Paralelo al desarrollo de mesas técnicas entre autoridades y campesinos de la zona este cruceña, el INRA recorre varios municipios de la Chiquitania para valorar si los beneficiados con resoluciones de asentamiento trabajan o no la tierra.
Dos semanas antes de que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) iniciara un recorrido por Puerto Suárez, Carmen Rivero Tórrez, Roboré, San José de Chiquitos y San Miguel de Velasco, para evaluar el cumplimiento de la Función Económica y Social (FES) de la tierra, los campesinos, especialmente de la región chiquitana, establecieron puntos de bloqueo por cinco días y llegaron en marcha a La Paz con varias demandas.
Cuatro eran los pedidos principales. La modificación del Decreto Supremo 29215, que reglamenta la Ley Nº 1715 del Servicio Nacional de Reforma Agraria; la planificación de una nueva ley de tierras; el ‘análisis’ de las tierras fiscales no disponibles; y la anulación de las concesiones forestales.
Adicionalmente, también reclamaban “seguridad jurídica y titulación”, y la destitución del ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Remy Gonzales, y del director nacional del INRA, Eulogio Núñez.
Actualmente, una comisión del INRA se encuentra realizando el periplo en la Chiquitania, para evaluar el cumplimiento de la FES; en paralelo, y de acuerdo a lo acordado en reunión en la ex Conaltid, el 12 de agosto, entre autoridades nacionales y los movilizados, desde el 16 de agosto debieron instalarse las mesas de trabajo para atender las demandas de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz (FSUTC-SC) Apiguaiki Tupa.
Según el acta de ese encuentro, si bien firmado solo por la FSUTC-SC, finalmente acepta la participación de representantes del Bloque Oriente, conformado por otras organizaciones, como Bartolina Sisa, Movimiento Sin Tierra, Federación de Interculturales, una de las Cidob, etc., en las mesas de trabajo.
El director nacional del INRA, Eulogio Núñez, reconoció la necesidad de ingresar para hacer las inspecciones y evaluaciones de la FES, para inmediatamente pasar a la dotación y titulación. “Y sospechosamente, cuando tenemos el plan para ingresar, con ellos incluso, con control social, de pronto pidieron la titulación y dotación directa”, reconoció.
Núñez, además, admitió que uno de los argumentos de los campesinos es que en 12 años hay comunidades que no han podido tramitar la personería jurídica, que es como su carnet de identidad, que les otorga derechos y obligaciones. “Piden que eso se pueda obviar, ya que algunas comunidades no tienen personería porque la Gobernación no les dio, y eso tampoco puede hacerse porque entonces estaríamos yendo a legalizar comunidades fantasmas que ellos mismos han denunciado”, aseveró.
Quiebre
Antes de las negociaciones, mientras estaban activas las medidas de presión, como la marcha a La Paz y los bloqueos, los campesinos de la FSUTC-SC se aislaron de las demás organizaciones, al punto de no asistir a reuniones convocadas por el INRA Departamental, tras los sucesos de Pailitas, por el caso Las Londras, y de plantear sus demandas a solas ante el INRA nacional.
En este punto, el Bloque Oriente, a través de pronunciamiento, dejó claro que las demandas deben plantearse en esa instancia, y también en la Comisión de Tierra y Territorio de la Asamblea Legislativa Plurinacional, “para beneficio de todos, y no de un solo sector”.
Asimismo, llamaron a los campesinos a “deponer actitudes antirrevolucionarias”, y a realizar una cumbre de tierra y territorio, para “sustituir la Ley Inra y la Ley Forestal”.
Asimismo, el Bloque Oriente exigió la reversión inmediata de los latifundios y de las tierras ociosas que no cumplen la FES. Además, demandó la distribución de tierras fiscales identificadas y “por identificar” a quienes tengan tierra “insuficiente”.
“La Comisión de Tierra y Territorio y el INRA garantizan la solución de conflictos agrarios, exigimos su inmediata y verdadera institucionalización, a través de una instancia independiente del Poder Ejecutivo”, finaliza el pronunciamiento.
El titular nacional del INRA reconoció que en Santa Cruz la FSUT estaba dividida, y que tuvo que intervenir la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), y que esta facción del departamento cruceño, sobre todo de la Chiquitania, y también de Guarayos, son los que pedían anulación de las concesiones forestales, revisión de las tierras fiscales no disponibles, “que son los parques (nacionales), las áreas protegidas, las manchas de agua, y están planteando planificar una ley, modificar parcialmente el decreto agrario, que tanto costó consensuar en 2007”.
Cumbre
Sobre la viabilidad o no de las demandas, Núñez dijo que como Gobierno se dejó clara la apertura al análisis amplio y plural entre todos los actores, pero aseguró que el INRA necesita ingresar a evaluar la FES en la región chiquitana, donde se registran 820 comunidades con resolución de asentamiento, de 2010 a 2019, que se beneficiaron con 1,3 millones de hectáreas.
El titular nacional del INRA dijo que si algo está mal en la normativa, puede mejorarse siempre. “Por qué no plantear un debate amplio entre todos los sectores, que será un proceso de más largo tiempo”. Sin embargo, dejó por sentado que la Comisión Agraria Departamental (CAD) quedó inaplicable con la aprobación de la nueva CPE. “La competencia de titulación, saneamiento y distribución de tierras es privativa del nivel central”, afirmó.
Núñez aseguró que se están reuniendo con “todos los sectores”, como el Bloque Oriente, el Pacto de Unidad, en Beni igual la coordinadora de instituciones, pero también estamos con sectores como la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Fegasacruz, y la Cámara Forestal de Bolivia (CFB), “que eran parte de la CAD. Somos un INRA abierto porque necesitamos terminar el saneamiento que no concluyó en 25 años”, dijo.
Las reacciones
El investigador Gonzalo Colque considera que estos desencuentros son peleas por acceso a tierras fiscales, y que la responsabilidad es del INRA, que básicamente ha creado una figura intermedia entre dotación y titulación de tierras fiscales, que son las resoluciones de asentamiento.
“Esta figura no existía en la Ley INRA, no está en la Ley de Reconducción Comunitaria y tampoco en el reglamento, sino que el INRA la ha creado en un afán de entregar tierras sin entregarlas del todo, como una autorización provisional porque el INRA ya sabía que esas tierras fiscales no eran disponibles, o tenían concesiones forestales. Sabiendo eso, han autorizado y ahora la gente pide la propiedad definitiva. Es ahí donde el INRA ya no tiene capacidad para responder porque eso implica modificar la ley, como se está pidiendo ahora”, explicó.
Según Colque, que el Gobierno hubiera firmado un acuerdo para levantar las presiones, sin decir abiertamente en qué condiciones, da a entender que está, mediante las mesas de trabajo con las organizaciones, abriendo la posibilidad de atender sus demandas, “que son inatendibles en los términos en que están, ya que significan cambiar la ley, y en algunos casos contravenir la CPE”.
Alcides Vadillo, director de la Regional Oriente de Fundación Tierra, aseguró que hay intereses económicos, y que este es el primer elemento, ya que muchos de los que recibieron una resolución de asentamiento han transferido ese derecho de posesión. “Se ha generado todo un mercado negro de tierras. Si se revisa una carpeta, que nadie las conoce, cosa que es una total falta de transparencia en el INRA, podremos ver cómo se han ido modificando los nombres de los beneficiarios”, argumentó.
Se aferró a que la Ley INRA establece que la distribución de tierras fiscales debe pasar por la CAD, cosa que no se hizo. También dijo que la Ley INRA establece que todo asentamiento es ilegal si se ha hecho después del año 1996, y que hay cientos, miles de asentamientos que incluso se promovieron después de 2010, “y que están en un nivel de ilegalidad, y que la lógica es cambiar la ley” para arreglar eso.
Puso como ejemplo a Guarayos, con autorizaciones en tierras que son de concesión forestal, dentro de la reserva, y que muchos son de Cuatro Cañadas y San Julián. “Son ellos los fuertes ahí, los que están moviendo todo para cambiar la ley de la reserva forestal, o bien cambiar la misma Ley INRA, para adquirir legalidad”, dijo, y alertó que la meta es reducir la reserva de más de un millón de ha a 200 mil. Franklin Vargas García, secretario ejecutivo de la FSTC-SC dijo que tienen cuatro peticiones que se tienen que revisar entre todos. Indicó que tienen comunidades dentro de tierras fiscales, “tal vez no disponibles”, y que hay que ver una alternativa de solución porque ya están más de 10 y 15 años asentadas, y sin seguridad jurídica. En cuanto a las concesiones forestales, “algunas estarían en nuestras tierras fiscales disponibles”, afirmó. Vargas, además, dijo que hay que revisar algunos decretos, “que no estarían actualizados a la nueva CPE”, y que esa revisión se hará con todas las organizaciones competentes.
Fuente: El Deber
