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La revisión al proceso de distribución de tierras fiscales durante el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), detectó al menos veinte casos irregulares, por lo que se procederá con las respectivas resoluciones de nulidad de titulación, informó el viceministro de Tierras, Gustavo Terrazas.
«Se ha identificado en muchos casos en los que no existen físicamente las personas que estaban con autorización de asentamientos; y también se ha identificado que existen errores de inicio en el procedimiento de distribución de tierras fiscales, por lo que ante esos casos se está procediendo a emitir resoluciones de nulidad», informó la autoridad de Estado, citado en un boletín de prensa.
La revisión al proceso de distribución de tierras fiscales se cumple en el marco normativo del Instructivo Nº 176/2019 del 10 de diciembre del 2019, emitido por el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, mediante el cual dispone «pausa» en todos los procesos y etapas administrativas en la dotación de tierras fiscales en todo el país.
El viceministro Terrazas recordó que la disposición administrativa Nº 176/ 19 se encuentra en plena vigencia.
Puntualizó que la eventual paralización las acciones de fiscalización se debe a la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus, al igual que todos los procesos de dotación de tierras. De este modo, negó que se estuviera dando curso a trámites para la titulación de predios fiscales.
«La pausa en la distribución de tierras se mantiene hasta que se analice una determinación contraria que sería cuando se reactive en su normalidad las actividades. La pausa la mantenemos y es bueno que conozca la opinión pública de que ni el Instituto de Reforma Agraria (INRA) ni el Viceministerio de Tierras están realizando la dotación de tierras alguna», puntualizó.
Al respecto, el director Nacional del INRA, Alejandro Machicao, refirió la importancia de revisar la distribución de tierras efectuada por el gobierno del MAS que, de acuerdo con la información alcanzada, extorsionaba al sector agrario.
La autoridad del INRA puntualizó que una de las premisas del gobierno de la presidenta del Estado, Jeanine Añez, es transparentar todos los procesos agrarios y principalmente respetar la normativa vigente en cuanto a la distribución de tierras.
«Se fueron acumulando las denuncias de tráfico de tierras, en distribución de tierras fiscales, lo que ha provocado que se genere esta pausa con la finalidad de que se pueda hacer la revisión de todos los procesos y poder determinar cuál de ellos ha cumplido con los procedimientos o con las etapas para determinar la legalidad de los mismos», remarcó.
Señaló que el proceso de auditoría a la adjudicación de tierra fiscales tiene el objetivo de brindar seguridad jurídica al productor, campesino, mediano y gran empresario.
«Quiero dejar claramente establecido que la actual administración del INRA, lo que quiere es brindad seguridad jurídica a todos aquellos sectores productivos, sean campesinos, indígenas, interculturales, medianos productores o pequeños empresarios», declaró.
En tanto, el director General de Administración de Tierras, Miguel Marconi, explicó que, hasta antes del ingreso a la cuarentena en todo el país, equipos técnicos trabajaron en la evaluación de los procesos de distribución de tierras a partir del cumplimiento legal de todos los pasos procesales, su verificación en terreno sobre el cumplimento de la función social.
Fuente: Agencia Boliviana de Información ABI
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