Tras dos días de bloqueo impulsado por los productores de hortalizas del Valle Bajo en rechazo al ingreso legal e ilegal de verduras provenientes de Perú, el Gobierno nacional suspendió de manera temporal la importación de hortalizas que también son producidas en Cochabamba.
La información fue brindada por el director general del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag), Patrick Nogales.
Tras el acuerdo, los productores levantaron el bloqueo en la carretera al occidente del país, a la altura de Parotani.
“Se ha logrado la paralización de permisos para internación de hortalizas y la anulación de permisos entregados. Ahora toda internación es ilegal y nosotros seguimos en vigilia y controles”, dijo el representante de la Federación de Productores Agropecuarios del Valle Bajo, Armando Céspedes.
Los agricultores denunciaron que, debido al ingreso de verduras extranjeras, el precio de sus productos bajó en más de 50 por ciento.
El presidente de los regantes de Capinota, Florencio Rodríguez, indicó que una carga de zanahoria (10 arrobas) se comercializaba entre 100 y 200 bolivianos, pero actualmente tiene un precio de 50 bolivianos, lo que no logra cubrir el costo de producción y lleva a la quiebra a los agricultores.
El sector realizó desde el sábado una vigilia en Parotani. El lunes, los productores detectaron el tránsito de cebolla peruana rumbo a Santa Cruz, por lo que retuvieron el motorizado y la mercancía.
El ingreso de la verdura peruana restringe a los productores cochabambinos el acceso a los mercados de La Paz y Oruro, principalmente, pero también copan el mercado de Santa Cruz.
Los productores piden que las hortalizas extranjeras ingresen sólo cuando no puedan abastecer la demanda interna. “Nosotros no sabemos dónde vamos a vender nuestros productos”, dijo Rodríguez.
En el Valle Bajo, el 95 por ciento de las familias se dedican a la producción de hortalizas. “Sólo en Capinota, 900 familias agrícolas son afectadas por el ingreso de hortalizas extranjeras”, agregó.
CAO mayor control
El ingreso masivo de mercancías de contrabando al país causa la destrucción de unidades productivas y miles de fuentes de empleo, advirtió la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), por lo que solicitó a los diferentes niveles de gobierno asumir sanciones drásticas al respecto.
El presidente de la CAO, Oscar Mario Justiniano, afirmó que todos los sectores que componen esta institución van a generar propuestas para “coadyuvar y frenar el contrabando que está matando a miles de unidades productivas”, principalmente a los pequeños productores que representan el 75 por ciento de los asociados a la entidad.
Justiniano refirió que, en un momento tan duro ocasionado por la crisis económica causado por la pandemia, la CAO y sus instituciones afiliadas demandan atención inmediata de los diferentes niveles de gobierno para frenar esta competencia desleal que ocasiona el contrabando y que “genera la pérdida de aproximadamente 400 millones de dólares para este sector”.
Para combatir este flagelo, la CAO propone ampliar las facultades de interdicción contra el contrabando, adecuando la normativa para que el Senasag y la Aduana “puedan ingresar en cualquier momento a los mercados y centros de expendio de productos en las zonas urbanas”.
Asimismo, sugiere que se modifique la cuantía sancionadora de tributos omitidos para calificación del ilícito y establecer como delito de contrabando a partir de un monto de 5 mil UFV.
Por su parte, el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, indicó que varias de las propuestas de la CAO ya se están aplicando en el país, mientras que otras serán analizadas tomando en cuenta la viabilidad legal, institucional y que desde el punto de vista material sea factible.
Fuente: La Prensa
