El rechazo a la disposición séptima del Presupuesto General del Estado (PGS) por parte de los sectores afectados ha generado un gran malestar en varias organizaciones, que exigen la derogación de dicha cláusula y han dado un plazo de 14 días para su revocatoria. En este contexto, José Luis Farah, presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), señaló que hasta el momento no ha habido respuesta del gobierno y que su posición sigue firme en contra de esta cláusula, reiterando su solicitud de abrogación.
«Hemos tenido reuniones en Cochabamba con sectores gremiales, con el sector del transporte a nivel Bolivia, en donde en primera instancia hemos visto que somos una familia. Los productores producimos la materia prima, pero si no tenemos transporte, el alimento no llega a la industria ni a los centros de expendio, donde los gremialistas venden nuestro producto», destacó Farah, subrayando la interdependencia entre los diferentes sectores económicos.
Farah también expresó su preocupación por los efectos que podría tener la cláusula séptima sobre la producción y la propiedad privada, señalando que dicha disposición atenta contra ambos.
«La cláusula séptima del PSG atenta contra la producción y contra la propiedad privada, que debe ser resguardada por el Gobierno nacional. No pueden intervenir en la industria, no pueden intervenir en los almacenes, no pueden intervenir la propiedad privada solo por el tema de especulación o agio, ni mucho menos confiscar productos que le ha costado al almacenero tener en reserva», enfatizó el presidente de la CAO.
«La cláusula séptima del PSG atenta contra la producción y contra la propiedad privada, que debe ser resguardada por el Gobierno nacional. No pueden intervenir en la industria, no pueden intervenir en los almacenes, no pueden intervenir la propiedad privada solo por el tema de especulación o agio, ni mucho menos confiscar productos que le ha costado al almacenero tener en reserva»
Por otro lado, el sector cañero, representado por Humberto Rivero, también ha manifestado su desacuerdo con esta disposición. Rivero señaló que esta medida no corresponde al sector y que, lejos de resolver problemas, solo generará más conflictos y extorsiones.
«Aquí todo está sujeto a extorsión, y van a entrar personas que no son del campo. Para eso ya existe una ley penal sobre el plagio y agio, eso ya está contemplado. Con esta disposición, lo único que se va a generar es una distorsión, y eso va a empeorar las cosas», explicó Rivero.
La preocupación entre los sectores productivos es creciente, ya que consideran que esta disposición podría tener repercusiones negativas tanto para la seguridad jurídica como para la estabilidad del mercado, afectando la actividad económica en diversas áreas.
Fuente: Jose Luís Farah y Humberto Rivero
Redacción: Publiagro
