El saneamiento de 10 millones de hectáreas representaría la suma de 10.000 millones de dólares, si se fijaría a un valor de 1.000 dólares la hectárea
Ante los incendios registrados en la Chiquitania, en el departamento de Santa Cruz, salieron varios cuestionamientos sobre dotación de tierras aún no saneadas, en esta región, y publicaron documentos de cronogramas de distribución en los lugares afectados.
Asimismo, responsabilizan al ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, de las irregularidades que se registran en el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), y por ello exigen transparentar sus acciones.
En base a datos del director de la Fundación Tierra, Gonzalo Colque, Diego Ayo dijo que el Ministro de Desarrollo Rural estaría envuelto en un negociado de distribución de tierras, junto a sus primos y hermanos, cuyo resultado económico alcanzaría a alrededor de 10.000 millones de dólares.
Ayo explicó, en un video, que hay 10 millones de hectáreas que deben ser saneadas, y el costo en promedio alcanzaría a 1.000 dólares por hectárea, y por lo tanto se estima una suma de 10.000 millones de dólares.
Mientras tanto, en las redes sociales se muestra un documento de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos del Departamento de Santa Cruz, en la que establece el rol de reuniones entre la entidad campesina y el INRA para dialogar sobre la dotación de tierras fiscales dentro de las TCOs de los Pueblos Indígenas, las disponibles y no disponibles, así como las que son declaradas en reservas municipales.
Ese documento fija la reunión para el 14 del presente mes, para tratar temas de tierras repartidas en la región dela Chiquitania, y por ellos algunas entidades defensoras del medioambiente exigen una explicación a las autoridades.
También circula una lista de las resoluciones de autorización de asentamientos para entrega a la Central Única de Campesinos de Santa Cruz, y en la misma figuran los municipios que fueron afectados por los incendios.
CORRUPCIÓN
La suma que alcanzaría la comercialización de tierras en el oriente es calificado como el hecho de corrupción que superó al Fondo Indígena o al caso Zapata, debido a la cifra que se maneja en promedio.
Para Ayo, esa acción es el resultado del nuevo pacto clandestino con sectores de poder de Santa Cruz, a quienes se les mantiene las propiedades con más de 5.000 hectáreas, pese a la prohibición establecida en 2009, pero sostuvo que ya se habría aprobado varias propiedades con esta superficie.
Representa un pacto oligárquico, sostiene Ayo, a tiempo de nombrar que no solo abarca la dotación de tierras, sino también el uso de semillas transgénicas, el mantenimiento de la subvención al diésel así como perdonazos tributarios.
La Fundación Tierra señala que el INRA debe ser intervenido, y que los directores sean elegidos por la Asamblea Plurinacional, y no a dedo, como lo vienen haciendo desde hace mucho tiempo.
Ayo señaló que no hay transparencia en el trabajo del INRA, y se desconocen las propiedades saneadas, y es por ello que es vital la reestructuración de la entidad estatal.
Mientras tanto, un comunicado de la dirección departamental de la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) ampliaba el plazo para presentación de planes de desmonte e informes de ejecución, autorizaciones de quema, uso propio, volúmenes menores, fijada para el 01 de octubre de la presenta gestión.
En este sentido, el presidente Evo Morales anunció ayer establecer una pausa ecológica, que implica detener todo trámite sobre tierras, sin embargo, el comunicado salió ayer para que los interesados puedan presentar sus planes de desmontes y chaqueos.
Fuente: Periódico El Diario
