El pasado 17 de abril de 2019 se aprobó el Decreto Supremo N° 3874, que autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación de la Soya HB4 y la Soya Intacta, destinadas a la producción de Aditivos de Origen Vegetal – Biodiesel, obviando procesos de evaluación y análisis de riesgos en los ecosistemas, la biodiversidad, la salud y en lo socioeconómico y pese a que en Bolivia no hay una ley que autorice el uso de transgénicos. El pasado 18 de junio venció el plazo para la aplicación del mencionado Decreto.
Alarmados ante esta situación, Gadir Lavadenz de la Alianza de organizaciones de la sociedad civil del Convenio de Diversidad Biológica (CDB) y María Julia Jiménez de Slow Food Bolivia, fueron convocados al set de ERBOL para tomar la palabra y abordar este polémico tema en el programa Verdades Ocultas: La Hora de la Naturaleza, junto a Fabrizio Uscamayta de Eco Tambo.
Lavadenz explicó que en los últimos informes de Cambio Climático del CDB está claramente establecido que “las posiciones basadas en la tecnología como los transgénicos, la geoingienieria u otras, no son viables y que el principio precautorio es un mandato para impedir que ingresen semillas sin que se demuestre con evidencia científica, técnica y actualizada que no causarán daños en la salud, en la sociedad, en nuestro sistema humano y biótico, en los ecosistemas y que no pueden lanzarse por el lucro sustancias que nos van a impactar”.
¿El proceso de análisis y evaluación de semillas que se van a introducir toma de 3 a 5 años, entonces a través del Decreto qué se quiere abreviar? cuestionó María Julia Jimenez.
En el año 2001, mediante la Ley N° 2274, Bolivia ratificó su adhesión al Protocolo de Bioseguridad de Cartagena (Montreal – 2000) que en su Artículo 1 determina “… garantizar un nivel adecuado de protección en la esfera de la transferencia, manipulación y utilización seguras de los organismos vivos modificados resultantes de la biotecnología moderna que puedan tener efectos adversos para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, teniendo también en cuenta los riesgos para la salud humana…”.
El problema es que, si bien se reconoce esta realidad y existen los mandatos, llegado el momento no se cumplen –dijo Gadir Lavadenz- porque afectan a un modelo económico impuesto por grandes transnacionales, que sin estar reguladas movilizan millones para hacer un lobby internacional, interfieren con los estudios y las investigaciones encubriéndose en un supuesto “crecimiento y desarrollo”, pero que en realidad están atentado contra los ecosistemas, la biodiversidad, la salud y están fomentado la inequidad.
“En el caso de Bolivia se ha demostrado que no tiene sentido producir con transgénicos porque no se ha mejorado el rendimiento y lo único que se ha logrado incrementar significativamente es la cantidad de glifosato, estamos utilizando más agroquímicos”, explicó Fabrizio Uzcamayta a tiempo de señalar que el 34% de los suelos de Santa Cruz (donde se cultivan más transgénicos) están en proceso de desertificación a causa de este modelo de producción agroindustrial. Si a esta situación sumamos los impactos ambientales por el cambio climático, el aumento de agroquímicos y la autorización de uso de nuevo transgénicos por proceso abreviado, es decir sin medir ningún impacto, entonces de ninguna manera estamos hablando de desarrollo ni de alimentación, sino de grandes negocios, concluyó.
En esa línea, Lavadenz afirmó que negocio es la palabra clave en este caso, “como consumidores debemos saber que las grandes corporaciones dominan nuestro sistema alimentario que se reduce a una variedad de 10 tipos de alimentos desintegrados y reintegrados, mezclados con ingredientes artificiales que no podemos ni pronunciar, eso estamos consumiendo”.
En el caso de Bolivia, se genera 1.000 millones de dólares por producción de soya y el Estado recibe apenas el 1% de esos ingresos, monto que ni siquiera cubre el porcentaje de impuestos ¿Quién gana aquí?, preguntó Uscamayta.
Varios factores demuestran que este modelo no es rentable para los productores ni para el Estado. El mensaje para el Comité de Bioseguridad es que este proceso pase por una evaluación. La aplicación de este Decreto significaría, según algunos especialistas, la expansión de la frontera agrícola, es decir alrededor de 400.000 hectáreas de bosques afectadas, deforestadas. Todo esto puede llevar a romper el ciclo hidrológico que alimenta de aguas, se incrementaría la desertificación, y eso sin mencionar al glifosato que estas semillas traen y que pueden envenenar, alertaron los invitados.
La discusión sobre semillas transgénicas en el país tiene larga data, comenzó el año 1994 con las pruebas para introducir papa transgénica, lo que generó movilizaciones campesinas. El año 2002 el rechazo también se dejó oír en una reunión latinoamericana sobre semillas transgénicas, promovida por la Oficina Regional de Semillas. “Estábamos empezando a entender que eran los transgénicos y nos dábamos cuenta que no era favorable a la agricultura ni para alimentación”, recordó Jiménez.
Bolivia desde 2005 tiene autorización para el uso de una semilla de soya transgénica, lo que ha motivado un amplio debate nacional en la sociedad cuestionando si el país aceptaba o no semillas transgénicas y cuáles serían las consecuencias. Se dieron una serie de marcos legales abriendo y cerrando la opción de los transgénicos, hay aún una dualidad que no se termina de aclarar, dejando abierto el debate e instrumentos legales sin concluir; existen contradicciones en la misma Constitución, agregó la especialista.
El año 2005, el 79% de la soya producida en el país era convencional y solo un 21% era soya transgénica. El año 2013, ocho años después, el 99,6% de la soya era transgénica y el 0,4 convencional, explicó Uscamayta. “En 15 años hemos cambiado toda la matriz genética y el sistema agrícola del Oriente con la aprobación del ingreso de una semilla transgénica de soya sin que haya subido la productividad ni los precios, entonces con la aprobación de dos semillas más la soya transgénica tomará Bolivia”, acotó Jiménez.
Cuando ingrese al país la Soya HB4 y la Soya Intacta el Comité Nacional de Bioseguridad tendrá que explicar cuáles son los riesgos para la salud y el medio ambiente, además de dar a conocer los resultados de una evaluación socioeconómica – dice Jiménez – y añade que los productores soyeros han expresado públicamente su inconformidad con el pago a su producción. “Ellos piden 300 dólares por tonelada de soya y les pagan 231 dólares, quizá el mercado ya no da y por lo tanto, los pequeños productores del Oriente deberán evaluar si vale la pena seguir con la soya transgénica en monocultivo o buscar otra alternativa porque están atrapados en este sistema que los está empobreciendo, explotando y endeudando. La evaluación socioeconómica es negativa”, apuntó.
En caso de Bolivia el Comité Nacional de Bioseguridad y Tierra está conformado por 7 delegados del Estado, funcionarios de gobierno con una mirada más política que técnica y solo 1 delegado con un perfil científico e independiente, que representa al Sistema Universitario. Para Jiménez, las universidades podrían jugar un rol protagónico brindando aportes científicos, técnicos, socio culturales y económicos.
Desde la sociedad civil se están abriendo en el mundo y en el país espacios de discusión y análisis que buscan promover un desarrollo con equidad y responsabilidad, cuidando la vida.
Tenemos instrumentos jurídicos a nivel nacional e internacional, convenios, protocolos, mandatos y otros como para generar un frente de resistencia y apoyar modelos viables que propongan alternativas al modelo actual, que ha demostrado ser insuficiente para responder a las necesidades globales que tenemos.
Fuente: Erbol
