Advierten que la prohibición aumenta el riesgo de incendios voraces y denuncian sanciones injustas aplicadas por la ABT; esperan una respuesta positiva desde La Paz
La semana pasada, ganaderos del departamento del Beni sostuvieron una reunión con representantes de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), con el objetivo de exigir nuevamente la derogación de los decretos supremos 5203 y 5225. Estos decretos, que regulan y sancionan las quemas, han sido duramente cuestionados por el sector productivo ganadero de la región.
Durante la reunión, las autoridades de la ABT se comprometieron a evaluar el pedido de los productores y anunciaron que no se aplicarán multas hasta que se alcance una solución definitiva.
Fernando Cuéllar, presidente de la Asociación de Ganaderos de Cercado (Asocercado), explicó que en el Beni, desde el mes de marzo, ya se realizaban las quemas de las zonas altas, una práctica ancestral que cumple una función específica en el manejo de la tierra.
“Desde marzo en el Beni ya comenzaban con las quemas de las alturas, una práctica que se realiza desde siempre porque es una forma de control de víboras, malezas y evita que en septiembre y octubre llegan los incendios voraces”, sostuvo.
El dirigente enfatizó que la prohibición de estas quemas preventivas ha generado una acumulación peligrosa de material vegetal seco, lo que aumenta el riesgo de incendios descontrolados. En ese sentido, aclaró: “Cómo no se nos ha permitido la quema, ya tenemos una capa seca, por lo que sí hay una quema en algún lugar se pone difícil de controlar y arrasa con todo, y eso le hemos dicho. Si analizamos los últimos años, desde que se prohibieron las quemas, los incendios son más fuertes, voraces. Nosotros no quemamos montes, quemamos pampas”.
Respecto a los decretos 5203 y 5225, Cuéllar consideró que son inconstitucionales, dado que establecen sanciones económicas sin respaldo legislativo.
«La multa es de mínimo 500 a 600 UFV, y no lo calculan por el área quemada, sino por toda el área. Es decir, si son 3 mil hectáreas y se quemaron mil, les cobran por las 3 mil”
“Esos decretos son inconstitucionales porque ningún decreto puede emitir una sanción económica y que para eso debe hacerse una ley”, afirmó.
El dirigente recordó que actualmente existe una norma marco sobre el tema: “Existe la Ley 1171 que está vigente y habla netamente de quemas, pero falta su reglamentación para que tenga su fijación total. Esa es una responsabilidad de la ABT y del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. Nosotros estamos en total desacuerdo en la aplicación de esos decretos”, señaló con firmeza.
Cuéllar también denunció que las sanciones impuestas no se calculan sobre el área efectivamente quemada, sino sobre la totalidad de la propiedad, lo que consideran un abuso. “La multa es de mínimo 500 a 600 UFV, y no lo calculan por el área quemada, sino por toda el área. Es decir, si son 3 mil hectáreas y se quemaron mil, les cobran por las 3 mil”, explicó.
Finalmente, el presidente de Asocercado informó que en la reunión se llegó al acuerdo de iniciar gestiones institucionales para elevar el reclamo a las instancias superiores del gobierno. “En la reunión se quedó que van a realizar las gestiones porque ellos vienen con instrucciones de La Paz y ellos, como están con ese trabajo, van a trasladar. Y como Asocercado, esta semana les va a hacer llegar por escrito también a La Paz nuestra disconformidad y esperamos una respuesta positiva”, concluyó.
Fuente Fernando Cuellar
Redacción: Publiagro
