La Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) expresó su disconformidad respecto al anuncio del Gobierno sobre la reapertura de exportaciones de soya por hasta 250.000 toneladas. A través de declaraciones oficiales, el gremio manifestó que la medida llega demasiado tarde y que tendrá un impacto mínimo sobre los productores, quienes ya se encuentran en la etapa final de la cosecha.
“Lamentamos que el Gobierno haya tomado una decisión tardía en algo que debió haberse hecho antes del inicio de la cosecha”, señaló Jaime Hernández, gerente de Anapo.
Según datos del sector, actualmente el 90% de la cosecha ya se encuentra avanzada, por lo que la liberación de exportaciones beneficiaría en mayor medida a los intermediarios y comercializadores, sin cumplir con el objetivo esencial de mejorar las condiciones de comercialización para los productores.
Desde Anapo sostienen que el problema no radica tanto en el volumen autorizado para exportación, sino en el momento en que se tomó la decisión.
“Ya en enero se sabía que se habían sembrado 1,2 millones de hectáreas y que la producción estimada superaría los 3 millones de toneladas, lo que generaría un excedente exportable de al menos 2 millones de toneladas, no entendemos cuáles han sido las razones del Gobierno para mantener las exportaciones suspendidas hasta ahora, cuando los productores prácticamente ya entregaron toda su producción a los compradores locales”
“Ya en enero se sabía que se habían sembrado 1,2 millones de hectáreas y que la producción estimada superaría los 3 millones de toneladas, lo que generaría un excedente exportable de al menos 2 millones de toneladas, no entendemos cuáles han sido las razones del Gobierno para mantener las exportaciones suspendidas hasta ahora, cuando los productores prácticamente ya entregaron toda su producción a los compradores locales”, indicó Hernández.
El gerente de Anapo, también cuestionó que la medida de reapertura aún esté sujeta a restricciones y requisitos. En su criterio, la exportación debería liberarse de manera irrestricta, sin cupos ni condicionamientos, para dar certidumbre al sector productivo. Hasta el momento, los productores desconocen los detalles técnicos y el alcance temporal de esta autorización.
En cuanto al impacto económico, Hernández explicó que la suspensión previa de las exportaciones generó una brecha de alrededor de 100 dólares por tonelada respecto al precio internacional de referencia. Aunque las condiciones climáticas adversas redujeron las expectativas de producción, lo que ayudó a una leve recuperación de los precios internos, el perjuicio económico podría haber sido mucho mayor para los más de 14.000 productores involucrados.
“Si no fuera por esos factores climáticos que redujeron la oferta y ajustaron los precios, el impacto habría sido nefasto. Por eso, creemos que la liberación de las exportaciones debe ser una política constante y no sujeta a decisiones tardías”, concluyó Hernández.
Fuente: Jaime Hernández
Redacción: Publiagro
