Esta instancia emitió nueve resoluciones, una de ellas demanda a los gobiernos detener las actividades del agronegocio, por ejemplo, la exportación de carne a China.
En su veredicto, el quinto Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza aceptó el caso del ecocidio en la Amazonia, la Chiquitania y otros bosques colindantes. Emitió además nueve resoluciones, en una de ellas demanda la derogación de las disposiciones legales que favorecen las quemas y la deforestación.
En este informe -“Ecocidio en la Amazonia, la Chiquitania y otros bosques colindantes”- el tribunal concluyó que se realizará una visita in situ para recabar información sobre los actores involucrados. Esta instancia se reunió el 5 de diciembre en Santiago de Chile.
Pablo Solón, activista y representante de la Fundación Solón, explicó que entre las resoluciones “hay medidas legales como ser la anulación de una serie de leyes y decretos reglamentarios que favorecieron la expansión de las quemas”. “Es necesario suspender la exportación de carne a China porque ese es el aliciente económico para las quemas”, sostuvo.
El tribunal recibió una denuncia sobre los incendios que se registraron en la Amazonia, el Bosque seco Chiquitano, Pantanal y Chaco. Esta instancia calificó el hecho como de extrema gravedad y resolvió reconocer “la naturaleza como sujeto de derecho”. Manifestó además su “preocupación sobre los pueblos no contactados, las disposiciones legales y el agronegocio”.
El informe destaca que “en la Amazonia y bosques colindantes como la Chiquitania se encuentran concentradas grandes cantidades de especies de seres vivientes no humanos de la Tierra”. Señala que un 75% de las plantas son exclusivas de la región.
“Es preocupante que el modelo agroexportador, los cultivos de soya, la ganadería, la deforestación, la industria de la madera y las débiles políticas de protección amenacen esta región. Estos intereses causaron incendios que afectaron miles de hectáreas en la Amazonia brasileña, en la Chiquitania boliviana y en Paraguay”, se lee en el documento.
Este informe apunta además a que los incendios y la deforestación del año 2019 no son producto de factores naturales como el cambio climático. “El incremento de la temperatura contribuye a la sequedad del ambiente y a la expansión del fuego, pero no es el cambio climático el que inicia los fuegos en la mayoría de los casos”, indica.
De acuerdo con el documento, en algunos países no se garantizan ni efectivizan los derechos de la naturaleza. Respecto a Bolivia -explica- “después de nueve años hasta ahora no se ha puesto en funcionamiento la Defensoría de la Madre Tierra establecida por la ley 71 de Derechos de la Madre Tierra”.
En el marco de varios antecedentes y hechos, el tribunal definió nueve resoluciones (ver infografía). En una de ellas se atribuye la responsabilidad y la culpabilidad a los gobiernos de Jair Bolsonaro, Evo Morales/Jeanine Añez y Martín Vizcarra, entre otros.
Al respecto, Solón lamentó que “el actual Gobierno (de Bolivia) no ha hecho nada, a pesar de que en los cabildos de Santa Cruz, como de otras ciudades, se dijo que había que derogar este decreto, pero hasta el día de hoy ninguno de esos decretos ha sido derogado”.
En las resoluciones y como medidas de prevención, el tribunal solicitó derogar inmediatamente las disposiciones legales de los órganos legislativos y ejecutivos que favorecen y alientan las quemas y la deforestación. Demanda también a los gobiernos a detener las actividades del agronegocio.
Solón explicó que en estos dos meses del nuevo Gobierno “no hay un plan de contigencias frente a una realidad cantada”. Lamentó además que el actual Gobierno refleja los intereses del agronegocio. “La temperatura ya se ha incrementado y seguirá incrementándose. Si hay políticas que permiten los fuegos, los impactos de estos van a ser mucho más grandes. Se debería no sólo derogar las leyes, sino aprobar normativas más estrictas que establezcan procesos de multas a proyectos que no tengan estudios de impacto ambiental que tomen en cuenta el cambio climático y el incremento de la temperatura”, dijo.
El informe establece que “por la magnitud del hecho, los factores causales involucrados y la extensión del territorio, el tribunal abordará el caso por fases, “empezando por la problemática de las quemas e incendios forestales en Bolivia y Brasil”.
El documento insta también a los gobiernos involucrados a que se adopten medidas específicas de protección de los pueblos no contactados o en aislamiento voluntario que habitan en la Amazonia y Chiquitania.
Fuente: Peiódico Página Siete
