La entidad encargada de la sanidad agropecuaria enfrenta investigaciones por mala administración y casos de presunta corrupción, mientras su nuevo director impulsa reordenamientos con recortes y ajustes institucionales.
El Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG) —la institución estatal responsable de garantizar la sanidad agropecuaria y la inocuidad alimentaria en Bolivia, con funciones clave en controles sanitarios, certificación y protección del patrimonio productivo— atraviesa una de sus crisis institucionales más profundas en años recientes.
El director nacional, Erick Bruckner, reveló que auditorías internas detectaron daños económicos y una mala administración de recursos, especialmente por la contratación irregular de personal bajo la figura de “supernumerarios”. En respuesta, anunció que se iniciará el despido de estos funcionarios y la recomposición de la estructura con perfiles técnicos probos y criterios de meritocracia, en línea con las directrices presidenciales.
El hallazgo de estas irregularidades fue presentado como parte de un proceso de investigación más amplio del Gobierno, que también ha detectado daños económicos en otras entidades estatales por mal manejo administrativo. En ese contexto, los datos preliminares del SENASAG serán remitidos al Ministerio Público para avanzar con las investigaciones correspondientes.
Casos de corrupción y tensión institucional
La crisis en el SENASAG no es nueva. En años recientes surgieron denuncias que vinculan a funcionarios con actos de corrupción, incluida una investigación estatal sobre el propio director anterior por presuntas irregularidades en la emisión de guías de tránsito de productos agropecuarios.
«Tras la detección de irregularidades administrativas y denuncias de corrupción vinculadas incluso a amenazas que habrían costado vidas, el SENASAG intenta reorganizarse bajo una gestión orientada a la meritocracia y transparencia»
A finales de 2025, el sector productivo y autoridades coincidieron en que el SENASAG debía reformarse profundamente. El Gobierno y la Confederación Agropecuaria Nacional (Confeagro) acordaron trabajar en una ley para institucionalizar y fortalecer la entidad, con el objetivo de erradicar prácticas de corrupción y asegurar un funcionamiento transparente y eficaz de sus funciones sanitarias y de control.
La controversia también se entrelaza con hechos trágicos: recientemente, medios y autoridades vincularon el asesinato de un funcionario y dirigente social con presiones por negarse a ceder ante prácticas corruptas en el SENASAG, lo que subraya la gravedad de la problemática que enfrenta la institución.
Desafíos y expectativas
Frente a este escenario, el nuevo liderazgo del SENASAG enfrenta el enorme reto de recuperar confianza tanto en el sector productivo como en la ciudadanía, reorientar procesos internos, fortalecer controles y asegurar que la institución cumpla con su misión de proteger la salud animal, vegetal y la inocuidad alimentaria en todo el país.
El camino hacia una gestión transparente requerirá, además, de reformas legales, auditorías independientes y una política de cero tolerancia a la corrupción, para que el SENASAG pueda consolidarse como un pilar eficaz del desarrollo agropecuario boliviano.
Redacción: Publiagro
