Los incendios de la Chiquitanía han puesto de relieve que la distribución de tierras no puede seguir desconectada de la extensión agrícola ni de un apoyo integral al pequeño agricultor. Los gobiernos son responsables de la destrucción de recursos naturales al dotar tierras sin criterio técnico ni apoyo posterior, en actitudes populistas y clientelistas.
Ingeniero Agrónomo Wolf Rolón Roth
Especializado en Desarrollo Rural.
El acceso a la tierra sin posibilidades de inversión obliga a sobreexplotarla para subsistir. Carentes de servicios de extensión agropecuaria, los agricultores pobres están obligados a sobrellevar la permanente amenaza del hambre y la migración, siendo muchas veces presa fácil de traficantes que los inducen a prácticas ilegales de comercio de tierras y productos del bosque.
No se puede pedir a un campesino que invierta en análisis de suelos, y menos en reponer nutrientes, cuando apenas tiene recursos para subsistir; que adopte sistemas agroforestales, cuando hace un esfuerzo enorme para sobrevivir en el monte. Éstas y muchas otras son labores que debe encarar el Estado como parte de una política integral de desarrollo agropecuario.
Pero en Bolivia los innumerables proyectos de apoyo al agro fueron siempre dispersos y coyunturales, jamás integrados a una política de Estado continua. Esta errante improvisación a lo largo de nuestra historia a través de entidades que fueron centros de clientelismo político en vez de instituciones de investigación y transferencia (IBTA, SIBTA, INIAF), condujo al minifundio y al abandono de áreas rurales, fortaleciendo un enorme sector terciario informal y provocando una gran migración de la zona templada al trópico.
