Estudio en cinco países de la Comunidad Andina y Mercosur identifica riesgos para la salud, biodiversidad y seguridad alimentaria, y propone modelos productivos sostenibles
El Instituto Para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS) ha presentado una exhaustiva investigación titulada “Plaguicidas químicos de uso agrícola en países y territorios de la Comunidad Andina y el Mercosur”. Este estudio, desarrollado entre octubre de 2024 y junio de 2025 en Argentina, Bolivia, Colombia, Paraguay y Perú, tiene como objetivo fortalecer la cooperación regional y fomentar una profunda reflexión sobre los modelos de producción que garanticen la seguridad y soberanía alimentaria en la región. La investigación y su publicación contaron con el apoyo y financiamiento de Pan para el Mundo, la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), CCFD-Terre Solidaire y Humundi.
Incremento alarmante y efectos multidimensionales
El documento central de la investigación parte de una preocupación crítica: a pesar de la existencia de acuerdos y normas regionales en la Comunidad Andina (CAN) y el Mercosur sobre el registro, uso y control de plaguicidas, en la última década se ha observado un incremento en la importación y uso indiscriminado de plaguicidas prohibidos, llegando incluso a triplicarse en algunos países. Estos plaguicidas son utilizados no solo por la gran agroindustria, sino también por numerosos medianos y pequeños productores campesinos, así como por algunas poblaciones indígenas.
Los efectos socioambientales identificados son múltiples y graves. Entre ellos se incluyen: la presencia de residuos tóxicos en los alimentos consumidos por la población, los daños a la salud de trabajadores y aplicadores, la afectación de cultivos y comunidades circunvecinas expuestas a fumigaciones, el debilitamiento de la autonomía y capacidad productiva de los productores agroecológicos y de pequeña escala, así como los impactos sobre la salud de los ecosistemas, incluyendo la muerte masiva de insectos y microfauna, particularmente de abejas, cuyo rol es fundamental para la biodiversidad.
«Se espera que las evidencias y propuestas de este estudio contribuyan a fortalecer la cooperación regional, incidir en políticas públicas basadas en la justicia ambiental y la salud colectiva»
Como se detalla en la introducción del documento, el estudio ofrece un análisis clave sobre las tensiones entre la integración regional, las competencias nacionales y las realidades territoriales, en un momento marcado por la urgencia de transitar de la dependencia de insumos químicos hacia prácticas agroecológicas que cuiden la salud, la biodiversidad y las economías locales.
Cooperación, políticas y transición agroecológica
El equipo de coordinación general, conformado por Paula Aldana Lucero, Lorenzo Soliz Tito y Oscar Bazoberry Chali, junto con los autores Javier Souza Casadinho, María Agustina Etchegoyen, Guillermo Villalobos Moreira y Alejandro Henao Salazar, orienta los resultados de la investigación hacia tres grandes objetivos: fortalecer la cooperación regional, reflexionar sobre modos de producción alternativos que garanticen la seguridad y soberanía alimentaria, y aportar al diseño de estrategias que reduzcan la dependencia de paquetes tecnológicos basados en plaguicidas altamente peligrosos (PAP), mitiguen los impactos negativos asociados a su uso y promuevan una transición hacia una agricultura más segura, saludable y sustentable.
En línea con su objetivo institucional, el IPDRS promueve la economía campesina e indígena y las alternativas agroecológicas, consideradas esenciales para fortalecer los medios de vida rurales, preservar la biodiversidad y garantizar alimentos sanos. La agroecología, además, articula la producción con la comercialización de cercanía, abasteciendo a las ciudades con productos frescos, dinamiza las economías locales, promueve la participación de mujeres y jóvenes, y refuerza la capacidad de adaptación ante emergencias climáticas y económicas.
Se espera que las evidencias y propuestas de este estudio contribuyan a fortalecer la cooperación regional, incidir en políticas públicas basadas en la justicia ambiental y la salud colectiva, y sirvan para nutrir y fortalecer la agenda de los movimientos sociales y de todas las personas que luchan por sistemas alimentarios sostenibles de base agroecológica, buscando acelerar y ampliar la escala de esta transición.
Fuente: Publiagro
