El convenio entre la CAO e IBMETRO es visto de manera positiva, pero también perfectible por los comercializadores de plaguicidas legalmente establecidos, agrupados en Aprisa y Apia. Se instó a incorporar al Senasag, al ser el órgano oficial para el control y sanción de este tipo de productos y las posibles irregularidades derivadas de su comercio.
Un convenio interinstitucional suscrito entre la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y el Instituto Boliviano de Metrología (IBMETRO) en febrero pasado originó reacciones entre las firmas que comercializan los insumos agropecuarios, tras conocerse este jueves el resultado del primer análisis realizado a diversos productos químicos que son comercializados en el departamento cruceño, mismo que determinó que varios de ellos no cumplen con la composición descrita en la etiqueta y, por tanto, la efectividad no es la requerida, ocasionando pérdidas económicas a los productores.
Jimena Ugrinovic, representante de la Asociación Boliviana de Proveedores de Insumos, Bienes y Servicios Agrícolas y Pecuarios (Aprisa), arrancó mencionando su satisfacción por este tipo de acciones que coadyuvan a la labor que vienen realizando junto a sus similares de Apia, aunque por otro lado les preocupa que el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag), como autoridad nacional competente en estos temas, no esté siendo partícipe del convenio.
Juan Mario Rojo, titular de la Asociación de Proveedores de Insumos Agropecuarios (Apia), acotó que las empresas formalmente establecidas tienen un trabajo previo bastante arduo. Por ejemplo, en el caso de las empresas de investigación y desarrollo realizan diferentes fases como el descubrimiento de la molécula, los procesos regulatorios a nivel mundial, la adaptación de las dosis y el momento de adaptación, y el proceso de registro en el país. Ello significa casi 10 años de investigación, además de las pruebas respectivas que exige la ley boliviana.
Ahora bien, aclaró que toda esa información es entregada al Senasag, que además de controlar el registro y pruebas de cada uno de los productos, hace una evaluación constante de los mismos, previa y post certificación, por lo cual no puede estar fuera de este convenio.
El Senasag es el único que puede sancionar
Ugrinovic indicó que cada quien tiene la libertad de certificar los productos que están usando, pero más allá de ello, la institución que tiene la tuición de sancionar a las empresas que realicen importaciones de productos en mal estado o de contrabando o adulterados es el Senasag, esto siguiendo las normas y el Manual de toma de muestras. “Y si estos no se siguen, luego tendremos problemas en la parte legal para sancionar, siendo que justamente el que debe hacerlo es el Senasag”, observó.
En ese marco, este comunicado conjunto, que intenta perfeccionar lo que está haciendo la CAO, pregunta ¿Qué acciones se tomaría en el caso de encontrar alguna irregularidad con los plaguicidas? Ya que es por demás conocido que se dan casos de adulteración, falsificación y demás ilegalidades que se cometen a través del contenido de los plaguicidas.
Rojo mencionó como dato un estudio realizado por Apia donde se determinó que el daño económico que infiere a los comercializadores legales de plaguicidas en Bolivia el comercio ilegal fue de 45 millones de dólares en 2019.
De allí que puntualizó que todas las entidades de control estatales deben estar imbuidas en este proceso de lucha contra estas ilegalidades, y siendo el pilar más importante de este proceso el agricultor.
Para ello, desde Aprisa y Apia sugieren trabajar mucho más aunando esfuerzos entre todos los actores en la capacitación al productor, para un adecuado conocimiento de los productos.
Fuente: Publiagro
