Pobladores y autoridades de San Rafael de Velasco han levantado la voz ante una creciente preocupación por la instalación de hornos de elaboración de carbón en la región. Durante los últimos diez años, se han establecido aproximadamente 150 comunidades de nueva creación que han instalado cerca de 500 hornos, utilizando maderas preciosas y semipreciosas como el morado, el tajibo, el roble, el curupaú y el sirari. Estas prácticas están ocurriendo en áreas de desmonte cuya legalidad se desconoce, lo que ha generado serias dudas sobre el cumplimiento de las regulaciones establecidas por la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT).
Humberto Vargas Roca, alcalde de San Rafael, ha expresado su indignación, afirmando que es inadmisible la cantidad de hornos que hay en la Chiquitanía.
¨Nadie lo sabe a cabalidad. Aquí en San Rafael, en plena pausa ecológica, teníamos un horno funcionando sobre la carretera hacia San José de Chiquitos. ¿Quién controla esto? La ABT debería hacerlo”, manifestó.
¨Nadie lo sabe a cabalidad. Aquí en San Rafael, en plena pausa ecológica, teníamos un horno funcionando sobre la carretera hacia San José de Chiquitos. ¿Quién controla esto? La ABT debería hacerlo”
Este municipio, que cuenta con un 80% de su territorio destinado a vocación forestal permanente según el Plan de Uso de Suelo (PLUS) del departamento de Santa Cruz, enfrenta serios retos en la conservación de sus recursos naturales.
Alejandro Vaca Díez, cacique de la comunidad de Santa Teresita del Surutú, ha señalado que la elaboración de carbón se realiza de manera ilegal y perjudica gravemente al medio ambiente, advirtiendo que estas actividades han sido causantes de incendios en la zona. Según Vaca Díez, “una parte del carbón que sale de San Rafael es legal y otra ilegal”, responsabilizando a la ABT y al Estado por realizar controles rigurosos a comunidades indígenas establecidas, mientras ignoran a los nuevos asentamientos.
Julio Egüez Aguilera, gran cacique de la Asociación de Comunidades Indígenas de San Rafael de Velasco, también ha denunciado que los incendios forestales son provocados en su mayoría por estos nuevos pobladores que carecen de supervisión.
“Lastimosamente, hay que decirlo, son ellos y son bolivianos, pero también son malos bolivianos, nadie los controla”, indicó.
La situación se agrava por la falta de protección en áreas protegidas, donde el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) ha otorgado resoluciones de asentamiento dentro de zonas de vocación forestal. Esto ha resultado en un desmonte considerable, incluso dentro de áreas protegidas, facilitando la instalación de hornos de carbón. Egüez Aguilera describió cómo “de un día para otro” aparecieron nuevos asentamientos con resoluciones del INRA en mano, complicando aún más la situación para las alcaldías que deben atender las demandas inmediatas de estos nuevos pobladores.
San Rafael de Velasco, que se caracteriza por su actividad ganadera con alrededor de 130,000 cabezas de ganado, también enfrenta desafíos agrícolas. Vargas ha señalado que, aunque la comunidad ha convivido con el fuego de manera natural en el pasado, desde hace ocho años el municipio ha enfrentado un desastre por incendios y sequías. “Hemos llegado a tener fuego de manera permanente”, lamentó el alcalde. Entre junio y octubre, las sequías y los incendios han afectado gravemente la producción agrícola y ganadera, con 600,000 de las 900,000 hectáreas del municipio impactadas por incendios.
El alcalde ha destacado la importancia de contar con un sistema de monitoreo para detectar y gestionar los incendios, subrayando que la información precisa sobre el inicio de los fuegos es esencial para prevenir futuros desastres. La comunidad de San Rafael de Velasco, que alberga 22 comunidades indígenas y 150 de nueva creación, se encuentra en una encrucijada donde la protección del medio ambiente y la preservación de su modo de vida tradicional están en grave peligro debido a la falta de regulación y control en la explotación de sus recursos naturales.
Fuente: Humberto Vargas Roca
Redacción: Publiagro
