CAO, Anapo y Fegasacruz exigen procesos concluidos, sanciones firmes y seguridad jurídica para el sector productivo.
La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) y la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz) se pronunciaron de manera conjunta frente a los recientes operativos de desalojo de avasalladores y la persistente inseguridad jurídica que, según señalaron, afecta de forma directa a los productores cruceños y pone en riesgo la producción agropecuaria.
El presidente de la CAO, Klaus Frerking, afirmó que los avasallamientos no son un problema exclusivo de Santa Cruz, sino que se presentan a nivel nacional, lo que evidencia la necesidad urgente de establecer reglas claras que brinden certidumbre a quienes producen en el país. En ese sentido, cuestionó quién asume la responsabilidad por los daños ocasionados y las pérdidas económicas que sufren los propietarios.
“¿Quiénes responden a todos los daños que están realizando los avasalladores, quienes son los responsables de las pérdidas, están sufriendo los propietarios, quienes asumen los gastos que incurren en todos los desalojos a todas esas propiedades?, como CAO presentamos una lista a la Gobernación donde los mismos propietarios a presentado su documentación”, expresó Frerking.
De acuerdo con datos manejados por la CAO, serían más de 90 mil hectáreas avasalladas solo en el departamento de Santa Cruz, por lo que el sector exige respeto a la propiedad privada, al medio ambiente y al Estado de derecho. En esa línea, Frerking destacó y respaldó las acciones encaradas por la Gobernación cruceña en coordinación con la Policía.
“Aplaudimos las acciones del Gobernador de Santa Cruz, por ir con la policía a los predios de las Londras, a los predios del norte de Santa Cruz donde esperemos se comience a detener a los cabecillas para que tenga un juicio para que tengan una condena”, manifestó.
Por su parte, el presidente de Fegasacruz, Walter Ruíz, sostuvo que uno de los principales problemas radica en el propio sistema de saneamiento y titulación de tierras, que no permite resultados oportunos y efectivos. Según indicó, la titulación de una propiedad puede tardar entre 15 y 20 años, lo que abre espacio a conflictos e irregularidades.
«Hay un INRA que sigue adivinando quién es el propietario de ciertas propiedades productivas, siguen diciendo que están en saneamiento y es importante que este país termine el saneamiento, que mantengamos un INRA estrictamente técnico y que no dé la oportunidad a que el avasallador salga a decir, estas tierras todavía no están tituladas»
“Hay un INRA que sigue adivinando quién es el propietario de ciertas propiedades productivas, siguen diciendo que están en saneamiento y es importante que este país termine el saneamiento que mantengamos un INRA estrictamente técnico y que no dé la oportunidad a que el avasallador salga a decir que estas tierras todavía no están tituladas”, señaló.
El representante del sector ganadero también denunció la falta de aprehendidos y sentencias firmes contra los avasalladores, y exigió sanciones duras que sienten precedentes. Si bien agradeció la predisposición de las autoridades para llegar hasta los predios afectados, advirtió que la ausencia de resultados judiciales deja a los productores en una situación de extrema vulnerabilidad.
“Pero también exigimos que los procesos se terminen, porque cuando se va a una propiedad y no hay aprehendidos, cuando la policía se retira de esos predios el que está expuesto es el productor, porque se queda en su casa solo y muchos abusivos en tropa vuelven dos, tres días después a amenazar, a secuestrar, amarrarlo, como ya ha pasado antes”, lamentó.
En ese marco, las instituciones productivas pidieron que se dé continuidad a los operativos de desalojo ya iniciados en los predios de Las Londras y en la zona norte del departamento, de modo que no se trate de acciones aisladas sino de una política sostenida.
Desde el sector agrícola, el presidente de Anapo, Abraham Nogales, afirmó que los operativos de desalojo constituyen una señal positiva para comenzar a erradicar el problema de raíz, aunque remarcó que se requiere un trabajo permanente y coordinado.
“Aplaudimos la buena voluntad del gobernador y de la policía pero creemos que esto debe ser un trabajo constante y a largo plazo, estratégico con diferentes instituciones que van a participar para tener un resultado contundente”, indicó.
Finalmente, los productores coincidieron en la necesidad de contar con un INRA técnico y no político, que haga cumplir la ley, concluya el saneamiento de tierras y brinde seguridad jurídica a quienes apuestan por la producción y el desarrollo del país.
Fuente: Publiagro
