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Entre las tareas del comité está la de asesorar el manejo de los organismos genéticamente modificados (OGMs) y bioseguridad, hacer un estudio y evaluación técnica.
El Comité Nacional de Bioseguridad, conformado por representantes de cinco ministerios y dos representantes del sistema universitario, analizará en los siguientes días la aprobación de eventos genéticamente modificados como el maíz, caña de azúcar, algodón y trigo.
El comité está conformado por dos delegados del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras; un delegado del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural; otros del Ministerio de Salud; dos del Ministerio de Medio Ambiente y Agua; uno de la Cancillería, y dos representantes del sistema universitario, establece uno de los artículos del Decreto Supremo 24676 de junio de 1997, en el que está inserto el reglamento de Bioseguridad.
Asimismo, establece que el comité invitará a cuatro especialistas de “reconocida trayectoria” científica y técnica con ejercicio en el área de biotecnología, siendo los mismos de las áreas de salud humana, animal, vegetal y medio ambiente.
También se invitará a representantes de instituciones científicas de investigación, instituciones empresariales del área de biotecnología, organizaciones no gubernamentales legalmente constituidas que realicen actividades relacionadas con el medio ambiente, la salud, la agricultura, la diversidad biológica y otras afines, señala la norma aprobada en 1997.
Entre sus funciones está: asesorar en temas relacionados con el manejo de los organismos genéticamente modificados (OGMs) y bioseguridad; efectuar el estudio y evaluación técnica de las solicitudes para la realización de actividades con OGMs y emitir el informe técnico.
El Decreto Supremo aprobado por Añez
La pasada semana, el Gobierno aprobó el Decreto Supremo 4232, que dispone la evaluación del maíz, caña de azúcar, algodón y trigo, genéticamente modificados en sus diferentes eventos, destinados como prioridad al abastecimiento del consumo interno.
La norma aprobada señala, en su artículo único, que de manera “excepcional” se autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación del maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya, genéticamente modificados en sus diferentes eventos, destinados al abastecimiento del consumo interno y comercialización externa.
Además, en su disposición adicional especifica que se debe tomar en cuenta las acciones y medidas adoptadas por los países vecinos, referentes a los productos agrícolas y alimenticios producidos por técnicas de ingeniería genética; tarea para el cual se encomienda a los ministerios de Medio Ambiente y Agua, y de Desarrollo Rural y Tierras.
En Bolivia, a excepción de la soya, un grano transgénicó tolerante a herbicidas desde el año 2005, está prohibida por ley la producción e importación de alimentos genéticamente modificados (transgénicos), así lo dispone el inciso 8 del artículo 255 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Las repercusiones
El presidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Marcelo Pantoja, afirmó que el pedido del uso de biotecnología no es de la pasada gestión, sino que lo piden hace más de 15 años y lo que se ha logrado ahora no es una aprobación de uso de tecnología de eventos en Bolivia.
“Hay una mala información, lo que se ha logrado con este gobierno es que se instruya al Comité Nacional de Bioseguridad que emita un procedimiento abreviado, pero basado en un protocolo de bioseguridad para la aprobación de eventos. Es decir, que el comité analizará la aprobación de procedimientos o no que puedan ser incorporados en Bolivia”, indicó Pantoja en una entrevista con Radio Fides.
Aseguró que este decreto no avala el uso de biotecnología, sino que dispone que un comité evalúe todos los procedimientos y los riesgos que puede haber en la introducción de estos eventos, una vez que se analice recién se podrá llegar a la aprobación.
Entretanto el director de la ONG Probioma, Miguel Crespo, afirmó que la medida va en contra de la Constitución Política del Estado y que el uso de transgénicos solo va a contaminar las plantaciones como el maíz.
En su criterio, el uso de los transgénicos nos es sinónimo de mejor rendimiento; por lo que lo mejor que se puede hacer es ayudar a los productores con políticas que mejoran su producción.
Mientras que el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Reinaldo Díaz, afirmó que no se está acortando ningún camino y que aplicarán todas las normas que están dentro del reglamento de bioseguridad, norma de 1997.
“El sector viene esperando desde hace mucho tiempo la aprobación de nuevos eventos. Hemos hecho la evaluación del impacto socieconómico de nuevos eventos que se vayan a introducir en especial en los cultivos de soya y maíz, en los que se dejará de usar y se ahorrará en un 60% menos en insecticidas. Se tendrá un ahorro importante por efecto invernadero por menos uso de maquinarias. Habrá incremento en la productividad en un 25%”, enumeró Díaz.
Calculó que en el caso que se apruebe el uso, la implementación del mismo demorará alrededor de dos años, ya que se tiene que hacer evaluaciones de los eventos que se tienen; análisis de riesgo de impacto, entre otros.
Fuente: Periódico Página Siete
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