La nueva directora plantea recuperar la institucionalidad, concluir el saneamiento agrario y enfrentar los avasallamientos con apego estricto a la ley
La designación de Mónica Justiniano como nueva directora departamental del INRA en Santa Cruz marca un punto de inflexión en una institución clave para el desarrollo rural y productivo del país. En su primera evaluación pública, Justiniano trazó un diagnóstico crítico del proceso agrario boliviano y delineó una agenda de trabajo centrada en la recuperación institucional, la legalidad y la seguridad jurídica para el productor.
A casi treinta años de la promulgación de la Ley 1715, que creó el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y estableció el saneamiento como procedimiento técnico-jurídico para regularizar derechos propietarios, el balance es complejo. Antes de 2006, el proceso avanzó con limitaciones en ritmo y cobertura, especialmente en regiones de alta conflictividad como el oriente boliviano. Con la llegada del gobierno del MAS, la Ley 3545 de Reconducción Comunitaria modificó el marco legal con un enfoque más social, pero —según Justiniano— el proceso terminó distorsionándose por la manipulación política del INRA, que dejó de cumplir su rol técnico para convertirse en un instrumento de ocupación irregular de tierras.
“Se instrumentalizó el saneamiento para viabilizar el avasallamiento de propiedades privadas y tierras fiscales, incluso en áreas protegidas como reservas forestales y parques nacionales”, sostuvo. Uno de los impactos más graves fue el cambio arbitrario de uso de suelo en zonas de producción forestal permanente, lo que abrió la puerta a la distribución irregular de tierras en la Chiquitanía, con consecuencias directas sobre los bosques y la seguridad jurídica.
Frente a ese escenario, Justiniano afirma que su gestión tendrá como eje central la recuperación y fortalecimiento institucional del INRA, aplicando la ley sin distorsiones ni presiones políticas. “El único camino para reencauzar y concluir el saneamiento es el respeto estricto a la norma”, remarcó.
Uno de los pilares será el fortalecimiento del equipo técnico-profesional. La nueva directora plantea que el personal del INRA debe ser idóneo y capacitado para cumplir los fines de la institución, evitando repetir los vacíos y vicios que marcaron gestiones anteriores. En paralelo, anunció una auditoría técnico-jurídica a los procesos agrarios de dotación de tierras, con énfasis en zonas donde se cambió el uso de suelo para una distribución irregular. De confirmarse ilegalidades, esas tierras deberán revertir al dominio del Estado.
Otro eje estratégico será la consolidación del catastro rural, herramienta clave para garantizar la seguridad jurídica y ordenar el territorio. Este proceso se realizará con participación de los municipios, tal como establece la ley, con el objetivo de generar información confiable sobre la tenencia y uso de la tierra en Santa Cruz.
Justiniano también adelantó que su gestión trabajará de forma coordinada con autoridades departamentales y actores productivos, buscando reconstruir la confianza en una institución que ha sido cuestionada por años. Para el sector agropecuario, este cambio representa una oportunidad para restablecer reglas claras y previsibilidad sobre la propiedad de la tierra, un factor determinante para la inversión y la producción.
“La tierra vuelve al centro del debate productivo, jurídico y ambiental en Santa Cruz”
Avasallamientos, el desafío inmediato
El tema más sensible y urgente es el de los avasallamientos, que en los últimos años se han convertido en una de las principales fuentes de conflicto en el campo cruceño. Predios productivos, tierras fiscales y hasta áreas protegidas han sido ocupadas de manera ilegal, generando inseguridad jurídica, pérdida de producción y deterioro ambiental.
Desde el INRA, Justiniano sostiene que la institución debe cumplir un rol técnico y legal en estos procesos. “Ayudaremos a las autoridades competentes para el desalojo de propiedades avasalladas, siempre dentro de nuestras competencias”, explicó. Esto implica identificar con precisión la situación jurídica de los predios, verificar si existe título válido y establecer si se trata de tierras fiscales o privadas.
La auditoría anunciada permitirá detectar dotaciones irregulares realizadas en gestiones pasadas y revertirlas al Estado. En este marco, el INRA puede aportar información clave a la Fiscalía, Policía y autoridades judiciales para sustentar procesos de desalojo, siempre que exista respaldo legal. El objetivo, según la nueva directora, es romper el círculo de impunidad que ha incentivado nuevas ocupaciones.
Perfil profesional
Mónica Justiniano cuenta con formación vinculada al ámbito agrario y territorial, con experiencia en gestión pública relacionada a la administración de tierras y normativas agrarias. Su trayectoria incluye trabajo técnico en procesos de saneamiento, conocimiento de la legislación rural y participación en instancias de planificación territorial, lo que le permite comprender tanto la dimensión jurídica como productiva del problema de la tierra en Santa Cruz.
Este perfil, orientado a lo técnico y legal, es el que busca imprimir a su gestión: menos discurso político y más procedimiento institucional, en un departamento donde la tierra no solo es un bien social, sino la base del aparato productivo agrícola, ganadero y forestal.
La llegada de Mónica Justiniano al INRA Santa Cruz abre una etapa marcada por el desafío de ordenar el territorio, frenar la ocupación ilegal y devolver credibilidad a la institución. En un contexto donde la seguridad jurídica es clave para la producción y la conservación ambiental, el rol del INRA vuelve a ser estratégico. El reto será traducir los anuncios en hechos y demostrar que la ley puede volver a ser el principal instrumento de política agraria en Santa Cruz.
Redacción: Publiagro
