El gremio advierte que la abrogación de estas normas afectaría al sector productivo, que ya cumplió compromisos para regularizar desmontes y garantizar la función económico-social
Desde la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO), se manifestó la preocupación del sector productivo ante la posibilidad de que se revisen o abroguen leyes relacionadas con el uso y manejo de suelos, particularmente aquellas que han permitido la regularización de desmontes realizados sin autorización previa.
“Nosotros consideramos que hay leyes que son importantes que se las analice con el debido cuidado, como son las leyes que han permitido regularizar los desmontes que habían sido realizados sin autorización, como es la ley de apoyo a la producción de alimentos estratégicos, que de ninguna manera se ha convertido en una ley incendiaria. Sin embargo, este debe ser un trabajo estrictamente técnico, objetivo y que no vaya con algún sesgo ideológico, que en todo caso el propósito sea perjudicar al sector productivo”, explicó el gerente de ANAPO, Jaime Hernández.
Consultado sobre qué ocurriría si estas leyes fueran derogadas, Hernández fue claro en señalar que el impacto sería negativo. “Perjudicaría al sector, ya que hay un trabajo que se ha hecho, por ejemplo, con esta ley que ha regularizado los desmontes autorizados, donde en el marco de estas leyes se ha establecido un programa, y los productores han cumplido con el compromiso que han asumido dentro de ese programa, precisamente para poder tener esta regularización y con eso poder cumplir la función económico-social”, precisó.
En ese sentido, desde ANAPO insistieron en la necesidad de que cualquier revisión legal se haga bajo parámetros técnicos y no con criterios políticos. “Nosotros confiamos en que se haga un análisis preciso que sea más técnico-objetivo y en todo caso no venga presionado por un aspecto netamente ideológico”, subrayó Hernández.
«Perjudicaría al sector, ya que hay un trabajo que se ha hecho, por ejemplo, con esta ley que ha regularizado los desmontes autorizados, donde en el marco de estas leyes se ha establecido un programa, y los productores han cumplido con el compromiso que han asumido dentro de ese programa, precisamente para poder tener esta regularización y con eso poder cumplir la función económico-social”
Contexto normativo sobre incendios y desmontes
En los últimos años, Bolivia ha sido escenario de un fuerte debate en torno a las leyes vinculadas al desmonte y a los incendios forestales. Normas como la Ley 337 de Apoyo a la Producción de Alimentos y Restitución de Bosques (2013) y la Ley 741 (2015) permitieron la regularización de desmontes realizados hasta 2011 y ampliaron la superficie autorizada para el desmonte con fines agropecuarios, respectivamente. Si bien estas normativas buscaban promover la producción de alimentos y dar seguridad jurídica a los productores, organizaciones ambientalistas han cuestionado que facilitaron la expansión agrícola en zonas frágiles, incrementando la vulnerabilidad a incendios forestales.
Tras los incendios de magnitud ocurridos en la Chiquitanía en 2019, la presión social y ambiental derivó en la abrogación en 2024 del Decreto Supremo 3973, que había flexibilizado el uso del fuego para actividades agropecuarias en Beni y Santa Cruz. Actualmente, el país se encuentra en un proceso de revisión de estas normativas, donde el debate gira en torno a la necesidad de equilibrar la producción de alimentos con la protección ambiental y la reducción de riesgos de incendios.
Con este escenario, el pedido de ANAPO busca garantizar que el análisis de las leyes vinculadas al sector productivo no se convierta en una herramienta política, sino que se fundamente en criterios técnicos que permitan al agro seguir cumpliendo con su rol de abastecer el mercado interno y generar divisas a través de las exportaciones.
Redacción: Publiagro
