El estreno de la Milicia Armada de los cocaleros, en Guarayos, con secuestro de 17 personas, muestra al país que el negocio del narcotráfico está generando un clima de guerra por la posesión de la tierra.
El diario O Estado de Sao Paulo sugirió, hace dos semanas, que los avasalladores de tierras en el departamento de Santa Cruz son proveedores de amplias áreas a la mafia brasileña PCC, que la destina al cultivo de coca.
Lo preocupante es que los avasalladores demostraron que operan protegidos por contactos muy valiosos, como la Policía, el INRA y hasta la Fiscalía.
La invasión de tierras no es nueva y ha entrado bajo un velo de silencio debido a la impunidad de los asaltantes.
Se sabe de empresarios cruceños que han debido pagar para recuperar la propiedad de sus tierras a los asaltantes, al contado y -eso es increíble- más de una vez por el mismo predio.
Lo que esto significa para la seguridad jurídica en Bolivia es evidente y es otra forma más de desincentivar la inversión en actividades lícitas.
Los grupos de asaltantes no actúan de manera improvisada. Saben, porque se los dice alguien del INRA, cuáles son las tierras señaladas como conflictivas o que sus propietarios no tienen los trámites completos.
Y ahí se lanzan. La semana pasada, el director del INRA-Santa Cruz admitió como muy probable que los avasalladores hubieran recibido información confidencial de la institución. Luego dio una conferencia de prensa y no pudo demostrar que los avasalladores y secuestradores de Guarayos no son sus amigos, con lo que la conferencia terminó en el bochorno.
Lo importante, según se ha observado en los asaltos y los informes que llegan de Brasil, es que los cocales vayan avanzando hacia la frontera, con el criterio de que la producción de droga se dé cada vez más cerca de los consumidores brasileños. Esa es la estrategia que inspira a todos estos “interculturales” y avasalladores.
Y es, sobre todo, un criterio empresarial, que tiene en cuenta el mercado de consumo más importante y los costos de transporte que encarecen el producto hasta que llega al consumidor. El cliente siempre tiene la razón.
Pero lo que queda para Bolivia es la tierra arrasada, que vale lo mismo si está recién quemada o ya cubierta de cultivos de coca, porque igual no sirve: ha sido arrebatada a las actividades económicas legales de los bolivianos, ha sido robada por el narcotráfico.
Cuando pase esto, y ojalá fuera pronto, el país deberá elaborar una estrategia para recuperar la tierra que fue robada por el narcotráfico.
Menos mal que para esto se puede usar como ejemplo el riesgo de correr la misma suerte de Afganistán.
Fuente: El Diario
