Mientras ganaderos y agroindustriales alertan que la abrogación de las leyes 741, 1171 y 337 afectaría la seguridad alimentaria y la economía rural, ambientalistas y comunidades exigen su derogación por el aumento de incendios y deforestación. Candidatos presidenciales proponen enfoques opuestos: Quiroga apuesta por seguridad jurídica y biotecnología, Paz por descentralización y créditos accesibles
La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) decidió este jueves aplazar hasta la próxima legislatura el tratamiento de los proyectos de ley que buscan abrogar las normas 741, 1171 y 337, conocidas como el «paquete incendiario». La decisión, impulsada por la diputada arcista Blanca López, argumenta la necesidad de mayor socialización y análisis técnico con los sectores involucrados. Sin embargo, la medida ha generado reacciones encontradas entre los actores agroproductivos, que defienden posturas opuestas sobre el futuro de estas regulaciones.
Leyes en disputa y sus impactos
Las normas aplazadas son:
- Ley 741 (2015): Autoriza desmontes de hasta 20 hectáreas para pequeñas propiedades y comunidades, con el objetivo de impulsar la producción agropecuaria.
- Ley 1171 (2019): Regula el uso y manejo racional de quemas, pero ha sido criticada por facilitar «perdonazos» a quemas ilegales y no haber sido reglamentada adecuadamente
- Ley 337 (2013): Promueve la producción de alimentos y la restitución de bosques, aunque su aplicación ha sido cuestionada por falta de controles efectivos.
Según datos de la Fundación Tierra, durante la vigencia de la Ley 741 (2016-2022), se desmontaron cerca de 460.000 hectáreas a nivel nacional, con un promedio anual de 65.700 hectáreas, sin que esto se tradujera en un aumento significativo de la producción de alimentos
Reacciones de los actores agroproductivos
A favor de mantener las leyes
- Confederación de Ganaderos de Bolivia (Congabol): Su presidente, Walter Ruiz, advirtió que la abrogación de la Ley 1171 dejaría sin marco legal a las quemas controladas, afectando la producción ganadera y la seguridad alimentaria. «Esta ley permite identificar responsables en caso de incendios descontrolados, pero su reglamentación sigue pendiente. Sin ella, los productores quedarían en la incertidumbre», señaló.
- Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO): Argumenta que la abrogación de la Ley 741 perjudicaría a pequeños y medianos productores, quienes dependen del desmonte para expandir sus cultivos y pastizales. «No se puede criminalizar a quienes buscan producir alimentos para el país», declaró un portavoz de la entidad.
- Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (FSUTCC): Defiende que estas leyes son necesarias para garantizar el acceso a la tierra y la producción de alimentos básicos como arroz, maíz y trigo.
En contra de las leyes
- Fundación Tierra y ambientalistas: Denuncian que las leyes han impulsado la deforestación y el tráfico de tierras, sin contribuir a la seguridad alimentaria. «El 90% de los desmontes no se destinaron a cultivos, sino a especulación y ganadería extensiva», afirmó un informe de la organización.
- Senadora Centa Rek: Mediante una entrevista a Newtime, reitera que la Ley 741 «no ha cumplido su objetivo de aumentar la producción, pero sí ha generado incendios y deforestación masiva».
- Comunidades indígenas y originarias: Exigen la abrogación para proteger sus territorios y los bosques, afectados por cadaos y quemas indiscriminadas.
«La postergación del debate sobre las leyes de desmonte en Bolivia deja al descubierto un conflicto entre la necesidad de producir alimentos y la urgencia de frenar la deforestación, con actores agroproductivos y candidatos presidenciales en bandos enfrentados.»
Propuestas de los candidatos presidenciales
Jorge «Tuto» Quiroga (Alianza Libre)
Quiroga propone un Pacto Agropecuario basado en cuatro ejes:
- Seguridad jurídica: Titulación clara de tierras y protección a la propiedad privada.
- Biotecnología: Uso de semillas mejoradas y técnicas modernas para aumentar la productividad sin expandir la frontera agrícola.
- Combustibles: Garantizar suministro para el sector agropecuario, evitando cuellos de botella en la producción.
- Reforma legal: Revisión de las normas ambientales para equilibrar producción y conservación, con énfasis en la industrialización del campo.
«No se trata de desmontar más, sino de producir mejor. Bolivia necesita una revolución tecnológica en el agro, no más deforestación», declaró Quiroga en un foro con productores.
Rodrigo Paz (Partido Demócrata Cristiano)
Paz promueve un modelo de «capitalismo para todos», con las siguientes propuestas:
- Descentralización: Transferir recursos y decisiones a las regiones para que gestionen sus políticas agropecuarias y ambientales.
- Créditos accesibles: Facilitar financiamiento a pequeños productores para modernizar sus cultivos y reducir la presión sobre los bosques.
- Reforma judicial: Combatir el tráfico de tierras y la corrupción en la asignación de permisos de desmonte.
- Energías limpias: Incentivar la transición hacia prácticas sostenibles, aunque sin descartar el uso de quemas controladas donde sea necesario.
«La solución no es prohibir, sino ordenar y apoyar a quienes producen. El Estado debe ser un facilitador, no un obstáculo», afirmó Paz durante su campaña.
Análisis: ¿Producción vs. Conservación?
El debate refleja una división profunda:
- Los defensores de las leyes argumentan que su abrogación afectaría la economía rural, especialmente en Santa Cruz y Beni, donde la ganadería y la agricultura son pilares económicos.
- Los detractores señalan que las normas han sido usadas para justificar la deforestación y los incendios, sin beneficios reales para la seguridad alimentaria.
Expertos coinciden en que el desafío es diseñar políticas que permitan producir sin destruir, combinando tecnología, control estatal y participación comunitaria. La postergación del debate en la ALP deja en suspenso una decisión clave, mientras los incendios forestales siguen amenazando vastas áreas del país.
La discusión sobre las leyes de desmonte en Bolivia no solo es técnica, sino política y social. La próxima legislatura deberá encontrar un equilibrio entre las demandas de los productores y la urgencia de proteger los recursos naturales, en un contexto donde los candidatos presidenciales ofrecen visiones distintas: Quiroga apuesta por la modernización tecnológica y la seguridad jurídica, mientras Paz prioriza la descentralización y el acceso al crédito. Mientras tanto, el campo boliviano sigue en espera de respuestas que garanticen tanto su sustento como la sostenibilidad ambiental.
Fuente: Publiagro
