Un nuevo desmonte de 7 hectáreas fue realizado entre 6 y 11 de julio de 2022, dentro del Área Protegida Municipal y Reserva Forestal del Bajo Paraguá, de San Ignacio de Velasco, pese a que ese pulmón verde se encuentra registrado como Tierra Fiscal No Disponible.
Reportaje publicado originalmente en Revista Nómadas.
El desangre ambiental no para dentro del Área Protegida Municipal y Reserva Forestal del Bajo Paraguá de San Ignacio de Velasco, del departamento de Santa Cruz, Bolivia.
El Observatorio del Bosque Seco Chiquitano, de la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC), realizó un reciente análisis de la deforestación en el área protegida Bajo Paraguá de San Ignacio, usando imágenes satelitales Sentinel-2 de fecha 15 de agosto de 2022. En este trabajo se pudo detectar que la superficie desmontada alcanza las 210 hectáreas.
Esta imagen muestra que se abrió una última brecha de 7 kilómetros de longitud en esta área protegida, entre el 6 y 11 de julio del 2022.
Cronológicamente, el Observatorio ha detectado cuatro áreas de desmonte en esta área protegida, los cuales están señalados en el mapa. En promedio las brechas presentan una longitud de 7 kilómetros.
El punto A1 tiene una superficie de deforestación de 167 hectáreas. Este desmonte se inició en el mes de noviembre del 2019 y hasta el año 2020 se tenía registrada una superficie de 67 hectáreas. Pero entre 2021 y 2022 se registró un incremento de la deforestación de 100 hectáreas.
El punto A2 es una brecha que fue abierta entre el 12 de enero y el 01 de febrero del 2021 y tiene una superficie de 12,53 hectáreas.
El punto A3 es una brecha realizada entre el 17 de enero y el 11 de febrero del 2022, en el que se desmontaron 8,79 hectáreas.
El punto A4 es un desmonte de 7 hectáreas y fue realizado entre el 6 y 11 de julio del 2022, según los datos del Observatorio del Bosque Seco Chiquitano.
El Área Protegida Municipal de Bajo Paraguá también es una Reserva Forestal desde el año 1988, comprende una superficie de 1.360.796 hectáreas y está ubicada en los municipios de Concepción y San Ignacio de Velasco en Santa Cruz.
La Reserva Forestal y Área Protegida Municipal de San Ignacio de Velasco (Santa Cruz, Bolivia), tiene tres grandes candados que hasta ahora no lo han podido proteger del ingreso de los avasallamientos ni de los desmontes ilegales. El 18 de junio del 2021, el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), después de haberse fijado en sus archivos y base de datos, confirmó a través de un informe técnico que este pulmón verde y herido de Bolivia se encuentra registrado como Tierra Fiscal no Disponible, reveló también que rechazó 59 solicitudes de otorgación de tierras y aclaró que no inició ni iniciará procesos de dotación en esa zona de la Chiquitania.
Con el informe técnico legal del INRA, los avasallamientos en el Bajo Paraguá son oficialmente ilegales. Pero eso, en la realidad, no tiene ninguna fuerza hasta ahora porque los avasalladores siguen avanzando.
Con la confirmación del INRA, el Bajo Paraguá tiene en papeles y en teoría tres escudos protectores: Además de ser Reserva Forestal Permanente y Tierra Fiscal no Disponible, tiene el título de Área protegida Municipal de San Ignacio de Velasco: tres candados que están unidos uno a otro, amparados por las leyes bolivianas que en la práctica son vulneradas por avasallamientos y desmontes perpetrados por los llamados interculturales que han manifestado en varias oportunidades su afinidad con el partido de gobierno del MAS.
Pese a estas corazas de normas y papeles, no cesan las denuncias de avasallamientos y desmontes en el Bajo Paraguá. Con el informe técnico legal del INRA, los avasallamientos en el Bajo Paraguá ya oficialmente son ilegales. Pero eso, en la realidad, no tiene ninguna fuerza hasta ahora, porque los avasalladores —tal como queda en evidencia tras la apertura de la nueva brecha de siete kilómetros de largo que fue abierta entre el 6 y 11 de julio del 2022— se siguen campeando libres y sin frenos, desmontando el bosque.
Tras la denuncia que hizo Revista Nómadas el 29 de agosto, de que una nueva brecha de 7 km se había abierto dentro del Área Protegida Municipal del Bajo Paraguá, la presidenta del Comité de Gestión, Maida Peña, se movilizó para exigir al alcalde de San Ignacio de Velasco, Ruddy Carlos Dorado, actúe de inmediato, realice inspecciones y acciones legales ante los desmontes al interior de la Reserva Forestal y Área Protegida Municipal.
Además, Maida Peña reveló, a través de un video, que los deforestadores del Bajo Paraguá, no son ningunos pobrecitos y que van en caravanas con movilidades de lujo a destrozar el bosque. En el video se pueden ver filas de vehículos a un costado del camino, en la zona donde se está realizando la deforestación.
Además, la nueva deforestación ilegal dentro del Área Protegida Municipal del Bajo Paraguá, en el departamento de Santa Cruz, Bolivia, causó una ola de críticas a las instituciones nacionales y departamentales, por no defender uno de los pulmones más importantes que tiene el país y el continente.
La diputada María René Álvarez, de Creemos, remitió el 30 de agosto, una nota a la Relatoría Especial de Pueblos Indígenas y ante Naciones Unidas alertando sobre el aumento de avasallamientos y usurpación de tierras en el Área Protegida Bajo Paraguá y su pedido de exhortación al Estado boliviano sobre la toma de acciones oportunas.
Tras agotar los recursos de denuncia internos, la parlamentaria optó por acudir a organismos internacionales ante la indiferencia de las autoridades nacionales frente a un problema que tiende a agravarse por la proliferación de grupos de los denominados “interculturales”, que insisten en tomar áreas protegidas en la chiquitania.
“… se solicita a su autoridad que, en el marco de su mandato y atribuciones, realice un llamado al gobierno boliviano dirigidos a la protección inmediata de derechos humanos y derechos colectivos de los pueblos indígenas afectados, con el fin de proteger y preservar el área protegida de Bajo Paraguá como un bien mayor natural”, señala parte de la nota de prensa emitida por la diputada Álvarez.
En esa nota de prensa la diputada Álvarez, atribuye los asentamientos humanos ilegales a personas ligadas al partido del gobierno en funciones Movimiento Al Socialismo (MAS), grupos ilegales que además incurren en hechos de deforestación y otras acciones supuestamente productivas que no son sostenibles que están ocasionando el aumento de incendios forestales, sequías y pérdida de biodiversidad.
‘‘El sistemático asalto a las tierras de las comunidades originarias, especialmente chiquitanas, con una clara intención partidaria colonizadora del MAS mediante grupos denominados interculturales, de no ser resueltos con firmeza dentro de los mandatos constitucionales, condena a la desaparición de las tierras protegidas…”, alerta la parlamentaria.
Fuente: El Deber
