El INRA informó que el proceso de regularización de tierras en todo el país tiene un avance del 92% y que se espera concluir con este trabajo en 2025.
El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) informó que aún queda pendiente el saneamiento de 8,5 millones de hectáreas de tierra en Bolivia, de las que 5,1 millones de hectáreas están en disputa “por sobreposición de derechos”.
“Actualmente, ya estamos al 92% de la regularización de derechos”, informó a Radio Santa Cruz Eulogio Núñez, director nacional del INRA. El 8% restante son “8,5 millones de hectáreas que están pendientes de concluir con el saneamiento”. De esa cantidad, “5,1 millones de hectáreas están paralizados por conflictos que tienen que ver con sobreposición de derechos”, detalló.
El directivo subrayó, además, que “los litigios agrarios se resuelven vía conciliación y diálogo; no hay otra forma, no es con la violencia, marchas, medidas de presión, bloqueos o toma de instituciones”.
Núñez remarcó también que el objetivo de la administración de Luis Arce es concluir hasta 2025 con el saneamiento de todas las tierras de Bolivia, un proceso que se inició hace más de 27 años. “Pongámosle un límite” a este proceso, “todos hagamos un esfuerzo”, subrayó.
Estas declaraciones se conocen luego de que a inicios de este mes, el asesor legal de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Fernando Azturizaga, pidiera ponerle fin a “la reforma agraria redistributiva y política”.
“Los litigios agrarios se resuelven vía conciliación y diálogo; no hay otra forma, no es con la violencia, marchas, medidas de presión, bloqueos o toma de instituciones”
Asturizaga, especialista en derecho agrario y desarrollo rural, apuntó igualmente que este proceso “lleva más de 50 años, 27 de ellos con el actual INRA”.
Núñez mencionó que el trabajo del Instituto Nacional de Reforma Agraria permitió cambiar la estructura de la tenencia de las tierras saneadas, ya que en la primera etapa de la reforma agraria el 70% de los predios estaba en poder de medianos y grandes productores, y el 30% en manos de productores pequeños, indígenas, originarios y campesinos.
Actualmente, el 29% es tierra fiscal; el 28% es propiedad de campesinos, interculturales y mujeres; el 27% es territorio comunitario de origen; y el 16% es producido por medianos y grandes agricultores.
Además, el 46% de los títulos se entregan hoy a mujeres, un porcentaje que antes era del 10%. “Ese es un empoderamiento político, económico, productivo, cultural y organizativo para las mujeres” destacó Núñez.
Azturizaga observó que la distribución de la tierra destinada a sectores indígenas, originarios y campesinos puede llegar a beneficiarlos hasta con el 84% del área rural del país, considerando que -de acuerdo con la Ley 3545- las tierras fiscales deben ser entregadas en exclusividad a comunidades, lo que deja a los principales productores de alimentos del país con el 16% de las tierras.
Fuente: El Deber
