El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras anunció la anulación de 12 asentamientos humanos con un total aproximado de 25.000 hectáreas en la Chiquitanía, tras verificar irregularidades, favoritismo y que no cumplieron los procedimientos legales.
“Se han realizado inspecciones a 24 comunidades (…) nuestros técnicos han verificado, han revisado quiénes se encuentran, de los cuales se han anulado ya 12 asentamientos humanos”, informó la ministra del sector, Eliane Capobianco.
La autoridad agregó que se están anulando los asentamientos porque se realizaron sin consultar a la Comisión Agraria Departamental del departamento de Santa Cruz y que se hicieron contra el Plan de Uso de Suelo (PLUS).
“Pero además de eso, porque hemos verificado ahora que la mayoría están totalmente abandonadas, hay otra que está en alquileres y hay otra que está con cuidante, les pagan a los cuidantes para la comunidad que debería estar sirviendo en realidad para personas que puedan estar trabajando, produciendo, que ese supuestamente el fin de los asentamientos humanos”, señaló la ministra.
En ese marco, detalló que se anularon las resoluciones de las comunidades campesinas Che Guevara, Filadelfia, Nueva Israel, Cañada Larga, Los Tajibos, Los Sauces I y II, Guayacán, El Trébol, El Cardo, Monte San Miguel I y II.
Respecto a las otras doce comunidades en inspección, apuntó que todavía están en proceso de análisis de su situación jurídica y que los próximos días se dará a conocer las determinaciones.
“De todos modos, van a continuar los procesos de inspección, de verificación a todas las comunidades”, advirtió Capobianco.
Para la Ministra, la finalidad última de las dotaciones en el gobierno del MAS era política y afirmó que la prueba de ello es que estaban totalmente abandonadas además que se encuentran en cercanías de la zona donde ocurrieron algunos de los incendios de 2019 que devastaron gran parte de la zona chiquitana.
Mauricio Rojas, funcionario del MDRyT, añadió que incluso se benefició con tierras a una exfuncionaria del INRA de Cochabamba y a su cónyuge, quien era un dirigente, a familiares y allegados, afines al anterior gobierno.
“Lo que llama la atención es que cuando la brigada del INRA está trabajando en campo y quiere realizar la inspección de esta comunidad Sauces, el señor Jesús León amenaza a la brigada de campo del INRA y cierra las rejas, los portones que hay para el ingreso de estas áreas”, señaló Rojas.
Por tal motivo, presentaron denuncias en Tres Cruces y Pailón para que se inicien procesos penales al respecto y se está investigando absolutamente todas las comunidades porque hay anormalidad básicamente en todas las comunidades, dijeron.
“Se está evidenciando que hubo mucho favoritismo y que han entrado personas que son familiares, primos, sobrinos de dirigentes y autoridades que ejercían cargos en las federaciones departamentales”, enfatizaron.
Además de ello, indicaron que también se está investigando el patrocinio qué hubo de algunos ex magistrados, incluso del Tribunal Agroambiental e inclusive de un exdefensor del Pueblo.
Fuente: Erbol
