Según Fundación Tierra, la cantidad de áreas quemadas en Bolivia este año supera 5 millones de hectáreas y confirma que Santa Cruz es el más afectado por la práctica agraria y ganadera, además de 38 asentamientos en Chiquitania
La gran ganadería y los nuevos asentamientos, como principales involucrados en el incendio de la Chiquitania, derivó en la quema de 3,6 millones de hectáreas en Santa Cruz y un total aproximado a las 6 millones de ha a nivel Bolivia, sostiene el informe “Fuego en Santa Cruz” de la Fundación Tierra.
El “Balance de los Incendios forestales 2019 y su relación con la tendencia de la tierra”, elaborado con datos al 30 de septiembre, proyecta que la cantidad de hectáreas quemadas en Bolivia de 5 millones, superará el histórico de 2010 con más de 6 millones, y confirma que Santa Cruz es el departamento más afectado por la práctica agraria y ganadera, a la que se sumó los 38 asentamientos en la zona de la Chiquitania, registrados desde 2012.
El informe realiza una comparación de las hectáreas quemadas en las últimas dos décadas, confirmando que esta gestión significó el mayor desastre a nivel nacional, solo después de 2010 cuando se registraron 6.107.533 ha devastadas. Sin embargo, los datos de este año son parciales a septiembre y se llega a 5.027.975 ha, con lo que fácilmente ser podrá cerrar con una cifra mayor hasta diciembre.
SANTA CRUZ, DESASTRE HISTÓRICO
Santa Cruz fue el departamento más golpeado con el siniestro de la Chiquitania. El total de área quemada llegó al récord de 3.610.075 ha solo hasta septiembre, una cifra tendiente a crecer porque hasta el fin de semana todavía se registraban diez focos de calor que no fueron sofocados.
En el comparativo histórico, explica el informe, Beni siempre desarrollaba los chaqueos por encima de Santa Cruz, solo en 2010 las quemas fueron superiores en el oriente, coincidiendo con el incremento en el dato a nivel nacional de ese año.
Aquello se explica por la característica de pastizales de esas tierras que conlleva los llamados “ciclos reiterativos”, pero que se producen en las mismas tierras, sin extenderse a zonas boscosas.
Dentro del departamento, los municipios más afectados fueron “San Matías en la provincia Ángel Sandoval, que representa el 24 % del total de incendios del departamento. Le sigue San Ignacio de Velasco con 19 % y en tercer lugar se sitúa el municipio de Concepción en la provincia Ñuflo de Chávez con 14 %. Los tres municipios mencionados suman 56,4%, lo que representa más de la mitad de los incendios”.
En cuanto a la superficie afectada en el departamento, Fundación Tierra destaca cuatro zonas macro: Corredor San José-Puerto Suárez, San Matías, Velasco y Concepción, que concentran el 89 % de la superficie quemada de Santa Cruz, con 3.208.670 hectáreas afectadas del total de 3,6 millones ha.
“En el municipio de Roboré, la mancha más significativa que dejaron los incendios se encuentra en el tramo vial entre el centro poblado de Roboré y Carmen Rivero Torrez, siguiendo la carretera principal que avanza hacia Puerto Suárez. La intervención oportuna en la zona para el control del fuego, facilitada por su mayor acceso caminero y las alertas tempranas por las poblaciones del lugar, evitó un mayor desastre ambiental en la zona del valle de Tucabaca. Al sur, en los municipios de Charagua y Puerto Suárez se ubican los incendios que afectaron a los territorios Ñembi Guasu y Parque Nacional Otuquis”, explica el informe.
INVOLUCRADOS EN EL INCENDIO
En la parte conclusiva del informe remitido por Fundación Tierra a este medio de comunicación, se afirma que los involucrados en el siniestro de la Chiquitanía son las grandes propiedades y asentamientos antiguos, aquellos aprobados hasta 2008, como se observa en la Tierra Comunitaria de Origen – TCO, con la comunidad Tierra Firme en la que se quemó la totalidad de sus 44 mil ha.
Otro sector involucrado es la ganadería de San Matías, donde existen al menos 17 propiedades con tierras por encima del límite de 5 mil ha establecido en la Constitución Política del Estado – CPE.
Los asentamientos en la zona de San José de Chiquitos y Roboré también son identificados con siete comunidades, con títulos aprobados en 2014, que suman 19 mil hectáreas. “Las siete comunidades son: Paquiosillo, La Hacienda, El Soto, 12 de Octubre, Las Danielitas, Finaloba y 29 de Septiembre”.
A ello se añade al menos cinco grandes propiedades que se extienden por el municipio de Roboré.
Finalmente, se señala a 701 comunidades campesinas que recibieron la aprobación de asentamientos en Santa Cruz, por parte del Instituto Nacional de Reforma Agraria – INRA, desde 2010 con cerca de 822 mil hectáreas de territorio registrado y otro tanto, sin datos, que superaría el millón de hectáreas del oriente entregadas en una década.
“Las 701 comunidades con autorizaciones de asentamientos benefician con tierras fiscales a alrededor de 22.678 personas, a un promedio de 50 hectáreas por cada beneficiario. Las 701 comunidades con autorizaciones de asentamientos ocupan una superficie aproximada de 1.136.858 hectáreas”, remarca el informe.
GANADEROS ALIADOS AL RÉGIMEN
En ese marco, para Fundación Tierra la práctica regular de las quemas o “ciclos reiterativos”, se ejerció desde la gran ganadería situada a lo largo de las franjas de penetración de la frontera agropecuaria, localizadas principalmente en San Ignacio de Velasco y San Matías.
El documento confirma que existe una alianza entre el régimen de Evo Morales con los sectores corporativos del agro cruceño, que no salieron en defensa de los indígenas ni tampoco denunciaron los asentamientos en la Chiquitania.
Fundación Tierra identifica a esos sectores agropecuarios como la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz Bolivia (Cainco), Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz) que “tienen un pacto público-privado para la ampliación de la frontera agrícola, producción de los agrocombustibles (etanol y biodiesel), duplicación de ganado vacuno para la exportación de carne a China, entre otros”.
ASENTAMIENTOS, TCO Y COLONOS
En segundo lugar, como protagonistas de los incendios y por la extensión de terreno, están los indígenas y beneficiarios de las TCO, pero también, en un tercer puesto, se señala a los asentamientos o colonos.
Aunque en menor extensión, esos asentamientos en la franja de San José de Chiquitos y Roboré implicó la devastación del Área Protegida Ñembi Guasu.
Fundación Tierra también realizó el estudio de lugar de origen de esos asentamientos, siendo la mayor parte colonizadores de la propia Santa Cruz con 43 %, aunque la procedencia no está determinada si es autóctona o migrante. Le siguen colonizadores de Cochabamba (29 %), Potosí (9 %), Chuquisaca (7 %) y La Paz (3 %). Otros y sin datos suman 9 %.
En ese marco, el informe de la organización considera que no es correcto responsabilizar a los colonizadores del incendio en la Chiquitania, pues, además, más de la mitad de las hectáreas consumidas corresponden a tierras fiscales y en menor grado a propiedades comunitarias o privadas.
Sin embargo, Fundación Tierra considera que las críticas a esos asentamientos de colonos deben ser por la instrumentalización del campesino como sujeto político – partidario, en especial al sector de Cochabamba, trasladado al oriente.
“Tanto la población boliviana en general, las autoridades nacionales y subnacionales, como los actores involucrados en temas agrarios y ambientales, deben cuestionar los asentamientos de nuevas comunidades, no como si fueran los principales culpables de los incendios, sino por las pruebas muy consistentes de que los beneficiarios son parte, sobre todo, de una clase dirigencial privilegiada, íntimamente vinculada al MAS, que hace uso indebido a nombre de campesinos”.