El gobierno Luis Arce Catacora, como en la mejor época del gobierno de Evo Morales, sigue la senda de decir una cosa y hacer otra diferente. En menos de diez días cuando el pasado 23 de mayo, cuando abrogara tres decretos promulgados en el gobierno de Jeanine Añez, porque viabilizaban el uso de cinco cultivos transgénicos en Bolivia, ahora los reemplaza por un Proyecto de Ley, que si bien regulará; en el fondo hará viable el uso de semillas transgénicas en el país.
El artículo 14, bajo el rótulo de “actividades bajo regulación” menciona que: “se permitirá la realización de actividades con Organismos Genéticamente Modificados, sus derivados y/o los organismos que los contengan bajo regulación específica”. El mismo detalla, en dos parágrafos, que uso será cuando “sean para realizar actividades de fomento a la investigación científica y tecnológica en bioseguridad y biotecnología” y también, “sean para realizar actividades destinadas a la seguridad con soberanía alimentaria siempre y cuando éstas no incurran en las prohibiciones establecidas en la presente ley.
En el contexto de la Ley marco del anteproyecto, el texto en el artículo 1 precisa que “la presente Ley tiene por objeto establecer el marco general, condiciones y mecanismo para lograr un nivel adecuado y eficiente protección de la salud humana, sistemas de vida de la Madre Tierra, la diversidad biológica y sanidad animal y vegetal, respecto a los posibles efectos adversos que pudieran ocasionar la realización de actividades con organismos genéticamente modificados (OGM) que sean productos de la biotecnología moderna”.
El Espectador, tuvo acceso al texto de la normativa del anteproyecto de ley, cuyo contenido incluye siete capítulos, 19 artículos y disposiciones transitorias finales. En sus diferentes partes del proyecto del texto legal se halla notables contradicciones que, en lugar de convocar a consensos, abre a una polémica a la vieja discusión sobre el uso o no de nuevos eventos transgénicos en Bolivia.
La norma plantea una “liberación autorizada” al uso de las OGMs en el país, a través de “la introducción regulada de un Organismo Genéticamente Modificado que ha cumplido con los procedimientos técnicos establecidos y con la evaluación de riesgo de acuerdo a normas específicas”, define el artículo 6 en su enciso ‘i’.
Asimismo, el borrador de lo que vendría a ser la nueva Ley, establece como la autoridad competente nacional en materia de bioseguridad con OGMs y Recursos Genéticos al Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y de Gestión y Desarrollo Forestal, dependiente del ministerio de Medio Ambiente y Agua. En cambio, “el Comité Nacional de Bioseguridad (CNB) se constituye en la instancia técnica de la Autoridad Competente Nacional y es la encargada de llevar adelante las evaluaciones de riesgo de OGMs, señala el artículo 8.
Para el Director de la ONG Probioma, Miguel Ángel Crespo, el anteproyecto del gobierno es algo que ya se preveía. “La abrogación de los citados decretos fue todo un show que se la creyeron los incautos. Ahora será peor, porque viabilizaran los transgénicos mediante Ley. Lo que demuestra la actitud servil del gobierno ante el agronegocio y que le importa un bledo la tan mentada seguridad y soberanía alimentaria, la salud de los bolivianos, la biodiversidad y los bosques, en plena pandemia”, menciona en contacto con este medio.
Sin embargo, al revisar en letra chica el contenido de la norma, muestra en sí mismo muchas contradicciones. El artículo 13, cuando hace referencia a las prohibiciones de OGMs, menciona: “queda prohibido realizar actividades Organismos Genéticamente Modificados, sus derivados y/o los organismos que los contengan, en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia”, cuando atenten la salud humana, afecten especies o cuya finalidad sea la fabricación y/o uso de armas biológicas.
Pero el inciso ‘c’ del mismo artículo prohíbe cualquier tipo de actividades con OGMs en Áreas Protegidas Nacionales y subnacionales, salvo para mitigación ambiental. “Es una ensalada de contradicciones”, señala Crespo a requerimiento de El Espectador. Menciona que a sabiendas que los OGMs son los causantes de la deforestación, uso cada vez mayor de agrotóxicos, pero al mismo tiempo pretende regular su uso, inclusive para consumo humano. “La que resalta que es una ley a medida del agroextractivismo”, menciona.
«En ese ámbito de las contradicciones, el anteproyecto de Ley en el artículo 15, en lo inherente al “destino de la producción” señala que los productos obtenidos de los organismos genéticamente modificados, sus derivados y/o los organismos que los contengan, que sean autorizados deberán ser destinados al uso o consumo humano y/o animal. El hecho más saliente señala que el destino debe ser al procesamiento de alimentos para consumo humano y/o animal; a la obtención de insumos para la elaboración medicamentos u otros similares priorizando la salud pública.
También el mismo artículo, en su inciso ‘d’ enfatiza que las OGMs se destinarán “a la producción de aditivos de origen vegetal en el marco de la Ley No. 1098, en tanto se precautele y priorice la soberanía con seguridad alimentaria”, en el caso presente el referido al ingreso de Bolivia a la era de los biocombustibles a través del uso del etanol y el biodiesel.
El anteproyecto surge 10 días después de aquel 23 de mayo cuando el presidente Luis Arce abrogó tres decretos supremos de la gestión de Jeanine Añez que aceleraban, a través del Comité Nacional de Bioseguridad, la aplicación de procedimientos abreviados sobre el uso de semillas transgénicas en el cultivo de maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya, genéticamente modificados en sus diferentes eventos.
Los decretos abrogados son el 4232 de 7 de mayo 2020; el 4238 de 14 de mayo de 2020 y 4348 de 22 de septiembre de 2020. Este último disponía la identificación de las áreas que constituyen centros de diversidad del maíz y las zonas de cultivo para maíz amarillo duro, generado por cualquier tecnología, conforme al Estudio de zonificación para el uso de maíz en Bolivia, realizado por el Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal – INIAF.
Ese hecho había generado una indignación y rechazo generalizado del sector productivo a la gran agroindustria cruceña y el sector productivo primario, que manifestaron su rechazo. ““La decisión del Gobierno es un gran retroceso para el sector productivo del país, porque impide que miles de productores bolivianos puedan acceder a esta tecnología para mejorar su productividad y disminuir los riesgos de pérdidas productivas por efectos climáticos adversos, como la sequía y el ataque agresivo de plagas como el gusano cogollero en el cultivo de maíz”, decía Fidel Flores, presidente actual de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO).
Tanto fue el rechazo que algunos ex líderes de la Cámara Agropecuaria del Oriente, junto con los actuales directivos, llegaron a reunirse durante la semana pasada con el ex presidente Evo Morales Ayma, para buscar alternativas a dicha normativa. Sin embargo, dos días después de abrogado los mencionados decretos, el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Remmy Gonzalez, ya había adelantado que se sostendrá reuniones con el sector agrícola para retomar el tema, pero esta vez apuntando a una ley.
La autoridad indicó que se abrogaron los decretos 4232, 4238 y 4348, que autorizaban la evaluación de procedimientos abreviados para el uso de cinco cultivos transgénicos, pero que carecían de fundamentos técnicos y económicos, además que no garantizaban la bioseguridad.
“Vamos a trabajar, vamos a empezar con el cultivo de soya. El tema de los transgénicos debe tratarse con una ley”, dijo el Ministro al periódico Los Tiempos de Cochabamba en ese entonces, quien ratificó que se viabilizará la producción con tecnología, pero en base a fundamentos técnicos y económicos.
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Fuente: El espectador
