La estatal agropecuaria perdió más de Bs 101 millones en solo dos años de operación. La Fiscalía investiga a exgerentes y a tres exministros por presuntas irregularidades en contratos, sueldos y uso de recursos públicos
La Empresa Boliviana de Producción Agropecuaria (Empresa Boliviana de Producción Agropecuaria), conocida como B-Agro, nació en 2022 bajo el discurso de fortalecer la soberanía alimentaria del país. Mediante el Decreto Supremo 4701, el Estado le asignó un capital inicial de Bs 140 millones con la misión de comprar semillas, almacenar granos y apoyar la producción agrícola. Sin embargo, a menos de tres años de su creación, la empresa se convirtió en uno de los mayores escándalos recientes de la administración pública agropecuaria.
Según la Fiscalía de La Paz, el daño económico ya identificado alcanza los Bs 101 millones, lo que representa el 72% del capital con el que fue creada. Las investigaciones apuntan a una cadena de decisiones administrativas que derivaron en gastos innecesarios, contrataciones sin justificación y pagos de salarios a funcionarios que ya no cumplían funciones.
Uno de los hechos más llamativos es el pago de sueldos a una gerencia que había sido cerrada. La Gerencia Pecuaria fue clausurada en abril de 2024, pero su responsable continuó recibiendo un salario de más de Bs 17.000 mensuales durante al menos ocho meses, sin que se haya podido comprobar ninguna tarea asignada. Este solo caso se convirtió en símbolo de una estructura burocrática que seguía consumiendo recursos sin generar resultados productivos.
A esto se suma un desbalance financiero estructural: en 2024, B-Agro gastó más de Bs 24 millones, mientras que sus ingresos apenas superaban los Bs 13 millones. Es decir, la empresa gastaba casi el doble de lo que generaba, un indicador claro de inviabilidad económica.
Las auditorías también revelaron que la empresa alquilaba tierras para sembrar, pese a que contaba con predios dotados por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). Del mismo modo, se alquilaba maquinaria y se contrataba personal externo cuando B-Agro disponía de equipos y recursos humanos propios en Santa Cruz.
La acumulación de deudas es otro de los puntos críticos: existen cuentas por pagar a corto y largo plazo, sueldos devengados, y montos no devueltos por anticipos y garantías a proveedores. Según la Fiscalía, esta situación muestra una administración sin control financiero efectivo.
En el plano político, la investigación alcanzó a tres exministros de Desarrollo Rural y Tierras: Remmy Gonzales, Santos Condori y Yamil Flores. Ellos están siendo indagados por no haber tomado medidas ante los informes financieros negativos que se presentaban durante su gestión.
“Creada para fortalecer la producción y la seguridad alimentaria, la Empresa Boliviana de Producción Agropecuaria terminó convertida en un caso emblemático de mala gestión y presunta corrupción”
El exgerente Ramiro (o William) Villarpando, quien estuvo al frente de la empresa entre 2022 y 2024, fue aprehendido y es considerado pieza clave en el proceso. Según la Fiscalía, tenía atribuciones para administrar recursos, firmar contratos, aprobar el Plan Operativo Anual y garantizar el funcionamiento de la empresa. Sin embargo, los informes señalan que bajo su gestión se consolidó el desorden administrativo.
El caso se agravó cuando el actual Ministerio de Desarrollo Productivo afirmó que más de Bs 300 millones habrían sido “dilapidados” en compra de tierras, maquinaria e infraestructura que no estarían operativas o habrían sido sustraídas. También se investiga el destino de silos y predios que nunca entraron en producción efectiva.
Este escenario deja en evidencia una contradicción profunda: una empresa creada para fortalecer el agro terminó debilitando la confianza en la política pública agropecuaria. Mientras los productores enfrentan costos elevados y falta de apoyo técnico, recursos millonarios se habrían desviado en estructuras improductivas.
Más allá de las responsabilidades penales, el caso B-Agro plantea una pregunta estructural: ¿cómo se gestionan las empresas estatales vinculadas al agro? El riesgo no solo es económico, sino productivo. Cada boliviano invertido sin retorno es un boliviano menos para semillas, riego, investigación o caminos rurales.
Principales irregularidades detectadas en B-Agro
Los datos muestran un patrón: gasto sin planificación, ausencia de control interno y falta de supervisión política. El 72% del capital perdido en solo dos años revela que B-Agro no falló por factores climáticos o de mercado, sino por gestión administrativa.
Este caso se convierte en una advertencia para futuras empresas estatales del sector agropecuario: sin transparencia, control técnico y metas productivas claras, cualquier iniciativa pública puede convertirse en un foco de corrupción en lugar de desarrollo.
Redacción: Publiagro
