La crisis económica argentina volvió a ser noticia cuando el país superó en julio pasado la barrera del 70% de inflación anual, una de las más altas del mundo y su grave falta de dólares.
La demanda de los billetes verdes es altísima en este país: los necesita la industria para comprar insumos para producir y los ciudadanos para poder adquirir propiedades o para resguardar sus ahorros de la inflación, entre otros.
Pero la economía argentina, que depende en un 70% del mercado interno, produce principalmente pesos. Así que, mientras son muchos los que demandan divisas, son pocos los que las generan.
Este es el motivo por el cual uno de los problemas más recurrentes que ha tenido Argentina es que su Banco Central se queda sin reservas.
Y sin divisas suficientes, el país no puede hacer funcionar su economía, un problema que los expertos llaman la «restricción externa».
Cuando, además, los dólares no alcanzan para cumplir con los vencimientos de la deuda externa, Argentina cae en otro de sus problemas cíclicos: el default o cesación de pagos (el país ya lleva ocho).
Ese panorama de escasez de divisas fue uno de los principales desafíos que asumió el nuevo «superministro» de Economía, Producción y Agricultura, Sergio Massa, cuando ocupó el cargo hace un mes.
Para solucionarlo, Massa ha apelado a toda una serie de medidas que buscan engrosar las arcas del Banco Central.
Pero una de las más importantes, que se empezó a aplicar esta semana, fue la creación de lo que los medios argentinos han apodado el «dólar soja».
Se trata de una cotización especial que recibirán quienes exportan esta legumbre, que es la principal fuente de divisas de Argentina.
¿Por qué necesitan los sojeros una cotización especial?
Porque hoy, cuando exportan su producto en el mercado internacional, reciben dólares que están obligados a intercambiar por pesos a la tasa oficial de la moneda estadounidense, que es impuesta por el gobierno.
Hoy esa cotización es de cerca de $150 por dólar, casi la mitad del valor de la moneda estadounidense en el mercado paralelo, que ronda los $280.
Si a esa diferencia de cotización, que aquí se conoce como «brecha», se suma que los agroexportadores también pagan «retenciones» o impuestos a la exportación del 33%, el sector denuncia que apenas recibe cerca de un tercio del valor internacional de la soja.
Ante esta disyuntiva, muchos prefieren guardar su cosecha utilizando un sencillo sistema de almacenamiento llamado silobolsas, a la espera de que el peso se devalúe, para vender su soja cuando puedan cobrar más por ella.
El «dólar soja» busca incentivarlos a que liquiden esos granos ahora. La oferta de Massa es que entre el 5 y el 30 de septiembre quienes vendan su soja reciban $200 por cada dólar exportado.
Así, la tonelada de soja, que hasta ahora valía unos $53.000 valdrá $70.000, una mejora del 32%.
«El objetivo es poner incentivos sobre la mesa a partir de un esfuerzo del Estado, con un reconocimiento de precio para el productor de manera muy sencilla y transparente», dijo Massa durante una conferencia de prensa convocada para anunciar el «dólar soja».
Massa reconoció que su anuncio buscaba quitar «incertidumbre con respecto a la acumulación de las reservas» del Banco Central. No obstante, hasta ahora el gobierno no ha sido claro sobre cuál es el valor real de esas reservas.
Si bien el Banco Central informa oficialmente que cuenta con «reservas internacionales brutas» cercanas a los US$37.000 millones, la cifra de dinero «neto» o «líquido» del cual dispone es mucho menor.
La mayor parte de las reservas brutas son depósitos privados o canjes de moneda, y la entidad financiera no dispone libremente de ellos para mantener su política monetaria.
Las estimaciones sobre cuántas son las reservas «efectivamente disponibles» varían: algunas consultoras afirman que podrían alcanzar los US$5.000 millones, otras aseguran que ya llegaron a cero.
Pero en lo que coinciden todos -e incluso reconoce el propio Massa- es que son bajas, y es de vital importancia para la economía del país aumentarlas cuanto antes.
En especial para el 21 y 22 de septiembre, cuando Argentina le debe pagar a su principal acreedor externo, el Fondo Monetario Internacional (FMI), dos vencimientos de capital que totalizan unos US$2.800 millones, según datos del Estudio Broda.
En 2018, el FMI le otorgó al entonces gobierno de Mauricio Macri el mayor préstamo en su historia, por US$57.000 millones. El sucesor de Macri, el actual presidente Alberto Fernández, frenó el préstamo al asumir en diciembre de 2019, pero el país quedó debiendo US$44.000 millones, una cifra que representa un problema gigante para una nación con escasez de dólares.
En marzo pasado el gobierno firmó un acuerdo con «el Fondo» que lo obliga a reducir su déficit fiscal y sumar reservas internacionales, un compromiso que sería imposible de cumplir sin los dólares que aporta el sector agroexportador.
En su conferencia de prensa, Massa dijo que firmó un acuerdo con los representantes del campo que prevé el ingreso de «US$5.000 millones garantizados por el mes de septiembre», lo que traería un importante alivio para las arcas estatales.
Por su parte, los líderes del sector rural dieron la bienvenida a esta medida, pero aclararon que es insuficiente.
El presidente de la emblemática Sociedad Rural Argentina, Nicolás del Pino, reconoció que el «dólar soja» representa «una mejora en el valor del producto».
Pero dijo que «está lejos de acercarse al precio internacional, como pasa en países vecinos como Uruguay o Paraguay».
Pino también se preguntó que «qué va a pasar en octubre», cuando deje de existir esta cotización especial, y, junto con los otros líderes agrarios exigió al gobierno «un dólar único, sin brecha, que es algo que necesita todo el sistema para poder funcionar correctamente».
Fuente: RTP
