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Todos los países de América del Sur, con excepción de Perú, Ecuador y Venezuela, han autorizado el uso y producción e importación de cultivos genéticamente modificados en al menos una planta.
De concretarse la aprobación del uso de semillas transgénicas de maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y nuevos eventos en soya en el país, Bolivia se convertiría en el país con mayor variedad de cultivos transgénicos en la región después de Brasil, el cual ha autorizado el uso de Organismos Vivos Modificados (OVM) en seis cultivos.
Al momento, Bolivia solo ha autorizado la producción de un evento transgénico en soya, la soya RR1, resistente al herbicida glifosato, la cual entro al país en 2005.
Sin embargo, de darse la aprobación de nuevos eventos transgénicos en los cinco cultivos citados en el Decreto Supremo 4232, Bolivia contaría con cinco productos transgénicos, uno menos que Brasil.
Brasil, el segundo país en el mundo con mayor extensión de cultivos transgénicos en el mundo, solo después de EEUU, ha autorizado el uso de semilla transgénica en la siembra de soya, maíz, algodón, caña de azúcar, frijoles y arroz.
Argentina, otro de los grandes productores de transgénicos en la región (en el tercer lugar de los países con mayor extensión de cultivos en el mundo) solo ha autorizado la producción de soya, maíz y algodón transgénico.
De la misma manera, Paraguay ha autorizado el uso de transgénicos en tres cultivos (soya, maíz y algodón), Uruguay permite el cultivo de variedades transgénicas de 2 plantas (soya y maíz) y Colombia, con tres cultivos transgénicos (maíz, algodón y flores).
Cabe resaltar que el Decreto Supremo 4232 hace referencia al trigo transgénico, el cual, al momento no se cultiva de manera intensiva en ningún país del mundo.
En la región, solo Perú, Ecuador y Venezuela han cerrado las puertas al uso e importación de semillas transgénicas, mientras que Chile autoriza la producción y exportación de semillas transgénicas de soya, maíz y canola o colza, pero no permite su liberación para el consumo interno.
En el caso de Perú, en 2011 se aprobó una Ley de Moratoria, según la cual, la importación de semillas transgénicas fue prohibida por 10 años, solo permitiendo la importación de OVMs para investigación y para usos farmacéuticos o veterinarios.
De acuerdo con el Gobierno de Perú, la moratoria de 10 años se estableció con el fin de preparar un marco legal para la evaluación del uso de OVM en el país.
Por su parte, Ecuador prohibió el ingreso y producción de semillas transgénicas en su Constitución, mientras que Venezuela lo hizo a través de una Ley de semillas, aprobada en 2015.
Críticas
Luego de la aprobación del Decreto Supremo 4232, más de 100 instituciones, entidades, colectivos y organizaciones de la sociedad civil se pronunciaron en contra de la norma, al considerar que la misma viola la Constitución Política del Estado, varias leyes y acuerdos internacionales y pone en riesgo la salud de la población y la diversidad biológica del país, entre otros argumentos.
Por ejemplo, los firmantes señalan que el uso de semillas transgénicas provocará un aumento en el uso de agrotóxicos, pondrá en riesgo de contaminación las 77 variedades nativas de maíz, incrementará la deforestación y el uso de los paquetes tecnológicos asociados a su cultivo influirá en la contaminación de las aguas y suelos.
“Aprobar sin restricciones eventos transgénicos en especies como el maíz atenta contra las 77 variedades de maíz que posee el país y son base, actualmente, de la seguridad alimentaria de la población boliviana. Además transgrede la CPE que en su artículo 255 señala la prohibición de importación, producción y comercialización de organismos genéticamente modificados y elementos tóxicos que dañen la salud y el medio ambiente”, dice parte del manifiesto de estas entidades.
Por lo tanto, las organizaciones firmantes del pronunciamiento exigen al gobierno abrogar los decretos supremos 4232 y 3874, los cuales autorizan al Comité Nacional de Bioseguridad la aprobación de procedimientos abreviados para la evaluación de nuevos eventos transgénicos, piden al Gobierno el fomento y apoyo a la a la agricultura familiar campesino – indígena, la agricultura sostenible, la agricultura de base agroecológica.
Asimismo, piden apoyo para a agricultura urbana y periurbana, a la agricultura ecológica, orgánica, biológica, agricultura de conservación, agricultura regenerativa, sistemas agroforestales, y otros sistemas agroalimentarios sostenibles, “como la mejor opción para la soberanía y seguridad alimentaria”.
También piden el reconocimiento del rol histórico que campesinos e indígenas han proporcionado para la garantía de la seguridad alimentaria, custodia de una extensa biodiversidad y ha demostrado en la actual coyuntura ser la base además de la alimentación y la salud.
Fuente: Periódico Página Siete
