La Red Eclesial de la Amazonia de Bolivia (Repam-Bolivia), a través de un pronunciamiento, planteó al Ejecutivo y Legislativo la anulación de las normas que promueven prácticas de riesgo de incendios y afectaciones al medio ambiente.
“Se exhorta (…) a promover acciones concretas de protección de la naturaleza a los organismos económicos y sociales a asumir la salvaguarda de la casa común”, señala el documento.
En el comunicado se interpela, además, al sistema de justicia por no haber emitido criterio alguno frente a reclamos que, en su momento, fueron planteados como “injustos y criminales” y que necesitaban de la acción judicial oportuna.
En este sentido, las normas comprometidas con la afectación al medioambiente tienen que ver con la quema controlada, chaqueos, para fines de ampliación de la frontera agroindustrial.
La demanda cuestionó la aprobación y vigencia de las leyes 1171/2019 y 741/2105, además del Decreto Supremo 3973/20 relativos al desmonte de hasta 20 hectáreas. Unas 6,4 millones de hectáreas en la amazonia de Santa Cruz y Beni fueron afectadas durante el incendio que se prolongó entre julio y septiembre de 2019, cuando el gobierno del MAS se negó a declarar desastre natural para atender esta contingencia.
El siniestro se extendió hasta los ecosistemas del Chaco y El Pantanal afectando el hábitat de animales nativos, ya en riesgo por la caza furtiva, aves exóticas y las más de 6341 especies de plantas registradas.
En 2020 el índice de incendios forestales se redujo en 80% respecto del 2019. No obstante, se verificó que en 30 comunidades, al menos 75 predios realizaban la quema ilegal de tierras. “Aceptar responsabilidades requiere asumir un compromiso para corregir los errores. Esto nos llama al desafío de buscar nuevos caminos en que las legítimas aspiraciones de desarrollo vayan en armonía con la naturaleza”, dice parte del pronunciamiento.
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Fuente: Página siete
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