Representantes de tres pisos ecológicos del altiplano de La Paz, los valles de Cochabamba, Chuquisaca, así como de la gran Chiquitanía boliviana, se pronunciaron contra el tráfico de tierras en Bolivia.
En un encuentro nacional de promotores del uso sostenible de la tierra, los participantes exigieron al gobierno de Luis Arce, tomar medidas inmediatas contra el tráfico de tierras. Problematizaron la situación actual en grupos de trabajo y plenarias.
El trabajo de los promotores estuvo guiado por las siguientes preguntas clave: ¿cómo denunciar al agronegocio que depreda y afecta al medio ambiente en Bolivia? y ¿qué se puede hacer para promover y fortalecer la agricultura familiar en las comunidades y municipios? Después de varios planteamientos, los promotores adoptaron una declaración conjunta que contiene nueve demandas al gobierno nacional y organizaciones sociales del sector campesino indígena:
1. Solicitar la investigación independiente y documentada respecto a los procesos de tráfico de tierras en, al menos, los últimos 12 años (2009-2021). Tanto en el gobierno de Evo Morales, Jeanine Áñez, y el actual gobierno de Luis Arce.
2. Transparencia en manejo de información agraria, promoviendo el acceso a expedientes e información agraria y propiciando informes periódicos (anuales y semestrales) con mayor precisión sobre las dotaciones de tierra, los beneficiarios y el estado de las tierras fiscales en Bolivia. Proceso acompañado de rendiciones públicas de cuentas, asistidas de un proceso de control social y participación ciudadana.
3. Fiscalización de todas las irregularidades de dotación de tierras bajo la lupa del Poder Legislativo que debe cumplir con la tarea fundamental de esclarecer los actuados a tiempo.
4. Intervención inmediata del INRA para iniciar una auditoria de alto nivel e independiente y externa sobre todos los casos con antecedentes de tráfico de tierras, especialmente en el departamento de Santa Cruz.
5. Paralizar los tramites de autorización de asentamientos del INRA y los procesos de saneamiento con antecedentes de tráfico de tierras, especialmente de las grandes propiedades que superan el límite constitucional de 5 mil hectáreas.
6. Exigir el pronunciamiento público de las organizaciones sociales matrices de base campesina e indígena, que representan a los campesinos en sus diferentes estructuras, e instar al debate en congresos y asambleas la problemática actual de la tierra y el destino que tienen las tierras fiscales, con el objetivo de emitir resoluciones y documentos orgánicos que repudien el tráfico de tierras en Bolivia.
7. Nombrar a las máximas autoridades agrarias de acuerdo a la ley, no al dedazo político, en cumplimiento de la Ley de tierras que señala como deber del Presidente del Estado, nombrar al Director del INRA, a partir de una terna de postulantes seleccionados por la Cámara de Diputados (Ley 3545, artículo 20).
8. Tierras fiscales para las comunidades indígenas y campesinas que califican por ley. Según la Ley INRA 1715 y la Ley de Reconducción Comunitaria 3545, la dotación de tierras fiscales se debe realizar de forma equitativa y a quienes realmente viven de la tierra y en el territorio.
9. Respaldo y apoyo a las instituciones independientes que generan información confiable y documentada. No a la persecución ni amedrentamiento de todos los actores que trabajan por la investigación transparente sobre tráfico de tierras.
Fuente: Fundación Tierra
