Desde el INRA señalaron que en septiembre del siguiente año vuelven las fiscalizaciones. En Mataral consiguen creación de una reserva comunitaria
La pausa en la verificación de la Función Económica Social (FES) que lleva adelante el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), se volverá a activar el siguiente año, por lo que desde el agro piden nuevas reglas que den seguridad jurídica a los propietarios de la tierra.
Gimena Borges, directora nacional de Saneamiento del INRA, explicó que la Ley 740, promulgada en septiembre de 2015, que autoriza una pausa de cinco años a la revisión de la FES, queda sin efecto a mediados de septiembre de 2020.
Borges precisó que de acuerdo con la ley vigente, antes de la pausa en la revisión de la FES, la misma estaba contemplada hacerla cada dos años.
“No puedo adelantar criterio, será el Legislativo el que determine si se continua con el control de la FES y cada cuanto se lo hace. Sé que los productores han pedido que se lo realice cada cinco años y otros que se lo dejo sin efecto. Esos son puntos que no los definirá el INRA”, puntualizó Borges.
Al respecto, Marcelo Pantoja, presidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), indicó que el tema de la FES es un punto pendiente en la agenda productiva que analizan con el Gobierno y que ante su inminente reactivación, a su criterio, es urgente determinar nuevas reglas.
“Sin duda que un control cada dos años genera inseguridad jurídica en la tenencia de la tierra. Nosotros consideramos que una fiscalización cada diez años es lo más adecuado. Además se debe separar el tema laboral del cumplimento de la FES”, precisó Pantoja.
Sobre el tema, Fernando Asturizaga, exviceministro de Tierras, remarcó que la reanudación en la verificación de la FES debe contemplar una profunda modificación y no solo tener un carácter sancionatorio, sino que se debe buscar un mecanismo de incentivo para el productor que cumpla con la FES y que sigue realizando inversiones en el campo.
Líos en los valles cruceños
Pobladores de Mataral realizaron un corte de caminos en protesta por la posibilidad de que el INRA determine como tierras fiscales las cuencas altas del río San Juan del Potrero.
Raúl Guzmán, integrante del comité de protesta de Mataral, explicó que el pedido del pueblo es que estas tierras sean consideradas como reserva natural.
Sin embargo, luego de mantener una reunión con funcionarios del INRA se acordó declarar a la cuenca alta del río San Juan del Potrero, cercanas al Parque Amboró, como reserva comunitaria y continuar con el proceso de saneamiento de sus predios rurales.
Con esta medida, alrededor de las 18:30, se levantó el bloqueo de la carretera.
Fuente: Periódico El Deber
