Productores advierten presuntas irregularidades por más de Bs 15 millones y riesgo para la cadena textil nacional.

El sector algodonero boliviano atraviesa un estado crítico de vulnerabilidad estructural que pone en riesgo la soberanía productiva nacional, el empleo rural y la seguridad económica de miles de familias. La producción de algodón no solo es clave para la actividad agrícola, sino que también sostiene a diversas industrias vinculadas a la cadena textil, generando numerosas fuentes de trabajo y dinamizando economías locales. Sin embargo, la actual situación compromete seriamente la continuidad del sector y el funcionamiento de toda la cadena textil nacional.
En este contexto, la Federación de Productores de Algodón (FEDEPA), a través de su representante Jesús Arce, presentó un pronunciamiento y solicitud formal de acciones ante la Brigada Parlamentaria de Santa Cruz. La entidad, que agrupa a pequeños y medianos productores algodoneros del departamento, advirtió que en los últimos años el sector ha sido afectado por una serie de decisiones estatales, omisiones administrativas y presuntas irregularidades en la ejecución de políticas públicas, provocando una profunda crisis productiva, financiera e institucional que amenaza la sostenibilidad del algodón en Bolivia.
Durante la exposición, Arce dio lectura a la denuncia en la que se detalla que el Programa Nacional de Apoyo al Fortalecimiento de Producciones de Algodón de Bolivia, con vigencia entre 2022 y 2025 y un presupuesto asignado de 122 millones de bolivianos, presenta graves indicios de ineficiencia, mala gestión y presunta malversación de recursos públicos.
“La principal obra, la planta desmotadora de algodón adjudicada en 37 millones de bolivianos, se encuentra paralizada judicialmente, con un 65% de avance según informes, pero cuando fuimos hacer la inspección ocular verificamos que solo tiene un 30% y tiene un 88% de ejecución financiera. Estos datos evidencian posible daño económico al Estado superior a los 15 millones de bolivianos”, denunció Arce.
Asimismo, señaló que el entonces Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, a través del INIAF, dejó de ejecutar recursos destinados a la producción y apertura de mercados, los cuales fueron revertidos debido a la incapacidad de gestión institucional. Según FEDEPA, durante la ejecución del programa se constató que una parte significativa de los recursos fue utilizada para beneficiar a sectores afines al gobierno de turno. En ese sentido, indicaron que organizaciones como las Bartolinas recibieron maquinaria y agroquímicos, en desmedro de los productores algodoneros.
«La principal obra, la planta desmotadora de algodón adjudicada en 37 millones de bolivianos, se encuentra paralizada judicialmente, con un 65% de avance según informes, pero cuando fuimos hacer la inspección ocular verificamos que solo tiene un 30% y tiene un 88% de ejecución financiera. Estos datos evidencian posible daño económico al Estado superior a los 15 millones de bolivianos»

El segundo punto central de la denuncia se refiere a la compra irregular de algodón por parte de la Caja Nacional de Salud (CNS), que adquirió 20 toneladas de algodón hidrófilo importado desde Brasil, pese a la impugnación formal presentada por una empresa nacional. Según Arce, esta operación vulnera la Constitución Política del Estado en sus artículos 41, 318 y 320, y ocasionó un daño directo a los productores nacionales y a las empresas bolivianas procesadoras de algodón hidrófilo.
Estas irregularidades, explicó el dirigente, han derivado en una crisis productiva y en la falta de mercado para la producción local. Actualmente existen alrededor de 3.500 fardos de algodón sin mercado, lo que impide a los productores acceder a financiamiento para la campaña agrícola 2026. Esta situación, advirtió, repercutirá directamente en una mayor importación de algodón, debido a la imposibilidad de alcanzar la autosuficiencia productiva.
“El pedido del sector es la apertura inmediata de una investigación parlamentaria, solicitando la remoción del director de Senatex, quienes aseguran fueron quienes endeudaron a esta empresa y siguen todavía porque el actual director es afín al anterior gobierno”, afirmó Arce.
Entre las solicitudes presentadas, FEDEPA demanda una auditoría externa integral a los programas algodoneros, a la CNS y a la empresa estatal Senatex, así como la remisión de antecedentes al Ministerio Público por presuntos delitos contra la Ley General del Estado. También piden el inicio de procesos administrativos, civiles y penales contra los responsables de las irregularidades denunciadas.
De igual forma, el sector exige la adopción de medidas urgentes de reactivación productiva para el algodón. FEDEPA advirtió que la omisión de acciones por parte de las autoridades competentes podría configurar responsabilidades por incumplimiento de deberes y generar mayores daños económicos al Estado.
Finalmente, alertaron que debido a la escasa siembra de algodón en la presente campaña, al menos 60 productores ya se encuentran directamente afectados, profundizando aún más la crisis de un sector estratégico para la economía y el empleo rural del país.

Fuente: Jesús Arce
Redacción: Publiagro












