Diferentes grupos independientes se autoconvocaron para pedir que se ponga fin a los incendios y la contaminación de los ríos
Diferentes grupos considerados independientes y organizaciones de la sociedad civil se autoconvocaron para realizar una marcha este lunes 13 de noviembre en diferentes municipios y departamentos del país, por la defensa de los bosques, los territorios, el agua y la vida.
Con el lema ¡Basta de ecocidio! el objetivo es exigir al Gobierno nacional que cumpla un pliego petitorio que consta de 22 puntos, entre ellos está la declaratoria de desastre por los incendios, la sequía y otros eventos naturales que afectan a toda Bolivia.
De acuerdo al plan que se hizo público en las redes sociales, en Santa Cruz la salida de la marcha fue programada para las 18.00 desde la plaza del Estudiante; en Cochabamba a la misma hora desde la Plaza de Las Banderas y en La Paz desde la Plaza Bicentenario.
En Samaipata a las 17:30 en la plaza principal, en Potosí a las 18:30 en la plaza 10 de Noviembre; en Sucre la concentración será en la ex estación Aniceto Arce a las 18:00; en Tarija en la Iglesia San Roque (18:00).
En Rurrenabaque se reunirán a las 18:00 en el puente de La Unión; en Beni – Trinidad a las 18:00 en la plaza principal; en San Buenaventura a las 18:00 en el puente La Unión; y en Pando en la avenida Las Palmas UAP a las 18:00. En Oruro la marcha comenzó en la plaza principal a las 11:00.
Rebelión o Extinción es uno de los colectivos que forma parte activa de la defensa del medio ambiente y realiza este tipo de acciones de incidencia política de manera virtual y en las calles. En ese sentido, ahora también apoya esta movilización e invita a la gente a sumarse.
El pliego petitorio refiere que desde la promulgación de una serie de leyes ambientales ecocidas y ante la inacción de todos los niveles del Estado se han incendiado más de 10 millones de hectáreas y contaminado ríos y pueblos indígenas con mercurio, destruyendo ecosistemas en desmedro de más de 12 millones de bolivianos que claman por agua, alimentación sana, protección de la vida y resguardo de la salud pública.
“Demandamos Declaratoria de Desastre Nacional, no se concibe tanta indolencia del Gobierno, los Ministerios correspondientes y los gobiernos subnacionales, a quienes se les deberá hacer procesos por incumplimiento de deberes en el marco de la Ley 602 y los derechos humanitarios por minimizar la gravedad de la situación, provocando pérdidas y daño económico, crimen ambiental y atentado a la salud pública”, dice el primer punto del documento.
En tercer lugar se pide la reversión las concesiones mineras en áreas protegidas, territorios indígenas, áreas forestales y en los cauces de nuestros ríos, en cumplimiento de los artículos 373 al 377 de la Constitución Política del Estado Plurinacional
«Demandamos Declaratoria de Desastre Nacional, no se concibe tanta indolencia del Gobierno, los Ministerios correspondientes y los gobiernos subnacionales, a quienes se les deberá hacer procesos por incumplimiento de deberes en el marco de la Ley 602 y los derechos humanitarios por minimizar la gravedad de la situación, provocando pérdidas y daño económico, crimen ambiental y atentado a la salud pública»
En el cuarto punto se solicita la prohibición total para la otorgación de derechos mineros en áreas protegidas.
Posteriormente se exige la eliminación a los privilegios impositivos otorgados a las cooperativas mineras. Cuantificando el costo de reparación por los daños a la salud y al medio ambiente que provoca la minería en todo el territorio nacional.
Luego se menciona que el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, en ejercicio de sus atribuciones, desarrolle una investigación integral sobre los impactos socio-ambientales de la minería aurífera en la Amazonía boliviana, así como del modelo agropecuario-industrial, proporcionando información completa que permita reorientar las políticas públicas que comprometen su protección y lo establecido en la Constitución Política del Estado.
También se solicita la abrogación de la normativa ecocida e incendiaria, con la finalidad de evitar los incendios forestales, evitar la contaminación del aire, suelo y fuentes de agua; entre ellos se pide la abrogación del D.S. 4334 de 16 de septiembre de 2020 que modifica el art. 5 del D.S. 26075 de 16 de febrero de 2001, sobre el desmonte en TPFP (Tierras de producción forestal) en los departamentos de Santa Cruz y Beni, siendo responsable este decreto de las quemas que se han dado en el Sur y Norte Amazónico de ese departamento. Poniendo en riesgo a más de 19 Tierras Comunitarias de Origen (TCO’s).
Revisión de las leyes y/o decretos que faciliten la canalización de recursos hacia las instituciones de bomberos voluntarios constituidos, pidiendo arancel cero a las importaciones de equipos para la atención de desastre natural para bomberos.
Cumplimiento de los marcos normativos existentes en el SERNAP, las Áreas Protegidas y el Ministerio de Medioambiente para dotar de recursos necesarios y oportunos para los guardaparques para cumplir su función de manejo y gestión de las áreas protegidas, de igual manera cumplir con los pedidos anteriores de revisión de su situación laboral y sus contratos.
Fuente: Sumando Voces
Redacción: Publiagro
