del sector
El endurecimiento de la normativa responde a una demanda sostenida del sector ganadero, que durante años ha solicitado mayores garantías para proteger su producción. Organizaciones productivas han advertido que el abigeato no solo genera pérdidas económicas, sino que también desincentiva la inversión, afecta la seguridad rural y pone en riesgo la sostenibilidad del sistema productivo.
Además, el robo de ganado tiene efectos colaterales en la cadena alimentaria, ya que el faenado clandestino puede representar riesgos sanitarios para la población, al no cumplir con controles adecuados.
Hacia una mayor protección del productor
La nueva ley, que aún espera su promulgación por el Órgano Ejecutivo, busca fortalecer el marco legal para combatir este delito y generar un efecto disuasivo más contundente. Sin embargo, desde el sector productivo se insiste en que la normativa debe ir acompañada de acciones complementarias, como mayor control territorial, fortalecimiento institucional y acceso a justicia eficiente.
El desafío, señalan los productores, no solo es endurecer las penas, sino garantizar su aplicación efectiva.
Con esta medida, el país da un paso hacia la protección de uno de los pilares del sector agropecuario. No obstante, el éxito de la norma dependerá de su implementación y del compromiso conjunto entre autoridades y productores para frenar un delito que, hasta ahora, ha operado con relativa impunidad.
Redacción: Publiagro
