Las Cámaras Empresariales expresaron su rechazo contundente a la Disposición Adicional Séptima del Proyecto del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, que contempla el decomiso de productos a empresas. En un comunicado emitido recientemente, solicitaron la eliminación total de esta disposición, calificándola como una medida que atenta contra derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política del Estado, como la libertad de producción y comercialización.
El sector privado aseguró que no participará en procesos de reglamentación relacionados con esta normativa y pidió al presidente Luis Arce Catacora y a la Asamblea Legislativa Plurinacional (APL) no dar luz verde a una disposición que, según su perspectiva, agravará el clima de inseguridad jurídica en el país.
«De aprobarse esta norma, se ahuyentará inversiones nacionales y extranjeras, en un momento en que la economía necesita incrementar la producción y fomentar las exportaciones»
«De aprobarse esta norma, se ahuyentarán inversiones nacionales y extranjeras, en un momento en que la economía necesita incrementar la producción y fomentar las exportaciones», advirtieron. Además, señalaron que esta medida podría generar arbitrariedad en su aplicación, facilitando extorsiones y promoviendo la informalidad, lo que resultaría en desabastecimiento de productos alimenticios, afectando directamente a la población.
El sector agropecuario, uno de los pilares fundamentales del desarrollo económico y social, también podría verse gravemente perjudicado. Voceros del sector alertan que la falta de seguridad jurídica impacta especialmente en los productores agrícolas, quienes ya enfrentan desafíos como el acceso a insumos y financiamiento.
Las Cámaras reiteraron su compromiso con el desarrollo económico del país, pero insisten en que decisiones como esta dificultan el cumplimiento de ese objetivo. Su llamado es claro: eliminar por completo esta disposición para evitar consecuencias negativas en la economía y el bienestar de la población.
Se espera que el gobierno responda a estas preocupaciones y genere un espacio de diálogo que permita encontrar soluciones que favorezcan tanto al sector privado como al desarrollo económico del país.
Fuente: CAO
